La constancia del gobernador jujeño es innegable, durante su segundo mandato no cambio el estilo anuncialista del cuatrienio previo: proclamando, presentando, proyectando cuanto emprendimiento pueda, aunque a la postre no tuvieran correlato. De hecho en su afán publicitario de verse bien límites afuera de Jujuy, llegó a multiplicar tanto esfuerzos como volumen de la ficción, especialmente tras blanquear sus intenciones presidenciales.
Segundo mandato de Morales: cuatro años intentando en vano sostener su relato
Los últimos cuatro años de gestión mantuvieron la misma línea que la primera etapa de gobierno, entre abundantes anuncios y pocas concreciones, al punto que el archivo juzgará a un funcionario que no logró plasmar el cambio de matriz, unión, paz y trabajo en hechos.
El período 2019 - 2022 quedará signado por el desbande social, quizás la principal contradicción de un funcionario que no logró percibir el rechazo diario frente a su despacho. “Unión, paz y trabajo”, el popular slogan de la primera etapa se desmoronó a fuerza de operativos represivos, contravenciones a mansalva, persecuciones y tareas de inteligencia oficial digitadas desde la comodidad de San Martín 450.
Al término de los primeros cuatro años, el Estado de Derecho se terminó por desmoronar cuando el Ejecutivo subordinó a sus poderes hermanos con tal de salir indemne. Solo en los últimos cuatro años se promovieron juicios contra el fiscal general de Jujuy, la presidenta del Tribunal de Cuentas, tres integrantes del Superior Tribunal de Justicia, suspensiones para diputados opositores, utilizar la dedocracia en la designación de jueces y fiscales, entre otros.
El mismo Gerardo Morales que renegaba por el descomunal tamaño del aparato estatal antes de asumir, volvió a ampliarlo creando el Ministerio de Planificación Estratégica (2021) y recientemente el Ministerio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. No obstante mantendría su estrategia de multiplicación para Sociedades del Estado: incorporando a Xuma la embotelladora que no suplió la falta de suministro en numerosas localidades; desensamblando el BDJ reconvertido tan solo cinco años antes en Inprojuy-Agencia de Desarrollo; improvisando un nuevo competidor en el mercado de seguros derivado del Instituto de Seguros.
Nadie resiste archivo se dice popularmente, el contador Morales es un exponente fantástico para ratificar el refrán, promesas rotas y exuberantes contradicciones abundaron en su (virtual) último año en la cima del poder político local:
- Instruyó a los diputados oficialistas+aliados a cajonear los proyectos de coparticipación municipal que fueran surgiendo. Una Ley que en su carácter de senador solicitaba con urgencia antes de 2016. Poco importó deteriorar relaciones con los intendentes opositores que le requirieron un reparto ecuánime de los fondos. Curiosamente en la órbita nacional, la postura del funcionario cambia completamente alineándose con sus pares en el reclamo ecuánime por una nueva normativa. Jujuy es la única provincia que no cuenta con una Ley de coparticipación a la altura de las circunstancias. Consultado en agosto de 2022 admitió que "mucho antes de finalizar su mandato enviarán un proyecto", por ahora no hay novedades y sus diputados llevan casi 7 años dilatando el tratamiento cuando sobran iniciativas opositoras.
- Tras recibir el visto bueno de la justicia los activos del Ingenio La Esperanza pasaban a manos del grupo tucumano Budeguer a mediados de 2019, dejando atrás las múltiples fallidas transacciones con los empresarios colombianos. Como si la operatoria no hubiese sido suficientemente bochornosa por el contexto y el precio final (U$S 50 millones en comodísimas cuotas), el propio gobernador Morales se comprometió a reparar económicamente a los obreros despedidos, los mismos 64 que debieron iniciar acciones legales contra el Estado que los abandonó y que todavía esperan una resolución de una justicia que opera a un ritmo exageradamente cansino.
- “Me sobra la plata”, se ufanó en los medios porteños sobre el superávit provincial no hace mucho tiempo. Si bien es cierto que los ingresos vienen superando a los egresos entendidos como gastos corrientes desde hace tres años, jamás se reconoció, mucho menos precisaron del Ministerio de Hacienda jujeño el nivel de deuda que habría crecido al menos 1010% en siete años, siendo que más del 70% está compuesto por créditos en dólares. No extraña que desde fines de 2019 se procedió al pedido de refinanciación al no poder honrar los compromisos internacionales. A ciencia cierta al Estado jujeño no le sobra un peso, hasta el momento de los “bonos verdes”, solo fueron devueltos intereses, dejando un escenario cuando menos incierto ante el advenimiento de los pagos de capital para este y otros préstamos.
