Sergio Lello Sánchez el brazo ejecutor autoritario de Gerardo Morales

La causa twitter Jujuy con detención y proceso judicial contra Nahuel Morandini y Roque Villegas en enero de 2024 insinuando situaciones sobre la mujer del ex gobernador cuestionando la identidad de su hija o la denuncia de 20 dirigentes por persecución por oponerse a la reforma de la constitución en donde juez Nino Fernández del fuero penal económico elevo la causa a juicio oral luego de imputarlos por la participación de estos dirigentes en la movilización contra la reforma o la causa Pederiva entre tantas otras…

Es decir, la orden era violentar la ley para perseguir a ciudadanos, y si se vincularía esa cadena de mando con el exgobernador Gerardo Morales, estamos ante una situación de quiebre institucional que requiere un análisis muy crítico.

Las consecuencias políticas son inmediatas y devastadoras: se erosiona la legitimidad de un sector del poder que se presentaba como garante de la "paz social" y el "orden". La renuncia de lelo Sánchez, impulsada por un pedido de juicio político y múltiples denuncias previas, es la confesión de un final anunciado, y su caída salpica directamente a quien lo sostuvo, lo blindó y le otorgó el inmenso poder discrecional que le permitía ser "la pieza más poderosa de la maquinaria judicial".

Este hecho se convierte en un arma política de alto calibre para la oposición y abre una grieta interna, demostrando que el control total sobre la justicia no es tan inexpugnable como lo quieren hacer parecer. Además, plantea una pregunta fundamental para la dirigencia actual: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del ejecutivo en el control y la designación de quienes manejan la acción penal pública?

En el plano institucional, el daño es profundo e hipoteca la credibilidad del sistema de justicia en su conjunto. La figura del procurador, que debe ser un ejemplo de independencia, imparcialidad y celo por el cumplimiento de la ley, queda asociada al abuso de poder, a la persecución política y a la manipulación de expedientes.

La denuncia de que Lello Sánchez ejercía ( por supuestas ordenes de Gerardo Morales)tormento sobre jueces y fiscales, bajo la amenaza de represalias, no solo revela un clima de miedo interno, sino que pone en duda la autonomía de todos los magistrados que actuaron bajo su égida, volviendo sospechosas muchas de las causas que se promovieron en los últimos años. Se crea la percepción de que la justicia en Jujuy ha funcionado como un brazo ejecutor de intereses políticos, no como un poder independiente, afectando la división de poderes y la garantía de un debido proceso para todos los ciudadanos.

Las implicancias éticas y morales son las más dolorosas para el cuerpo social. Si el funcionario encargado de defender la legalidad es el primero en pisotearla, si quien debe ser guardián de la ley se convierte en su violador serial para perseguir opositores o amedrentar a sus subordinados, el mensaje que se envía a la sociedad es de cinismo y desprecio por los valores republicanos. La ética pública se desmorona cuando la lealtad política se impone sobre el deber funcional y la probidad. Es una herida moral que afecta la confianza básica en el estado de derecho, mostrando que las más altas esferas del poder pueden actuar con total impunidad y que las herramientas legales fueron pervertidas en armas de guerra política.

Finalmente, el impacto en la opinión pública de Jujuy es un torrente de indignación y, para muchos, la confirmación de lo que ya sospechaban o padecían. la ciudadanía jujeña, que durante años ha vivido en un clima de alta tensión política, ve cómo se confirma que el poder no solo perseguía a activistas sociales o figuras de la oposición, sino que usaba a los resortes judiciales para ello. Esto genera una doble frustración: la de la impunidad percibida durante años por la "blindada" figura del procurador, y la de la confirmación de la utilización facciosa de la justicia. Si bien la renuncia puede ser vista como una pequeña victoria de la presión política y social, el reto ahora es que este hecho no sea un simple "borrón y cuenta nueva", sino el inicio de una investigación profunda e independiente que establezca responsabilidades no solo en el ex procurador, sino en todos aquellos que dieron y recibieron las supuestas órdenes, incluyendo a los exfuncionarios de más alto rango como es el caso del ex gobernador.

El desafío para Jujuy es recuperar la confianza en sus instituciones y demostrar que, a pesar de todo, la ley todavía tiene la última palabra.