Hoy, una nueva denuncia (o varias, como se prefiera verlo) pone en tela de juicio la continuidad de Lello Sánchez en su cargo: el Juez de Control Rodolfo Zurueta lo acusó de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en la Legislatura y pidió su juicio político.
Zurueta dice que ningún trabajador judicial puede ejercer libremente sus funciones si Lello Sánchez continúa en funciones, y afirma que quieren detenerlo y encerrarlo (“como hizo con Nallar”) por su apoyo a comunidades originarias que cortaron rutas y protestaron contra el gobierno, pidiendo el derrocamiento de Morales y la derogación de la Constitución provincial, junto a sindicatos y organizaciones sociales.
También asegura tener pruebas para las denuncias en contra de Lello Sánchez. Las enumeró en el documento que presentó oficialmente en la Legislatura:
El proceso es en contra de Sergio Lello Sánchez y otros funcionarios, para investigar posible comisión de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Se enumeran los siguientes hechos que cuestionan a estas autoridades:
- El 16 de noviembre de 2016 se detuvo a un hombre por robo en coautoría y solo hubo una audiencia. El 14 de noviembre de 2018 se pidió el cese de la detención del sujeto.
- Ese mismo año, el ayudante fiscal Carlos Ariel Gil Urquiola intimó a Elisabeth Rosario López, que estaba detenida y sin representación legal, a firmar un convenio de reconocimiento de una deuda de $120.000 y dándole 28 días para pagarlos. La policía la intimaba constantemente a pagar la deuda.
- El agente fiscal Aldo Lozano y el ayudante fiscal Mauricio Ficoseco dispusieron privar de la libertad a María Laura Mamaní y otras personas, primero por averiguación de antecedentes por 24 horas, y luego por otros cargos, con actuación irregular de la policía y del Ministerio Público de la Acusación.
- El 2 de julio de 2020 se ordenó un allanamiento y se secuestraron varios elementos. Al día siguiente se inspeccionó un vehículo y se demoró a J.G.T. y D.E.A. Se criticó que la inspección del vehículo y la detención de D.E.A. se realizaron sin orden judicial
- El 18 de diciembre de 2016, Rodrigo Zenarruza Quintana denunció que el fiscal general habría agredido física, psicológica y socialmente a menores de edad. La causa nunca avanzó.
“Espero que (el pedido de juicio político) se trate en la Legislatura", dijo Zurueta.
Lello Sánchez ya había sido denunciado anteriormente: en julio de 2019, la abogada Agustina Aramayo, secretaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hizo pública su denuncia por “violencia de género y mobbing laboral” en contra de Lello Sánchez ante el Superior Tribunal de Justicia.
Y en noviembre de 2021 María Eugenia Ríos, una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, presentó una denuncia en la sede de Tribunales, donde inicio una acción legal por hostigamiento laboral y violencia de género en contra del jefe de fiscales.