Según la información oficial del gobierno, promediando la mitad de este 2025, se habían cerrado 23 basurales quedando muy lejos del objetivo inicial que tenía la empresa estatal. “Fue una fachada de política ambiental y se creó pura y exclusivamente para pedir dinero prestado ”, señaló el abogado ambientalista y diputado electo, Kevin Ballesty, al hacer un análisis de la situación