- El máximo logro de Josefa Herrera en la Oficina Anticorrupción es la actualización del sistema de carga para Declaraciones Juradas Patrimoniales.
- No se conocen investigaciones de oficio sobre funcionarios del gobierno a pesar de las denuncias públicas y hasta penales en su contra.
- Con la reforma constitucional, la fiscal podría quedarse otros 10 años al frente de la OA.
El rendimiento de la Oficina Anticorrupción otra vez bajo la lupa
La estadía de la fiscal Josefa Herrera se extenderá por tiempo indeterminado, avalada por la reforma constitucional, pero los méritos para seguir ostentando el cargo son escasos. En poco más de cuatro años desestimó sistemáticamente toda denuncia contra los miembros del gobierno provincial y con criterios totalmente disímiles investigó o citó a ciudadanos que no comulgaban con el proyecto político de su jefe confeso Gerardo Morales.
Nadie podrá negar que tras 1521 días ejerciendo como titular de la Oficina Anticorrupción la Dra. Herrera faltó alguna vez a sus ideales. Cuando el 05/02/2020 juró en el cargo, lo hizo bajo una premisa de obediencia absoluta “Voy a tener independencia, esas han sido las instrucciones del gobernador ”, el oxímoron más grande pronunciado en Jujuy desde que fuere bautizado el Malón de la Paz en 1946.
Una rápida revisión por las 65 resoluciones públicas que aparecen en el sitio oficial de la OA evidencian un direccionamiento en las investigaciones y dictámenes. Tradición que había inaugurado Joaquín Millón Quintana (2015 - 2019) primer fiscal designado por Gerardo Morales al momento de crear el ente que en teoría funge como autoridad máxima de aplicación de la Ley N°5153 de Ética Pública.
Durante su gestión el organismo funcionó como un apéndice de la Fiscalía de Estado en las causas relacionadas con Milagro Sala, independientemente de los acuerdos interinstitucionales alcanzados, capacitaciones, convenios con entidades estatales, educativas, municipales, sindicales que si bien son fundamentales para la jerarquización de la labor, no hacen al objetivo primario de prevención y control ante posibles hechos de corrupción.
Dejando pasar por negación u omisión gravísimas denuncias contra miembros del gabinete provincial como Federico Posadas (Cultura y Turismo) Juan Carlos Abud (Desarrollo Económico y Producción) Ada Galfre (ex ministra de Desarrollo Humano) Jorge Cabana Fusz (ex ministro de Trabajo Q.E.P.D.) o contra parientes y amigos del poder como Marcelo Fernández (ex presidente del Banco de Desarrollo) Marcelo Nasif (ex diputado provincial).
El total de expedientes tramitados durante la gestión de Quintana fue de 335 y el nivel de cumplimiento con las Declaraciones Juradas fue del 95%
Juan Manuel Soler quien se desempeñó como fiscal adjunto hasta abril 2020, criticó la selección de fiscales a modo dedocrático y el desempeño tanto de Quintana como Herrera con quien trabajo un par de meses diciendo: “La Oficina Anticorrupción debe estar en manos de la oposición o que su titular sea designado por concurso. De esa manera podemos tener un verdadero control objetivo”.
Volviendo a la discrecional actuación de Herrera, la ex asesora de Gerardo Morales durante su paso como senador nacional, fue una pieza clave para mandar al archivo toda denuncia que incomodara a los funcionarios y sus socios comerciales. El caso más resonante y por duplicado involucra al jefe del bloque justicialista Rubén Armando Rivarola, quien intentó cerrar al menos dos negocios con el Estado provincial durante la pandemia a través de las empresas LAC NORTE, donde también estaba involucrada la ex diputada justicialista Liliana Fellner y MATERNOA SRL.
El primero fue investigado por el ex vocal del extinto Tribunal de Cuentas por incompatibilidad, Nicolás Snopek. Le valió el odio manifiesto de Gerardo Morales quien lo agredió verbalmente, antes de iniciar una serie de operaciones para destituirlo hasta que el primer mandatario mandó a desarmar la vocalía. A pesar de todas las irregularidades manifiestas, la OA se expidió diciendo que no había irregularidad a pesar de los hechos flagrantes: un diputado siendo beneficiario del Estado a través de la venta de servicios médicos como test Covid.
El dirigente justicialista Cristian Santamans fue el encargado de denunciar ante la OA el caso restante, donde vía licitación pública, la clínica MATERNOA brindaría decenas de servicios médicos al estado y recupero de gastos por atención a pacientes con obras sociales, generando una sensación de privatización del sistema público de salud que la opinión pública no dejó pasar por alto. El escándalo fue tal que el propio ministro de Salud debió publicar una resolución dejando el contrato sin efecto. Josefa Herrera tardaría más de dos años en expedirse sobre este caso, excusándose en que no había motivos para investigar más la adjudicación ante el dictado ministerial.
La Oficina Anticorrupción podría haber actuado de oficio en los casos citados, pero se reserva ese derecho para accionar sobre los detractores del gobierno radical. El titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, quien posee múltiples denuncias por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, violencia de generación, violencia laboral, entre otros no ha sido investigado de oficio, aunque si han remitido informes al MPA para que inicie actuaciones contra ex intendentes opositores como Blas Gallardo (La Quiaca) y Luciano Demarco (Perico), a modo de ejemplo de el accionar discrecional en etapa prejudicial.
