Hay un ciclo de gobernabilidad que se diluye

Aquí es donde entra el concepto de anacronismo institucional. El mundo y sus problemas han cambiado, sin embargo, siguen los políticos aplicando las mismas recetas y esto toca una fibra profunda. Las instituciones democráticas (partidos políticos, parlamentos, incluso tribunales) fueron diseñadas para un mundo en el siglo xx, con problemas más contenidos geográficamente y con una información mucho más controlada. Hoy, nos enfrentamos a desafíos como la sociedad de la inmediatez y las redes sociales. Las redes fomentan la radicalización y el pensamiento de rebaño, haciendo que el diálogo complejo sea casi imposible. Las recetas viejas, como la negociación tradicional de la ley o los programas de gobierno a cuatro años, se sienten insuficientes.

La reforma del sistema democrático no es solo un deseo, sino una necesidad para la resiliencia democrática. Más allá de los aspectos formales (como el sistema electoral), la reforma más urgente debe ser cultural e institucional, enfocada en devolverle a la democracia su capacidad de resolver problemas y de integrar las diferentes visiones en lugar de simplemente amplificar la bronca. La clave es pasar de una política de identidad y agravio a una política de propósito y solución.

El planteamiento de Lorenzetti, sostiene que hay que reformar las instituciones, pero no la constitución, es sumamente pragmático y evita caer en la trampa recurrente de la política argentina: creer que todos los problemas se solucionan reescribiendo la ley fundamental. La constitución es, en su visión, el marco de valores que ya define el espíritu republicano, la división de poderes y los derechos esenciales.

Reformar la constitución abre una caja de pandora de inestabilidad y confrontación. En cambio, las instituciones son las prácticas, reglas no escritas, rutinas y agencias que operan dentro de ese marco. Cuando Lorenzetti habla de reformar las instituciones se refiere, por ejemplo, a: cómo operan los partidos políticos, cómo se selecciona a los jueces, cómo funciona la administración pública, o cómo se genera el diálogo social.

Las instituciones deben abandonar las disputas de poder e ir hacia un servicio social. Hoy, muchas instituciones están capturadas por la lógica de la contienda política. Los partidos las ven como un botín a conquistar, no como herramientas para el bienestar colectivo. El objetivo de la reforma, entonces, debe ser despolitizar la gestión y re-profesionalizar la función pública. Crear mecanismos que obliguen a los distintos poderes y actores a cooperar para resolver los problemas ciudadanos (pobreza, inflación, seguridad), en lugar de dedicarse a neutralizarse mutuamente.

La reforma constitucional impulsada en Jujuy por el exgobernador Gerardo Morales pone en evidencia el riesgo de ir por el camino de la reforma total. Si bien la idea de actualizar una carta magna provincial puede tener mérito, el proceso, la velocidad y, sobre todo, el contenido pueden terminar siendo percibidos como una imposición.

Cuando la ciudadanía, y en particular, sectores identitarios como los pueblos originarios en Jujuy, sienten que la reforma pulveriza su identidad o modifica sus derechos sin un consenso genuino y respetuoso, el resultado es un estallido de legitimidad, no un avance democrático. el término "constitución tipo Frankenstein" es duro, pero refleja esa sensación de que se ensambló un texto de partes desconectadas, muchas veces pensado para blindar el poder del momento o restringir la protesta que es una de las instituciones democráticas de la vigilancia, en lugar de fortalecer el tejido social.

La lección aquí es clara: una constitución impuesta o mal concebida genera más conflicto. Por eso es indispensable el concepto de continuidad de las políticas públicas en el tiempo y así procurar despejar la incertidumbre.