En su artículo 64, la constitución de Jujuy deja establecida una sentencia básica: los funcionarios públicos, que gobiernan en nombre de la ciudadanía, tienen prohibido ubicarse en ambos lados del mostrador a la hora de celebrar los negocios que necesariamente se generan en el estado cuando este demanda bienes y servicios para su funcionamiento.
Su rol es cuidar por los intereses de la ciudadanía, hacer eficiente el dinero público en beneficio de la sociedad y exigir que las empresas cumplan los servicios por los que se les paga.
El sentido común - el mismo que usaron los convencionales constituyentes de 1986 - indica que difícilmente puedan hacerlo si además tienen intereses empresarios propios.
Esa premisa, sin embargo, es abiertamente ignorada en la resolución 9.855, firmada el 4 de diciembre de 2019 por el ministro de salud Gustavo Alfredo Bouhid.
En ella, el gobierno decidió preadjudicarle un millonario negocio a la empresa Maternoa SRL, de propiedad del diputado Rubén Armando Rivarola, encomendándole la prestación al ministerio de salud de los servicios de hemodiálisis, cardiología clínica, oncología clínica, oftalmología y diagnóstico por imágenes.
Pero además, la clínica ubicada en la localidad de Palpalá y conocida como “Nuestra Señora de Fátima”, será la responsable del polémico servicio de gestión hospitalaria para el recupero de gastos, que es considerado innecesario por tratarse de una función que corresponde a otras áreas del gobierno, que no cobrarían una comisión por tal gestión.
No es la primera vez que el diputado Rivarola acapara dinero público a través de sus empresas, pero sí la primera en que la maniobra es tan burda.
Según el acta publicada en el boletín oficial de la provincia el día 29 de mayo de 2019, el diputado Rubén Armando Rivarola y su hijo Ernesto Cristian – que podría asumir también una banca en la Legislatura si se produce alguna renuncia, ya que es diputado suplente – son socios de Maternoa SRL.
En dicha acta queda establecido que Rubén Rivarola es el administrador de la empresa.
Siete meses después, su empresa se hizo con un contrato varias veces millonario para prestarle servicios al estado.
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Rivarola es diputado provincial desde 1997 – con excepción del período 2013 – 2017, cuando fue diputado nacional – y como tal vota el presupuesto provincial, en el que se asignan recursos al ministerio de salud.
Sólo citando el ejemplo de este año puede observarse cómo meses después de su voto, una de sus empresas está a punto de quedarse con parte de ese dinero.
Pero además, Rivarola se presenta como parte de la oposición al integrar una banca en el peronismo, aunque resultó un aliado clave para que se sancionaran leyes impulsadas por el gobernador Gerardo Morales, como la autorización de endeudamiento en al menos tres oportunidades.
Para buena parte de la dirigencia peronista, su postura ambivalente sólo se explica por los enormes negocios que la gestión Morales le concede a sus empresas.
Su participación en las empresas LIMSA, El Tribuno de Jujuy, Transporte TRAME o la constructora ECCI SRL. - todas proveedoras del estado - es motivo de comentarios recurrentes en el microclima de la política local, nunca desmentida por el diputado ni aclarado por el gobierno de Morales que declama (cada vez con menos énfasis) la transparencia en la gestión. Su participación en las empresas LIMSA, El Tribuno de Jujuy, Transporte TRAME o la constructora ECCI SRL. - todas proveedoras del estado - es motivo de comentarios recurrentes en el microclima de la política local, nunca desmentida por el diputado ni aclarado por el gobierno de Morales que declama (cada vez con menos énfasis) la transparencia en la gestión.
Los propietarios de clínicas y sanatorios con larga tradición en la provincia dejaron trascender su disconformidad cuando se conoció públicamente la resolución que le adjudicó un nuevo negocio a Rivarola, de la que aún no fueron comunicados formalmente.
Esperaban ser notificados para emitir, al menos, una expresión en conjunto.
Todos manifiestan por lo bajo una preocupación creciente por la cartelización de cada vez más servicios en el estado, y el aumento desmesurado de la presencia de un empresario que creció durante los años de poder de Eduardo Fellner y se potenció con la gestión de Gerardo Morales.
Porque la distinción entre peronismo y radicalismo es parte del folclore cuando de negocios se trata.
