Bóo señaló en Sobremesa que el sistema de ART “es exitoso en términos de prevención y atención”, con una reducción del 80% en los fallecimientos laborales y niveles de siniestralidad similares a países como Chile o España. Sin embargo, afirmó que el problema aparece cuando los casos llegan a la Justicia: “Argentina tiene tasas de litigiosidad entre 18 y 20 veces superiores a esos países”.
"Hiperlitigiosidad y pericias cuestionadas": la advertencia de Miguel Bóo sobre el empleo
En el marco del debate por la reforma laboral, el abogado y ex procurador del tesoro de la Nación Miguel Bóo advirtió sobre el crecimiento desmedido de la judicialización en el sistema de riesgos del trabajo y sostuvo que se trata de uno de los principales obstáculos para la generación de empleo genuino en la Argentina.
Según explicó, durante el último año se iniciaron más de 130 mil juicios por riesgos del trabajo, que se suman a un stock de más de 280 mil causas en trámite. “No puede ser que una situación ordinaria termine necesariamente en tribunales. Esto tiene un costo institucional y económico incalculable”, sostuvo.
El especialista apuntó directamente al sistema de pericias médicas judiciales como uno de los principales factores de distorsión. Indicó que mientras las comisiones médicas oficiales,integradas por profesionales del Estado, determinan en la mayoría de los casos incapacidad cero, en sede judicial esas mismas situaciones se transforman en incapacidades del 13 o 14%. “No es que los médicos sean distintos, el problema es el conflicto de intereses: el perito judicial cobra en función del resultado del juicio”, afirmó.
Bóo consideró “perverso” que la remuneración del perito dependa del grado de incapacidad que dictamina y sostuvo que esto incentiva la litigación artificial. “Es un negocio fabuloso invertir en juicios. Ninguna inversión en el mercado tiene la rentabilidad que hoy tiene un litigio laboral”, aseguró.
En ese sentido, recordó que existe una ley sancionada en 2017, a la que adhirieron más de 18 provincias, que prevé la creación de cuerpos médicos forenses oficiales para evitar estos conflictos de intereses. Sin embargo, advirtió que su implementación es lenta o directamente inexistente en muchas jurisdicciones. “Es una deuda institucional y democrática”, remarcó.
Como ejemplo, mencionó el caso de Salta, donde existen peritos oficiales y la litigiosidad es significativamente menor que en provincias vecinas como Jujuy. “Cuando no hay expectativa de obtener un resultado distinto al administrativo, los juicios caen drásticamente”, explicó.
Bóo también alertó sobre el impacto económico del fenómeno. Afirmó que los costos derivados de estos juicios se trasladan a las alícuotas que pagan los empleadores y terminan afectando al empleo y a la sustentabilidad del sistema. “Es un impuesto invisible que encarece el trabajo y desalienta la inversión”, señaló.
Finalmente, sostuvo que combatir la hiperlitigiosidad no implica quitar derechos a los trabajadores, sino proteger el sistema y garantizar más y mejor empleo. “No estamos hablando de negar indemnizaciones reales, sino de terminar con casos inventados que drenan recursos que deberían destinarse a la salud y la protección de los trabajadores”, concluyó.