OFICINA ANTICORRUPCIÓN

El 30 de junio vencía el plazo original para que los intendentes, legisladores, concejales, jueces de tribunales inferiores y fiscales del poder judicial presenten sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. Solo 22 de la primera plana de gobierno realizaron el trámite; algunos llevan más de dos períodos de retraso. Gracias a las últimas resoluciones tendrán tiempo adicional.

En la Casa Rosada circula la versión de que la ministra le pidió al presidente irse a la Oficina Anticorrupción en la reunión que tuvieron en el comienzo de la semana.

La estadía de la fiscal Josefa Herrera se extenderá por tiempo indeterminado, avalada por la reforma constitucional, pero los méritos para seguir ostentando el cargo son escasos. En poco más de cuatro años desestimó sistemáticamente toda denuncia contra los miembros del gobierno provincial y con criterios totalmente disímiles investigó o citó a ciudadanos que no comulgaban con el proyecto político de su jefe confeso Gerardo Morales.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y será a través de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

Una diputada nacional cuestionó su honorabilidad para la percepción de la jubilación como ex mandatario.

El fiscal Diego Orellana indicó que no los notificaron de la situación ni las razones de la misma.

La ex legisladora Alejandra Cejas recibió una intimación para presentar su declaración jurada de 2016 aunque asegura que ya cumplió con el trámite. Mientras tanto, el cuestionado organismo hace la vista gorda ante casos de corrupción e incumplimientos de funcionarios del oficialismo.