Se escucha decir con frecuencia desde el oficialismo que las obras actuales son el resultado exclusivo de un esfuerzo con recursos propios ante el cierre de canillas del estado nacional, un argumento que, si bien tiene un asidero en la realidad de los recortes federales, merece un análisis mucho más profundo. resulta técnicamente correcto afirmar que, bajo una lógica de superávit fiscal, no cabrían giros extraordinarios discrecionales más allá de lo que marca la ley de coparticipación federal; sin embargo, aquí es donde la narrativa oficial choca con una realidad incómoda que el ciudadano de a pie percibe a diario. El problema central no parece ser solo la falta de fondos, sino el "agujero negro" que generan la ineficiencia administrativa y los presuntos focos de corrupción que actúan como un impuesto invisible sobre el presupuesto público.
Sin corrupción y sin gastos ineficientes es posible vivir con lo nuestro
Hoy ponemos atención sobre un tema que resuena con fuerza en los pasillos de la casa de gobierno de Jujuy y que genera un debate intenso en cada café de nuestra provincia.
Cuando los dirigentes sostienen que "no alcanza", omiten deliberadamente explicar cuántos recursos se pierden en una burocracia sobredimensionada o en contrataciones que nunca terminan de ser transparentes, lo que justifica de manera casi automática esa resistencia crónica a la rendición de cuentas clara y al acceso a la información pública. No se trata solo de cuánto dinero entra por coparticipación o recaudación local, sino de la calidad del gasto; si la gestión fuera eficiente y la integridad administrativa fuera la norma, el argumento de la escasez perdería peso, ya que los recursos propios rendirían exponencialmente más.
Al final del día, el silencio en los balances y la falta de auditorías externas confiables alimentan la sospecha de que el discurso de la "austeridad obligada por nación" es, en realidad, una cortina de humo para no discutir cómo se malgastan los fondos que sí están disponibles. La verdadera soberanía económica de una provincia no se alcanza solo pidiendo lo que corresponde por ley, sino demostrando que cada peso que sale del bolsillo del jujeño vuelve íntegramente en servicios y no se diluye en los vicios de una política que prefiere la opacidad al escrutinio público.
Debemos imaginar que existe una gran caja común donde el estado nacional recauda impuestos en todo el país, como el IVA o ganancias, y luego, por una ley que tiene más de treinta años, ese dinero se reparte automáticamente entre las provincias. En el caso de Jujuy, los envíos automáticos son el motor principal de la economía local, pero aquí es donde surge el cortocircuito con el discurso oficial; mientras el gobierno provincial pone el grito en el cielo por los recortes de fondos discrecionales, esos que se daban "a dedo" por fuera de la ley, la coparticipación sigue llegando puntualmente según los coeficientes establecidos. La trampa argumental reside en que, cuando una gestión logra un superávit, la normativa técnica indica que la provincia debería ser capaz de autofinanciar su funcionamiento básico, pero lo que vemos es una dependencia estructural que se agrava por la falta de transparencia.
Si esos fondos que llegan por ley se gestionaran con una eficiencia de relojero, el impacto de los recortes nacionales en obras menores sería marginal; sin embargo, la realidad nos muestra que el flujo de dinero se vuelve insuficiente porque no hay un control real sobre el destino final de cada partida. Al no rendir cuentas de forma abierta, el gobierno provincial evita mostrar cuánto de ese flujo constante se desvía hacia el sostenimiento de estructuras políticas o gastos improductivos, utilizando el "faltazo" de nación como la excusa perfecta para justificar la parálisis o el endeudamiento.
En definitiva, la coparticipación es un derecho adquirido por ley, pero su uso ético es una obligación política que hoy parece estar en tela de juicio, ya que la opacidad administrativa termina transformando un ingreso legítimo en un recurso que se licúa entre la ineficiencia y la falta de controles ciudadanos.
La posibilidad real de vivir con lo nuestro no es solo un objetivo económico, sino una meta que se ve directamente obturada por la ausencia de controles severos sobre el gasto y una falta de voluntad política para dar una lucha frontal contra la corrupción. Es fundamental entender que para sanear las cuentas no basta con mirar cuánto entra, sino con cuánta voracidad se pierde lo que ya tenemos; aquí es donde entra la necesaria batalla cultural, porque nos enfrentamos a sectores que, por conveniencia o complicidad, se hacen los distraídos e ignoran deliberadamente el costo astronómico de la ineficiencia de gestión. No estamos hablando solo de errores administrativos, sino del robo sistemático de los recursos del estado que drena las arcas públicas y condena a la provincia a una precariedad que podría evitarse.
Mientras la cultura política local siga naturalizando que el funcionario disponga de lo público como si fuera propio, cualquier intento de autonomía financiera será una utopía, ya que los recursos propios que hoy faltan para escuelas o infraestructura son los mismos que se escurren en sobreprecios, contrataciones dirigidas y estructuras burocráticas que solo sirven para pagar favores electorales.
Esa ceguera voluntaria de ciertos sectores es el mayor obstáculo, porque al ignorar el saqueo, terminan validando un modelo donde la rendición de cuentas es una molestia y no un deber republicano básico. Si no damos esa batalla cultural para exigir transparencia absoluta, seguiremos atrapados en el relato de la escasez, cuando en realidad lo que padecemos es una sangría constante provocada por una gestión que prefiere ocultar sus balances antes que exponer sus propias falencias ante la mirada del ciudadano.