Oficina Anticorrupción: Cuando al poder lo controlan los amigos

Cerca de 2 años atrás, la salida de Joaquín Millón Quintana de la Oficina Anticorrupción marcó el fin de una etapa en la que el desempeño del organismo fue duramente cuestionado.

Hubo numerosos casos donde la intervención de la OA fue una incógnita pese a que se podría haber indagado profundo en situaciones cuanto menos sospechosas.

Denuncias contra un diputado que le quitaba el sueldo a sus empleados, denuncias por gastos escandalosos en manos de uno de los hijos del gobernador, Facundo Morales, falta de rendición de cuentas cercana a los 400 millones de pesos a cargo del ex intendente Rolando Ficoseco, faltantes de 300 millones de pesos en el Ministerio de Desarrollo Humano, y mucho…mucho más.

Con la llegada de Josefa del Valle Herrera, la oficina perdió aún más credibilidad y muchos se refieren a ella como un simple anexo de Casa de gobierno. En vez de investigar, se empleó para ejercer presión contra todo aquel que criticaba al gobierno. Una presión que no sirvió de mucho porque el organismo quedó en el olvido y nadie sabe cual es su función.

La repentina designación incluso tomó por sorpresa a la propia Josefa del Valle Herrera, quien se mostró bastante desconcertada a la hora de hablar con la prensa. Quizá por ese motivo tuvo un exabrupto poco feliz. Al ser consultada sobre la independencia de la oficina respecto del poder político contestó: “Voy a tener independencia, esas han sido las instrucciones del gobernador, independencia para investigar casos de corrupción. No me cabe la menor duda”.

La propia fiscal reconoció abiertamente su proximidad con el poder de turno. “Estuve como asesora de la procuración general de la provincia, me desempeñé como asesora en la Legislatura del bloque radical, asesora del Senado de la Nación cuando el actual gobernador era senador y fui presidenta de la Secretaría de la Mujer de la UCR”.

Recientemente, un caso de clientelismo sacudió a la comunidad de Rodeíto y según cuentan las propias denunciantes, desde la oficina no hicieron más que pedirles sus teléfonos. Un verdadero bochorno sobre todo dado que el propio comisionado municipal, Eduardo Orellana reconoce en un video que entrega lotes a quienes trabajan para él.

En diálogo con Radio 2, Juan Manuel Soler, quien se desempeñó como fiscal adjunto hasta abril de 2020 indicó: “La obligación de brindar transparencia en cada una de las gestiones. La oficina tiene facultades para actuar de oficio. Es un organismo de carácter administrativo, es prejudicial. El objetivo es llevar delante de manera rápida las investigaciones necesarias para detectar estos incumplimientos a la ley de ética público y algún tipo de cuestión en contra el erario público y de los recursos del estado y posteriormente hacer la denuncia penal”.

“Quienes ocupan esos lugares tienen la obligación de estar a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

Asimismo, el letrado puntualizó: “Cualquier organismo que se cree cuyo objetivo sea controlar el manejo de los recursos públicos yo prefiero tenerlo, ahora también he sido critico de como es el formato de selección de quien lleva adelante el organismo, que es designado por el gobernador. Tenemos hasta ahora dos experiencias de fiscales pero seguramente será gente cercana al gobernador”.

“La Oficina Anticorrupción debe estar en manos de la oposición o que su titular sea designado por concurso.De esa manera podemos tener un verdadero control objetivo”

Hagamos un repaso de algunas de las causas que quedaron en el camino:

• Marcelo Nasif diputado provincial del Frente Primero Jujuy reconoció una práctica de cuestionable moralidad luego de la difusión de un audio comprometedor: el legislador solicitaba parte del sueldo a sus empleados para financiar el partido o apoyar a los compañeros menos favorecidos. Luis Alfredo Gaspar denunció este accionar ante la justicia penal.
• En 2018 a pocos meses de la asunción del ministro de Turismo Federico Posadas, miembros de la oposición política ya habían efectuado una serie de denuncias en su contra. Entre las que cobraron mayor revuelo mediático se encuentra “el domicilio apócrifo” y “el fraude de los mails”.
• A mediados de año 2018, el ex ministro de Desarrollo Económico y Producción Juan Carlos Abud Robles estuvo en boca de todos luego de que el ex Jefe de Gabinete Marcos Peña revelara su nombre dentro de la nómina de directivos de la petrolera estatal YPF. La denuncia fue radicada por la diputada de la oposición Alejandra Cejas y fue por “incompatibilidad de cargos”
• En 2018 previamente a la salida de Ada Galfré al mando de la cartera de Desarrollo Humano, el Tribunal de Cuentas informaba la detección de irregularidades sobre el ejercicio correspondiente al año 2016, con un faltante de 300 millones de pesos.

Los aliados del oficialismo jujeño en el interior estuvieron salpicados numerosas veces por denuncias de corrupción.

• Félix Pérez ex intendente de Tilcara, observado por el Tribunal de Cuentas, determinó el faltante de 54 millones de pesos al terminar su gestión en 2015. La defraudación de esa millonaria suma fue tan evidente que la Fiscalía de Estado tuvo que intervenir embargando sus bienes.
• Leonel Herrera fue destituido de su cargo como intendente de Humahuaca acusado de manejos irregulares con los fondos del Hotel de Turismo a mediados del 2019.
• En Perico el ex intendente Rolando Ficoseco, fue investigado por falta de rendición de cuentas, por una cifra aproximada a los 400 millones de pesos.
• Miguel Ángel Tito, ex intendente de La Quiaca dejó su cargo envuelto en polémicas tras ser vencido por Blas Gallardo en las pasadas elecciones. Se lo denunció por falsificación de documentos públicos, previamente por decisión del Concejo Deliberante estuvo suspendido de su cargo tan solo 5 días, antes de que el Superior Tribunal de Justicia lo restituyera en tiempo récord en una maniobra de dudosa independencia de poderes.
• En Palpalá el ex intendente Pablo Palomares, se vio envuelto en un escándalo, ya que el Instituto Municipal de Desarrollo que funciona en el Centro Cívico palpaleño también apareció en la órbita del Tribunal de Cuentas por el faltante de $136 mil correspondientes al ejercicio 2016.