- Para construir la planta fotovoltaica de Súsques, se estima fueron consumidos U$S 600 millones implicando un endeudamiento pocas veces visto en el NOA argentino. El modelo de negocio recién y con mucha dilación (dos años tarde) inició en septiembre de 2020, pero su facturación originalmente pensada a U$S60 por MWh sería volcado hacia otro crédito adquirido posteriormente: los U$S 307 millones prestados por los organismos financieros CAF y BCIE para la construcción de 258 nuevos edificios escolares. De allí tendrían que salir los fondos para reparar 700 escuelas actualmente en funcionamiento, que como fuere expresado en relevamientos gremiales, incluso reconocidos por la Secretaría de Infraestructura Educativa, estaban en muy mal estado de conservación. Hasta el momento se terminaron cerca de 80 nuevos edificios, más no se procedió a la reparación prometida, siendo un problema para la comunidad educativa de toda la provincia que respondió con medidas de fuerza recurrentemente.
- Jujuy Litio SA la firma fantasma público-privada anunciada originalmente en 2016 y rubricada en 2020 está envuelta en un misterio. Supuestamente la firma italiana Seri especialista en la producción de baterías de litio invertiría U$S 60.000.000 instalándose en el Parque Industrial periqueño. Dilaciones inexplicables mediante, jamás ocurrió a pesar que el ex presidente de JEMSE Guillermo Oehler afirmara dos años atrás que solo faltaban meses para culminar la obra. Más cercano en el tiempo, la propuesta de instalarse (ahora en Zona Franca) sería alcanzada a Gotion Inc. quienes suscribieron su segundo acuerdo por junio del corriente año, sin novedades concretas a la fecha. De hecho las obras en Zona Franca mayorista adolecen tardanzas evidentes.
- Si de zonas reducidas en impuestos se trata, grande fue la ilusión de los jujeños cuando en 2019 el gobierno nacional valido vía decreto la venta de automóviles a precios reducidos (con respecto a las habituales concesionarias) en la Zona Franca de La Quiaca. Hacia mayo del siguiente año estarían a disposición según el mandatario provincial, sin embargo ni la ZF fue terminada ni autos, electrodomésticos y otros productos al minoreo puestos en venta.
- En los últimos años, las incursiones al exterior se volvieron un costoso y recurrente hábito, incluso la casta política llegó a disponer del avión sanitario para algunos tramos del plan de vuelo. Gerardo Morales en persona paseó este año por Barcelona (mayo) y Bruselas (septiembre) hablando de las posibilidades que ofrece el hidrógeno verde, como Jujuy se ha instalado a la vanguardia de las energías sustentables y una perspectiva de cuidado ambiental. Y aunque la propaganda fue realmente intensa, por estos pagos no se ha constatado un avance sólido en materia de recuperación de espacios verdes. Aquellos 400 basurales relevados por la ministra María Inés Zigarán en 2017 siguen allí, incluso han crecido micro versiones desparramadas por toda nuestra geografía. Reza con macabra indiferencia un cartel sobre el mega basural palpaleño de Río Los Alisos “plazo de ejecución: 12 meses // inicio de obra 25 de enero 2019”, la basura jamás se removió, el centro de deposición final de Chanchillos todavía aguarda las toneladas de basura que alimentan a decenas de porcinos en el acceso a una de las ciudades más pobladas.
