El gobierno, en un intento de tapar sus gravísimas falencias para generar empleo en el sector privado, producto de su incapacidad de gestión combinada con factores igualmente graves como la falta de seguridad jurídica en la provincia, resultado de su locura hegemónica, utiliza a la industria minera como el sector que en 2026 aumentará la demanda de empleo. Sin dudas, otra nueva falacia transformada en política de Estado.

Lo que estamos viendo en la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de Finca Perovic y Los Alisos, no es solo un problema de asfalto destruido o de baches que parecen cráteres; es la radiografía perfecta de la miseria política que nos mantiene estancados en el subdesarrollo desde hace décadas.

También manifestó que estas maniobras buscan tapar y limpiar, "se están preparando porque saben que tienen fecha de caducidad".

Hoy nos toca desmenuzar un escenario institucional en Jujuy que, lejos de la prolijidad técnica que intentan vender algunos despachos oficiales, parece estar crujiendo bajo el peso de una hegemonía política asfixiante.

El inicio de un foro económico y productivo en la ciudad de Perico, presentado bajo la ambiciosa premisa de convertir a la localidad en un eje de desarrollo estratégico regional, obliga a poner una pausa necesaria al entusiasmo oficialista para confrontar el discurso con la realidad, con la mirada crítica que la situación amerita.

Lo que estamos viviendo los jujeños con el servicio eléctrico ya no es solo una penuria técnica: es una burla política que ha llegado a su límite. El reciente comunicado del secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro —quien, no olvidemos, viene de una dura derrota electoral en su candidatura a diputado nacional— no es más que un intento desesperado por tirar la pelota afuera.

La crisis de confianza que viene escalando en Jujuy frente a la situación en torno a los cortes de luz y a una SUSEPU que parece haber olvidado su razón de existencia deja al usuario frente a un organismo de contralor que, lejos de ser el perro guardián que muerde cuando las prestadoras de servicios fallan, se ha convertido en una oficina burocrática de trámites lentos, mientras la gente padece cortes de luz, agua a cuenta gotas o tarifas que parecen un asalto a mano armada.

Hoy vamos a poner el foco en una de esas realidades que duelen, que queman y que nos obligan a preguntarnos si quienes nos gobiernan están cuidando el patrimonio de todos o simplemente gestionando una oficina de remates al mejor postor.

¿Por qué quienes deben fiscalizar parecen ser los mejores aliados de las prestadoras? Lo que el vecino jujeño percibe no es una simple ineficiencia administrativa, sino una claudicación política frente al poder corporativo.

Es preocupante el estado de anomia que atraviesa la ciudad de Perico. Cuando hablamos de anomia no nos referimos únicamente a un tránsito caótico o a motos circulando sin control bajo ordenanzas que duermen el sueño de los justos desde 1998. Hablamos de un tejido social que se desmorona porque hemos naturalizado el incumplimiento como forma de convivencia.

Las declaraciones del señor Muro y la realidad cotidiana de San Salvador de Jujuy nos colocan frente a un escenario de fragmentación administrativa que termina por desdibujar quién tiene la responsabilidad de cuidar al ciudadano.

Lo que estamos observando en Palpalá es la crónica de una ciudad asfixiada por la impericia y por el peso muerto de una estructura estatal que ya no responde a las necesidades del vecino, sino que se devora a sí misma.

El planteo que nos convoca pone sobre la mesa una radiografía descarnada y profundamente crítica de una estructura estatal que parece haber extraviado su razón de ser original para convertirse en una verdadera maquinaria de asfixia fiscal. Según esta visión, nos encontramos ante un Estado que funciona meramente como un ente recaudador voraz, donde la presión impositiva no se traduce en servicios básicos para el ciudadano, sino que se diluye en un laberinto de ineficiencia y centralismo.

La realidad golpea de frente en Jujuy y lo que hoy escuchamos no es solo un reclamo vecinal: es el grito de una provincia que se siente a la deriva frente a una inseguridad que parece haberle ganado la pulseada al Estado. El escenario que se describe es el de un delito creciente, potenciado por el flagelo del alcohol y la droga, que ha tomado las calles de Palpalá, Perico, San Pedro y hasta el norte provincial, mientras la respuesta oficial parece limitarse a actos protocolares y promesas de mayor presencia policial que nunca terminan de materializarse.

La asunción de José Gómez al frente del flamante Ministerio de Minería de Jujuy se presenta bajo un barniz de modernización y transparencia, pero lo cierto es que estas palabras chocan inevitablemente contra una pared de cifras que hoy no cierran para el bolsillo de los jujeños. Mientras el gobierno promociona con entusiasmo que la minería ya representa el 10 % del Producto Geográfico Bruto y se jacta de una “explosión productiva”, en las calles de la provincia el beneficio brilla por su ausencia.

La diputada nacional Bárbara Andreussi visitó Sobremesa donde trazó un duro diagnóstico sobre la situación política, económica e institucional de Jujuy y cuestionó con fuerza tanto la gestión provincial como la falta de rendición de cuentas del oficialismo local. Sostuvo que la provincia atraviesa “un descontento ciudadano como nunca antes se vio” y apuntó a la concentración del poder y al uso discrecional de los recursos públicos.

Hoy ponemos atención sobre un tema que resuena con fuerza en los pasillos de la casa de gobierno de Jujuy y que genera un debate intenso en cada café de nuestra provincia.

Hoy ponemos el foco sobre una herida abierta que, lejos de cicatrizar, parece profundizarse en el tejido social de nuestra provincia: la globalización de la indiferencia instalada en el corazón del poder jujeño.

Héctor Rubén Daza, referente del Movimiento de Desarrollo Territorial, afirmó que la municipalización de Alto Comedero es una necesidad urgente para dar respuesta a los problemas sociales, económicos y de seguridad que atraviesa el barrio más poblado de la provincia. Según sostuvo, se trata de un territorio con identidad propia que ya no puede ser gestionado como una extensión de San Salvador de Jujuy.

Los cambios impulsados por el gobernador Carlos Sadir, nos obligan a preguntarnos si estamos ante una renovación genuina o simplemente ante un cuidadoso ejercicio de “gatopardismo”, donde se cambia algo para que, en el fondo, nada cambie.