Mientras el calendario marca una fecha clave para la transparencia, lo único que ha podido exhibir la oficina son convenios de papel, sin ninguna gravitación real, como ese acuerdo con la Defensoría del Pueblo, otro organismo cooptado y castrado de cualquier capacidad de resolución sobre temas que le duelan al ciudadano.
Hipocresía institucional
En el Día Internacional contra la Corrupción, la Oficina Anticorrupción de la provincia, encabezada por la fiscal Josefa del Valle Herrera, se convierte en el centro de todas las miradas, pero no precisamente por su acción, sino por su inaudita inacción en los gravísimos casos de corrupción que resuenan en cada rincón de Jujuy.
La hipocresía es total y absoluta: escuchamos ahora a la fiscal herrera decir que “el ejercicio de la función pública requiere cada día más transparencia, eficiencia e integridad, asegurando que las decisiones se tomen en beneficio de la comunidad y no de intereses particulares”.
Pero, ¿quién puede creerle a esta altura? Recordemos que fue la misma Josefa herrera quien, al asumir, liquidó la poca credibilidad de la oficina al declarar abiertamente, sin ningún pudor, que estaba al servicio de lo que requiriera el entonces gobernador Morales. Una fiscal Anticorrupción que se declara subordinada al poder político que debe controlar esa frase, cargada de una sumisión bochornosa y a cara descubierta, es el mejor resumen de la farsa.
No solo fue asesora de Morales, militante de la UCR, sino que con esa declaración pública se convirtió en la garantía de impunidad para el oficialismo. la evidencia de este blindaje es palpable: un gobierno radical que no rinde cuentas en ningún nivel, que ha transformado a la legislatura en una mera escribanía, que ha desguazado al tribunal de cuentas y a todo organismo de control por orden del exgobernador Morales.
La reforma de la Constitución se alza, en este contexto, como el instrumento para blindar la corrupción y asegurar que nada cambie. Y como si no bastara esta burla, el próximo 17 de diciembre, en una evidente y desesperada estrategia de supervivencia para impresionar al gobernador Sadir ante el inminente pedido de renuncias, organizan una jornada de concientización sobre el rol de los organismos de control.
Es una tomada de pelo épica a la opinión pública como lo fue el anuncio del plan provincial integral de educación ambiental inventado por la diputada Zigarán para salvar a la ministra serrano de que le pidan la renuncia al ministerio de educación.
Pero volviendo al tema central de la Oficina Anticorrupción, intentan justificar su sueldo con un evento protocolar, mientras la provincia espera justicia en los casos resonantes. La desfachatez y el cinismo de la fiscal Josefa herrera, al pretender hablar de integridad y transparencia tras haber reconocido su obediencia debida al poder, es una vergüenza institucional que Jujuy arrastra y que merece el repudio de toda la ciudadanía. Su figura se ha erigido como el símbolo de la oficina que no investiga, sino que protege.
Esta afirmación no es una simple crítica, es la descripción de un modus operandi que ha desnaturalizado por completo la función esencial del organismo anticorrupción. La oficina, bajo su mando, ha pasado de ser un perro guardián de los recursos públicos a un dócil perrito faldero del poder de turno, un escudo institucional para la élite gobernante.
El papel de la fiscal herrera, ex asesora y militante de la unión cívica radical, no ha sido el de una controladora implacable e independiente, sino el de una administradora de la impunidad. La Oficina Anticorrupción de Jujuy, en lugar de iniciar investigaciones de oficio, de actuar como querellante en los casos de alto impacto público y de exigir rendición de cuentas con la rigurosidad que demandan los recursos del estado, se ha dedicado a firmar papeles in trascendentes y a dictar charlas de buena conducta. Es la simulación perfecta de la lucha contra la corrupción.
La protección se manifiesta en la parálisis selectiva. Los expedientes que tocan a funcionarios del gobierno radical o que involucran grandes obras y manejo de fondos públicos quedan congelados, invisibles o minimizados. Mientras tanto, la funcionaria, con su discurso de "transparencia, eficiencia e integridad", se pone el ropaje de la moral pública con una desfachatez que raya en el insulto a la inteligencia del pueblo jujeño.
Una auténtica tragedia institucional que confirma que, en Jujuy, la lucha contra la corrupción ha sido, hasta ahora, una obra de teatro con un guion previsible y un final anunciado de impunidad.

