El 13 de noviembre recibió una intimación para presentar, en 15 días, su declaración jurada de 2016. En el sitio oficial de la Oficina Anticorrupción tampoco figura su expediente de 2020.
A pesar de la intimación, la abogada posee documentación que certifica la presentación del documento requerido. Para ella, la intimación es una especie de mensaje mafioso como los que reciben quienes “no formamos parte del gobierno, no somos socios ni amigos. Son mensajes mafiosos porque cualquier funcionario público en una provincia normal, o incluso a nivel nacional, sabe que no nos pueden mandar notificaciones bajo manda del Código Penal cuando son cuestiones administrativas que ya vencieron, que tienen un procedimiento. Lo hacen para hostigar, amenazar, mandar mensajes. En esto tiene mucho que ver mi participación como abogada de la Multisectorial contra la Reforma de la Constitución, que irrita mucho al gobierno provincial y a sus socios”.
Para Cejas, siendo oposición no hay dónde realizar denuncias porque “son una organización. Incluso el Ministerio Público de la Acusación es una organización con su propia ley; responde y respalda a la gente que es parte del gobierno y sus socios. Me tocó denunciar ilícitos de los que tenía conocimiento y pruebas y ninguno prosperó. Me tocó defender a muchos referentes de organizaciones, de sectores representativos de Jujuy en los dos años que dejé la gestión pública, y puedo asegurar que si no tendría jueces amigos sería muy difícil que los procesos avancen. Necesitan apretarnos, hostigarnos, perseguirnos y amenazarnos para que crean que realmente uno hará lo que quieren porque les tenemos miedo. La verdad que en Jujuy ya nadie les tiene miedo porque a los mafiosos uno tiene que combatirlos”.
Cejas dijo que cuando quiso dejar su última declaración jurada de su gestión de funcionaria no quisieron recibírsela, e incluso su contador tuvo problemas para hacerlo. “En Jujuy hay una violación sistemática de derechos humanos del acceso a la justicia, inseguridad jurídica, falta de garantías constitucionales, vivimos subordinados a un Estado violento con criminales de lesa humanidad”.
“La Ley de Ética Pública exige que, desde el gobernador, todos presenten declaraciones juradas; ¿dónde están las declaraciones juradas de los jueces? Presentamos y denunciamos las incompatibilidades del clan Morales: todos tienen tres o cuatro cargos a nivel nacional y provincial. La Oficina Anticorrupción sirve para controlar a quienes no quieren Morales y compañía, no tiene otro rol. No le vemos viso de legalidad”.
Quiénes no presentaron declaraciones
Luego de que nuestro medio diera cuenta de algunas declaraciones juradas “faltantes” en agosto de este año, el sitio de la Oficina Anticorrupción estuvo caído por un tiempo. Aunque en el mismo no se especificaban prórrogas, luego se estableció un nuevo plazo de presentación de declaraciones juradas que vencía el 31 de agosto de este año.
El organismo cuestionado por Cejas está cuestionado por ser dirigido por "una militante" con instrucciones precisas de cómo actuar, e incluso no actuar, ante determinadas denuncias y situaciones, la abogada Josefa Herrera.
Cada funcionario debe presentar su declaración jurada una vez culminada su gestión anual. En este período se deberían presentar (y tal vez ya deberían estar disponibles, teniendo en cuenta cuestiones administrativas como la carga de datos) las declaraciones juradas de 2022, aunque hay algunos funcionarios que parecen haber olvidado este compromiso, entre ellos:
Alejandra Martínez (Ministra de Desarrollo Humano);
Federico Otaola (Juez del Superior Tribunal);
Gustavo Bouhid (pendiente 2022).
