En el marco del debate por la reforma laboral, el abogado y ex procurador del tesoro de la Nación Miguel Bóo advirtió sobre el crecimiento desmedido de la judicialización en el sistema de riesgos del trabajo y sostuvo que se trata de uno de los principales obstáculos para la generación de empleo genuino en la Argentina.

Un tema que parece técnico pero que nos afecta el bolsillo y el futuro laboral a todos, porque estamos frente a un sistema de seguros de trabajo que tiene dos caras totalmente opuestas.

En una entrevista que brindó a Sobremesa, Josué Aquino, flamante comisionado de Uquía, expuso la complicada situación que enfrenta su municipio, que atraviesa un contexto de irregularidades administrativas y denuncias de corrupción. Aquino, quien asumió oficialmente el cargo el 10 de diciembre, detalló los desafíos con los que se encuentra al tomar las riendas de un municipio marcado por la inestabilidad institucional y el desorden administrativo.

Hoy nos convoca una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder en nuestra provincia, partiendo de una premisa que muchos ciudadanos comparten y que el presente texto que analizamos plantea con la crudeza necesaria la aparente desconexión entre el relato oficial y la realidad palpable en las calles de Jujuy tras una década de gestión.

Si hablamos de la "transformación" de Jujuy, no podemos eludir el impacto más nefasto y concreto del gobierno de Gerardo Morales: la deuda externa irresponsable que hoy asfixia las arcas provinciales.

Lo que estamos viendo no es una simple crisis política de paso, sino un proceso de erosión sistemática donde las reglas de juego se han vuelto de plásticas, moldeadas a gusto del poder de turno.

En una entrevista a Sobremesa, la abogada y defensora de derechos humanos Alejandra Cejas denunció la falta de independencia en la justicia, la impunidad que envuelve a funcionarios del gobierno y la ausencia de un verdadero acceso a la justicia para los ciudadanos.

El reciente evento de celebración por los 10 años de "transformación" en Jujuy, protagonizado por el exgobernador Gerardo Morales y el actual gobernador Carlos Sadir, más que un festejo, pareció ser una puesta en escena desesperada para reanimar a una base política golpeada tras la última elección.

La Unión Cívica Radical en Jujuy, aún tambaleante por la estrepitosa derrota en la última elección de medio término ante la Libertad Avanza, orquesta un intento desesperado por insuflar vida a su menguante gestión con la grandilocuente presentación de lo que llaman los "diez años de transformación de Jujuy".

Carolina Moisés realizó fuertes declaraciones sobre la situación institucional de Jujuy, criticando la politización de la justicia, la concentración del poder y la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

La escandalosa salida del procurador fiscal Sergio Lello Sánchez, un episodio que, lejos de ser un mero recambio de nombres, desnuda una gravísima crisis institucional que venía gestándose y que toca directamente las fibras del poder político y judicial.

La situación que vivimos en Jujuy, donde el gobernador Carlos Sadir ha convocado a la renuncia masiva de su gabinete y, al día de hoy, 11 de diciembre, no ha comunicado oficialmente si el proceso se ha cumplido ni quiénes serán los próximos ministros, va mucho más allá de una simple cuestión de organigramas burocráticos.

Hoy tenemos que hablar de algo que nos está golpeando en la cara como sociedad, un tema que, de tan duro, parece que nuestra clase política ha decidido meterlo debajo de la alfombra: la crisis social confronta con el silencio de la dirigencia ante problemas que son verdaderas heridas abiertas.

En el Día Internacional contra la Corrupción, la Oficina Anticorrupción de la provincia, encabezada por la fiscal Josefa del Valle Herrera, se convierte en el centro de todas las miradas, pero no precisamente por su acción, sino por su inaudita inacción en los gravísimos casos de corrupción que resuenan en cada rincón de Jujuy.

Luego de diez años de gestión del radicalismo en Jujuy, asumiendo en 2015, y con un historial marcado por el pedido de créditos millonarios en euros y dólares por parte del ministerio de Ambiente, la sensación generalizada en la población es de profunda frustración y ausencia de resultados tangibles. La realidad ambiental jujeña, lejos de mejorar, muestra un panorama desolador: basurales a cielo abierto que se incrementan y la basura a los costados de las rutas convertida, vergonzosamente, en parte del paisaje.

El legislador provincial Gastón Remy criticó con dureza el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el ministro de Hacienda, Carlos Cardozo, en la Legislatura. Señaló que el Gobierno ratifica un esquema de superávit sostenido a costa de salarios bajos, un fuerte incremento del endeudamiento en dólares y un modelo impositivo que, aseguró, favorece a grandes sectores económicos mientras presiona a pequeños comerciantes y trabajadores.

La independencia del poder judicial y la inherente crisis sistémica de la democracia se explica cuando sus mecanismos de control caen bajo el yugo de la tiranía de las mayorías políticas. El problema no es la democracia como concepto, sino el sistema democrático que, en su implementación, se vuelve funcional a los intereses del poder de turno.

Una vocalía en la Corte Suprema de Jujuy no es un cargo para cualquiera. Se exige ser abogado de la matrícula y haber ejercido esa profesión con una trayectoria demostrable. Estos son algunos de los cimientos legales, pero el cargo demanda mucho más que solo cumplir con un papel.

El fenómeno de que los políticos se manejen al margen de las leyes que ellos mismos promulgan es un síntoma de una patología en el sistema de poder.

En una entrevista brindada a Sobremesa en el marco de un análisis más amplio sobre la crisis de las democracias contemporáneas, el abogado Vicente Casas cuestionó con dureza el estado institucional de la provincia de Jujuy y el funcionamiento político del Gobierno encabezado formalmente por Carlos Sadir. Para Casas, el problema central es la opacidad del poder, la ausencia de rendición de cuentas y la persistencia de una estructura vertical que, según él, continúa respondiendo al exgobernador Gerardo Morales.

El juez Ricardo Lorenzetti en su libro como liderar el caos habla de un "ciclo de gobernabilidad que se diluye" o se "autosatisface". ¿Qué implica esto? Significa que el sistema, en lugar de ser un mecanismo dinámico para resolver los problemas reales de la ciudadanía, se ha convertido en un fin en sí mismo: las élites políticas se enfocan en la supervivencia interna del sistema y en la contienda por el poder, relegando las necesidades de la gente y agotando la energía en la propia disputa. Esto genera una fatiga democrática y una creciente desafección o desilusión ciudadana.

El poder se oculta no tanto para tapar una ineficacia, sino más bien, para evadir la rendición de cuentas sobre sus acciones y decisiones que podrían ser impopulares o beneficiosas solo para una minoría, lo que, a su vez, genera una ineficacia percibida o real en el manejo de los asuntos públicos para el bienestar general.

El economista y profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, Benito Aramayo, sostuvo que la provincia vive un proceso económico “profundo, opaco y sin control político” vinculado a la explotación del litio, cuyos efectos, según afirma, impactan simultáneamente en la economía, la política y la sociedad jujeña.

En el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy se vivió una escena digna de melodrama: lágrimas contenidas, discursos solemnes y despedidas grandilocuentes para Lisandro Aguiar, quien lejos de retirarse de la vida pública, simplemente pasó a un despacho más alto en el Tribunal Superior de Justicia. Una teatralidad que contrasta con la falta de iguales emociones cuando se trata de los problemas cotidianos de los vecinos de la capital jujeña.

Cuando hablamos de un nuevo pliego y de la promesa de nuevas unidades, la pregunta central es: ¿estamos realmente preparados para recibir esta licitacion? La respuesta pasa inevitablemente por la infraestructura vial.