De las tres empresas que participaron, quedaron solo dos: Santa Ana y El Urbano fueron adjudicadas. Sin novedad alguna de lo que pasó con Xibi Xibi.
En detalle, la adjudicación a los grupos licitados:
- Grupo I: adjudicado a la empresa Santa Ana
- Grupo II: adjudicado a la empresa El Urbano
- Grupo III: adjudicado a la empresa Santa Ana
- Grupo IV: declarado desierto, disponiéndose un permiso precario de prestación del servicio a la empresa Santa Ana.
¿Qué pasará con el transporte en la capital jujeña?
Tras conocerse esta novedad, Radio 2 dialogó con Víctor Lamas, ex chofer de la empresa Santa Ana, quien expuso una situación crítica del servicio, marcada por despidos, deudas millonarias y presuntas irregularidades en el proceso de licitación.
Conflicto salarial y deuda millonaria
El trabajador del volante afirmó que las empresas, y específicamente Santa Ana, adeudan aproximadamente 15 millones de pesos a cada trabajador por incumplimientos salariales y falta de aplicación de la escala nacional de UTA.
Enfatizó que en Jujuy no se respeta la paritaria nacional, a pesar de que no existe ningún convenio firmado que autorice una escala provincial menor.
Despidos y “listas negras”
Lamas marcó que hay al menos 140 choferes despedidos en la provincia por reclamar el pago de sus haberes. De ese total, más de 70 pertenecen a la empresa Santa Ana.
En tal sentido, aseguró que existe una "lista negra" que impide a los choferes despedidos reinsertarse en otras empresas del sector, las cuales quedarían mayoritariamente bajo el control de los mismos grupos tras la licitación.
Cuestionamientos a la licitación y a las autoridades
El chofer criticó que la Municipalidad haya adjudicado la mayor parte de los recorridos a la empresa de Jorge Castelli (Santa Ana), a pesar de sus antecedentes de incumplimiento salarial y falta de mantenimiento de las unidades.
En esa misma línea de cuestionamientos apuntó al referente de la CGT en Jujuy, Freddy Berdeja, acusándolo de defender los intereses de los empresarios al pedir a los choferes que "esperen a que termine la licitación" para darles "garantía por 10 años" a las empresas, en lugar de exigir el pago de las deudas actuales.
También señaló que el interventor de UTA en la provincia, Julio Ramírez, no los representa y que incluso ha llegado a poner custodia policial en el gremio para impedir el ingreso de los trabajadores que reclaman.