Por ejemplo la ex diputada provincial Alejandra Cejas, quien curiosamente acudió en múltiples oportunidades a este apéndice estatal para denunciar posibles incumplimientos de la Ley de Ética Pública, entre ellos incompatiblidad de cargos para Juan Carlos Abud Robles y el actual presidente del Instituto de Artes Audiovisuales Facundo Morales (hijo de Gerardo). Sin embargo ella sería investigada por supuesto incumplimiento en la presentación de una DDJJ patrimonial correspondiente al período 2016.
Cejas se encargó de desmentir la acusación, ratificando que en múltiples ocasiones le fue impedida la presentación documental y uniéndose a un grupo de ciudadanos que ya habían sido “presionados”, con citaciones durante la pandemia de Coronavirus por el hecho de denunciar en los medios posibles actos de corrupción perpetrados por el gobierno, involucrando al dirigente justicialista Emanuel Palmieri, la presidenta del Colegio de Enfermería Celina Castellón, los médicos Carlos Gaspar y Sergio Barrera, situación que incluso llegó a los medios nacionales.
Lamentablemente el rigor investigativo es evidentemente selectivo, porque desde el Sistema Sikus, del que se ufana la fiscal por su nuevo diseño, muestra que la última presentación de DD.JJ. de los miembros de la familia Rivarola está harto vencida: la última presentación de Rubén Armando Rivarola corresponde al período 2021, su hijo Eduardo actual intendente de Palpalá en 2020 y de su hijo menor Cristian no se le conoce patrimonio alguno, a pesar de que asumió hace dos años una banca en la Legislatura. El diputado Pedro Belizán, integrante del mismo bloque tampoco ha actualizado su DD.JJ. desde 2021, pero en ninguno de los casos citados se inició la correspondiente investigación.
Vale destacar que el gabinete entero de Carlos Sadir está al día, siendo el ministro de Infraestructura Carlos Stanic el único que ha presentado la declaración del período 2023 (se presentan a año vencido con tiempo límite junio). Aunque los jueces tienen sus propias vías y se guían por el calendario de vencimientos de pago sobre Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales dispuesto por AFIP, solos cuatro de ellos han preferido seguir presentando el informe patrimonial en Sikus, estos son Ekel Meyer, María Nieva, Martín Llama y Mariano Miranda.
A continuación un resumen de las últimas cinco resoluciones publicadas:
- Resolución N°39 publicada el 19/03/24 desestimando una denuncia contra los funcionarios de SUSEPU por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no darle respuesta satisfactoria a una particular interesada en acceder al servicio de energía eléctrica en zona periurbana por las dificultades y costos que implica una conexión de estas características.
- Resolución N°35 publicada el 15/03/24 informándole al intendente de Palma Sola que no existe problema alguno en nombrar a su hermana, Gabriela Baquera como secretaria de Hacienda fundado en “la inexistencia de disposiciones provinciales que regulen el nepotismo”.
- Resolución N°21 publicada el 15/02/24 archivando la presentación efectuada por la secretaria de Coordinación General de Salud, Fernanda Peynado contra la actual senadora Carolina Moisés por difundir mediáticamente supuesta información desleal sobre su participación en una empresa privada en una situación de incompatibilidad con la función pública.
- Resolución N°19 publicada el 09/02/24 donde se establece que el Jefe del Departamento de Gestión de Ejecución dependiente de la Fiscalía de Estado deberá presentar DDJJ como exige la Ley de Ética Pública a pesar de la reticencia del funcionario que ostenta el cargo.
- Resolución N°185 publicada el 30/11/23 dándole la razón a los enfermeros del SAME 107 denunciantes sobre las irregularidades durante la elección de Jefes del Departamento de Enfermería celebradas el 11/01/21 declarando su nulidad.
Josefa Herrera continuará al frente de la Oficina Anticorrupción
La Ley N°5885 de creación establecía que el/la fiscal no podía exceder los cuatro años en función y sin posibilidad de extender otro período sin una pausa intermedia según reza el artículo 3ro. Así fue cumplido a rajatabla en el caso de Quintana.
La sucesora, Josefa Herrera ingresó sin acuerdo de la Legislatura (hecho irregular) vía decreto Nº487 el 05/02/2020 en el ya mencionado evento de jura cuando reconoció su falta de independencia. El decreto recién sería refrendado por los diputados durante la 5ta sesión especial con la correspondiente solicitud de acuerdo nota N°24-G número de expediente 14-PE-20.
Pero con la reforma parcial de la Constitución, la Oficina Anticorrupción adquirió tal rango y vio modificado su reglamentación. Entre ellos la extensión de la duración en el cargo, pasando a ser cinco años y la posibilidad de reelección.
En la cláusula 15ta de “Disposiciones Transitorias”, se incorpora una instancia que podría, si así lo desearan gobernador y diputados, junto a otros factores circunstanciales, extender la presencia de Herrera al frente del organismo hasta 2034 inclusive.
Décima Quinta: Las autoridades que al momento de la entrada en vigencia de esta Constitución se encuentren designadas y en ejercicio en la Oficina Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Consejo Provincial de Mujeres, Igualdad de Género y respeto a las Diversidades, continuarán en sus funciones hasta tanto se sancionen las leyes correspondientes para reglamentar su organización, pudiendo ser ratificados en sus funciones si correspondiere. Si se ratificara a los funcionarios actuales que dirigen los órganos mencionados, esa designación deberá ser considerada primer mandato.