- El raid de femicidios registrados en 2020 requirió una acción inmediata de la clase política, acompañada por numerosas organizaciones feministas, profesionales del derecho, sociólogos/as, antropólogos/as, incluso ciudadanos comprometidos con la causa. Como resultado se concibió la Ley Iara N° 6.186 de “Declaración de Emergencia Pública en Materia de Violencia de Género”, que tardaría más de medio año en reglamentarse. Por ese entonces el gobernador proponía en los medios, una imagen de cautela sin animarse a las sentencias “Estamos en un punto muy complicado en la provincia de Jujuy que merece un abordaje serio”, no obstante el Concejo Provincial de la Mujer creado tan solo un año antes, no cumplió con su rol de contralor de la nueva legislación, en muchos casos siquiera brindó la contención requerida por la víctimas de violencia de género. Y a pesar de la Ley Micaela a la que adhirió Jujuy, establece capacitación obligatoria en materia de género, el primer mandatario tampoco obró como un modelo a la altura de las circunstancias, menospreciando periodistas locales y referentes sindicales, amedrentando a Mónica Cuchila (madre de Iara Rueda) a través de la fuerza policial, ninguneando a la actual diputada nacional Leila Chaher e intimando con contravenciones a familares y organizaciones que reclamaban justicia ante el asesinato de Dafne Morena Soto (Humahuaca/2022). Jujuy lleva años haciendo podio entre las provincias con mayores casos de femicidio por año, hay una situación de inseguridad que no ha logrado disminuir, aún inaugurando Centros de Atención Integral, poniendo cámaras en las calles y firmando convenios interinstitucionales.
- En el ya lejano 2016 el tren turístico solar que conectaría San Salvador de Jujuy con La Quiaca era anunciado con toda la pompa disponible. Sonaba esperanzador recuperar la conectividad ferroviaria y competir con el tren de las nubes salteño, incluso se llegó a deslizar una ruta hasta llegar a la mítica Machu Picchu. La Unidad Ejecutora Provincial (UEPT) iría avanzando con la recuperación de durmientes, refaccionamiento de rieles, despeje de la traza, mientras en paralelo se fueron demoliendo construcciones o desalojando personas que ocupaban el camino. A 2019 solo 10 km de los 300 que componen el proyecto habían sido recuperados y con el cambio de gobierno nacional, el flujo de fondos junto al apoyo político decayó. Los plazos se vencieron completamente y entre intentos fútiles el plan fue relanzado en numerosas oportunidades, la más reciente en febrero de este año, para el tramo de 43 kilómetros que une Volcán-Tilcara, es decir todavía no fue superada la etapa 1 de 4. Según el coordinador de UEPT Emiliano Rodríguez:
- Desde su lanzamiento formal el 30/01/2018 el plan estratégico de salud se convirtió en la respuesta casi automática del gobierno jujeño cada vez que se hablaba de cobertura en el sub sistema público de salud. Básicamente consistía en la optimización integral del servicio, tras años de estancamiento/abandono, incorporando tecnología, recurso humano especializado y una administración de ambos elementos más equitativa en el territorio, sobre todo en los nosocomios de cabecera en ciudades demográficamente importantes evitando el traslado hasta la capital jujeña. El año que estamos despidiendo terminó por exponer su injustificable fracaso, los principales hospitales se encuentran colapsados, Pablo Soria con escases de quirófanos, Jorge Uro desequipado, Guillermo Paterson con servicios básicos limitados, Oscar Orías en refacción tras desplomarse por falta de mantenimiento y los coprovincianos rebotando de salita en salita al no encontrar personal que pueda atenderlo. Si bien hubo logros de consideración como la reconversión de los Centros de Especialidades Norte y Sur, la adaptación del Hospital Sequeiros a la Ley de Salud Mental, la guardia de Salud Mental en el Hospital Gallardo y re funcionalización de su quirófano, la incorporación de un equipo itinerante de cirujanos, entre otros logros constatables, nada suple el maltrato y precarización salarial que han sufrido los trabajadores sanitarios, ya sea profesionales o administrativos, menospreciados incluso maltratados por el líder del Ejecutivo provincial, aún cuando son el principal bastión de nuestra salud.
- El mayor tabú roto durante 2022 es indudablemente la reforma parcial de la Constitución provincial. Un viraje de 360° con respecto a la ideología del radicalismo local pre asunción. En 2014, Morales indicaba que “en ese marco de oportunismo electoral, lo llamaría yo, se inscribe esto que también plantean: reforma de la Constitución. Obviamente hay capítulos que hay que reformar pero no es el momento, más aun si lo plantean como una batalla. No podés reformar la Constitución en medio de una batalla. Creo que después que se dé un cambio de gobierno podríamos discutir toda la sociedad si es que reformaremos alguna cuestión de la Constitución provincial. Reforma de la Constitución y Código Electoral, todo es oportunismo electoral frente a la situación de debilidad, de decadencia de un gobierno para ver qué hacen para seguir sosteniendo cuotas de poder”.