Tras una década de dispendio, viajes, viáticos y "relato", y con la sombra de la discrecionalidad en el manejo de recursos sin un impacto positivo visible en la calidad ambiental, el gobierno presenta tardíamente un plan provincial ambiental integral que busca aplicar la Ley de Educación Ambiental 6105. Este giro, liderado por la ministra de Ambiente, María Zigarán (ahora con el blindaje de su banca en el Congreso), plantea la pregunta clave: ¿es un genuino compromiso moral ante la urgencia de la crisis ambiental, o es el simple miedo a la derrota electoral en 2027 después de diez años de disidía?
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Tras 10 años perdidos presentan plan de educación integral ambiental
Luego de diez años de gestión del radicalismo en Jujuy, asumiendo en 2015, y con un historial marcado por el pedido de créditos millonarios en euros y dólares por parte del ministerio de Ambiente, la sensación generalizada en la población es de profunda frustración y ausencia de resultados tangibles. La realidad ambiental jujeña, lejos de mejorar, muestra un panorama desolador: basurales a cielo abierto que se incrementan y la basura a los costados de las rutas convertida, vergonzosamente, en parte del paisaje.
La reacción del ministerio de Educación, con la ministra Serrano manifestando que serán "facilitadores del cuidado del medio ambiente" en defensa de la pachamama, es tan tardía como insuficiente. Si bien el gobierno reafirma su "decisión política de construir un presente más sostenible", la indiferencia mostrada durante los últimos diez años ha dejado una huella irremediable en manos de estos funcionarios. El costo de la remediación de áreas vitales como la reserva natural Calilegua demandará una erogación millonaria a los jujeños, un gasto que se suma al despilfarro de los fondos anteriores.
La falta de resultados choca con la gravedad de la situación, tal como lo señaló un ex fiscal tucumano al asombrarse de que no haya detenidos por los numerosos y graves focos de contaminación en el territorio jujeño.
Diez años de gestión se esfumaron, y la contaminación se consolida por doquier. El anuncio de un plan integral de educación ambiental no puede ocultar la gran deuda de la gestión radical en Jujuy, donde la supuesta "fiesta de dólares y euros" para el ambiente solo dejó como saldo un ambiente más degradado y la impunidad frente a las "atrocidades" ambientales.
¿Qué efectividad real puede tener un plan ambiental integral que llega después de diez años de indiferencia, despilfarro y fracaso de gestión? Cuando el gobierno, tras una década de ver cómo se multiplicaban los basurales a cielo abierto y se agotaban los millonarios créditos internacionales sin resultados visibles, convoca ahora a una "ciudadanía consciente y participativa", la respuesta de los vecinos es predecible: escepticismo profundo. La credibilidad de la administración está herida, reflejada en la contundente derrota electoral reciente. Para la ciudadanía que lleva años reclamando desesperadamente acciones concretas contra la basura y la contaminación, este plan de educación ambiental suena más a una maniobra destructiva o electoralista que a un compromiso genuino.
Los jujeños no necesitan que les enseñen a cuidar la pachamama; necesitan que el Estado cumpla con su responsabilidad, que deje de delegar el problema y que muestre acciones de choque inmediatas en la gestión de residuos, que audite con transparencia el destino de los euros y dólares gastados y, lo más importante, que demuestre voluntad política real para aplicar sanciones. Sin un cambio radical y visible en la forma de gobernar y sin recuperar la confianza ciudadana, este plan de educación corre el grave riesgo de ser percibido como lo que es: una respuesta tardía que intenta tapar con relato la disidía de una década, destinada a fracasar en su intento de convocar a un pueblo que ya perdió la fe en esta fallida gestión.