La indiferencia como forma de gobierno

¿Y la pregunta de fondo? ¿Qué le sucede a esta dirigencia con el concepto de respeto o prioridad de la condición humana? Parece que para una parte de la élite, la condición humana de los más vulnerables ha pasado a ser una variable descartable en la ecuación política, algo que solo se atiende con paliativos mínimos o, directamente, con una ceguera voluntaria. cuando los problemas de fondo se ignoran—el consumo, la desestructuración familiar, la falta de oportunidades— y las estructuras ministeriales se sienten atrapadas en la impotencia, no es solo una falta de gestión; es una crisis moral y una degradación del pacto social.

La política debería ser la herramienta para organizar la vida en común y asegurar la dignidad, pero cuando se prioriza la pequeña política, la rosca interna, o intereses sectoriales por encima de la vida de un niño o un adolescente que no encuentra motivos para seguir, estamos ante un caso de descomposición de la representación. La ausencia de debate público profundo y presupuestos robustos en salud mental y prevención no es casual; es la firma de una dirigencia que ha desideologizado la miseria y la ha normalizado. La consecuencia directa es que esta sociedad se encamina hacia una fractura social aún más profunda, donde la desesperanza se vuelve la norma para los que están al margen. El respeto a la condición humana, en este contexto, no es una consigna; es la urgencia de destinar todos los recursos —económicos, humanos y políticos— para salvar a esta generación. La inacción es, en sí misma, una forma de violencia política. la exigencia, desde aquí, es clara: romper el silencio y priorizar la vida y la salud de nuestros jóvenes por encima de cualquier otra agenda.

¿Acaso el sentido común no impone un cambio de criterio radical en la distribución de las partidas presupuestarias frente a la espiralización de estos dramas sociales? Porque lo que estamos viendo—la deserción, el consumo a edades tempranas, la desesperanza— ya no son problemas "tapados". Han roto la superficie y gritan por atención, impulsados por el reclamo desesperado de padres y vecinos que ven cómo la calle se traga el futuro de sus hijos. y aquí el análisis crítico se vuelve imperativo: la permanencia de un esquema presupuestario que ignora esta nueva, cruda y visible realidad es la prueba de que el sentido común ha sido secuestrado por la inercia burocrática o, peor aún, por las prioridades políticas sin sentido.

No se trata solo de un error de cálculo técnico; es una falta de olfato político y una insensibilidad flagrante. Cuando las urgencias de salud mental, de contención familiar y de prevención de adicciones se convierten en la principal emergencia en las esquinas de nuestros barrios, mantener los mismos presupuestos raquíticos y las mismas estructuras ministeriales ineficaces es un acto de negligencia, casi de complicidad por omisión. ¿Cómo es posible que se siga debatiendo sobre obras faraónicas o gastos superfluos mientras los cimientos de la sociedad—que son nuestros niños y jóvenes—se están desmoronando a plena luz? el sentido común, ese que nos dice que hay que tapar la gotera antes de que inunde la casa, debería obligar a una reasignación masiva y urgente de fondos hacia la primera infancia, la salud mental adolescente, y los programas de apoyo familiar.

El hecho de que sea el grito desesperado de los vecinos lo que saca estos fenómenos a la luz, y no la anticipación o la inteligencia política de los funcionarios, expone la distancia abismal entre la clase dirigente y la realidad que dicen gobernar. El criterio de distribución presupuestaria, en una sociedad sana, debería ser un espejo de las necesidades más críticas. Si ese espejo hoy refleja deserciones, consumo y suicidio juvenil, y la respuesta sigue siendo la misma asignación de siempre, la conclusión es demoledora: la clase política está operando con un mapa desactualizado y, al no reaccionar con la flexibilidad y la empatía que exige la crisis, está sacrificando el futuro por la comodidad del statu quo. el verdadero cambio de criterio no es solo financiero; es un cambio de alma en la política, que debe reconocer que invertir en la vida y la dignidad de los más vulnerables es la única y verdadera prioridad de la condición humana.