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Lucio como Alexis, víctimas de un Estado que les dio la espalda

Las últimas derivaciones del caso que ha conmocionado a todo el país guardan reminiscencias con hechos acontecidos hace casi cinco años atrás en nuestra provincia. No solo por el macabro filicidio en cuestión o el delicado contexto familiar que rodeaba a los menores, el caso Alexis Mamaní (3) también fungió como punto de quiebre para la sociedad, hasta llegar a cobrar relevancia nacional, incluso puso en jaque la carrera de un importante grupo de funcionarios estatales.

  • Coincidencias entre los filicidios ocurridos en Santa Rosa (2021) y Palpalá (2018).
  • El aparato estatal estaba alertado sobre la delicada situación familiar, denuncias cruzadas y violencia en ambos casos.
  • Gravísimas acusaciones fueron formuladas contra funcionarios públicos, profesionales, incluso actores del poder judicial.

Ana Pérez Ballester titular del Juzgado de Familia y Menores N° 1 de General Pico, quien otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su progenitora, ha sido denunciada por incumplir con los deberes de funcionario público. Con el tiempo la justicia determinará el grado de responsabilidad de la magistrada, señalada por la familia paterna del niño, buena parte de la opinión pública e incluso la ONG Más Vida por “ignorar varias alertas que podrían haber evitado la muerte”.

La causa jujeña a comparar, cuya sentencia fue dictada a fines de 2020 condenando a prisión perpetua a Ana Cecilia Gómez (madre de Alexis), en una etapa prematura del proceso, el desempeño de varios funcionarios públicos de mayor o menor jerarquía fue investigado, en un proceso que no pareció obtener la relevancia merecida y efectivamente guarda semejanzas con la actual situación de la jueza pampeana. El pequeño había sido tratado por un equipo numeroso de profesionales teóricamente idóneos, no obstante surge de los informes que nadie logró divisar la deteriorada relación intrafamiliar.

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Desde la aparición sin vida de Alexis sobre el lecho del río Grande (20/03) la justicia puso inmediatamente la lupa sobre una decena de efectivos policiales tras la “filtración”, de material fílmico sensible donde se veían las tareas de recupero del cuerpo. Pero sería recién a finales de 2018 cuando el fiscal de Investigación Penal Aldo Lozano tomó la decisión de imputar a Gabriela Ferreyra Jenks por entonces directora de Protección Integral de la Niñez, junto a la asistente social y psicóloga del gabinete palpaleño que intervinieron directamente en el caso y según informaron en las entrevistas “no detectaron signos de maltrato infantil”.

Una crónica periodística de JujuyalMomento fechada el 21/03 describe la situación de marginalidad, violencia y abuso en la que vivían tanto la víctima como su hermano por ese entonces: Todos los especialistas consultados por este medio coinciden en que urgía adoptar lo que se denomina una medida de “abrigo”, retirándolo inmediatamente de ese entorno hasta que se pueda encontrar una salida a la compleja trama de patologías que se advertían.

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Casi un año después el juez de Control N° 1 Gastón Mercau entendería, a diferencia del fiscal quien había pedido oportuna elevación a juicio, que no existía responsabilidad de las mencionadas, consecuentemente sobreseyéndolas y cerrando definitivamente un capítulo muy comprometedor para múltiples áreas del Ministerio de Desarrollo Humano, conducido hasta principios de 2019 por la licenciada en Trabajo Social Ada Galfré, sumamente criticada por el proceder de sus subalternos. Probablemente este episodio, sumado a una gestión deficiente, precipitaron la salida de una histórica compañera del gobernador, reubicada en puestos de menor exposición y recientemente homenajeada por su actual jefe e intendente de San Salvador debido a “su lucha continua por los Derechos Humanos”.

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Imposición de nombre al CeMDIC de B° Campo Verde (foto: prensa de la municipalidad.)

Imposición de nombre al CeMDIC de B° Campo Verde (foto: prensa de la municipalidad.)

La publicista e hija de la ex ministra, Soledad Sapag, corrió a la postre con mejor suerte, expandiendo su carrera en el Estado al punto tal que lleva 20 años ininterrumpidos dentro del universo público rotando de cargo y dependencia constantemente: paso de ser secretaria de Paridad de Género entre 2015-2019 a secretaria de Atención Integral a la Violencia de Género hasta 2021 y finalmente integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

La condena pública y la presión ejercida por familiares de Ciriaco Mamaní (padre de Alexis) empujaron a Galfré a comprometerse en una “revisión del desempeño de sus funcionarios y eventualmente realizar cambios”, aunque no se traduciría en modificaciones notables, solamente el corrimiento de Jenks quien vio como su prestigio había quedado sensiblemente comprometido tras la imputación mencionada líneas arriba. La abogada Fernanda Montes sería designada en su reemplazo, un mero enroque que trajo aparejado nuevas controversias, ya que había trabajado como asesora de la Oficina de Protección de Derechos de Palpalá durante el asesinato, su valoración sobre los antecedentes familiares resultaron fundamentales para que los niños Mamaní permanezcan al cuidado de su madre. Tras su breve paso por la Dirección de Protección Integral de la Niñez terminaría recalando a inicios de 2022 en el Instituto de Seguros de Jujuy en carácter de secretaria general de Asuntos Judiciales y Extrajudiciales.

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Aunque tuvo sus tropiezos el currículum de Ferreyra Jenks se fue reacomodando, la joven abogada ya había tenido la suerte de acceder a un cargo jerárquico como directora provincial de Protección Integral de la Niñez solo dos años después de culminar sus estudios. El episodio Alexis sería su estigma al menos durante 2018: intentó postularse como Defensora del Niño solo unos meses después del macabro suceso, aunque el gobernador no volvió otorgarle el mismo voto de confianza. Retrocedería en el escalafón hasta convertirse en empleada de la municipalidad capitalina según describen sus declaraciones juradas mientras oficiaba en simultáneo como docente en una universidad privada. Un año después sería reubicada en el Ministerio de Trabajo, primero como directora de Fiscalización y desde marzo 2020 secretaria de Trabajo hasta ser designada como directora provincial de Asuntos Municipales tras el último recambio ministerial en las carteras de Trabajo y Justicia ocurrido en 2022.

Una enorme red burocrática incapaz de salvar a Alexis

El Ministerio de Desarrollo Humano es el encargado, entre otras cosas, de diseñar políticas destinadas a identificar, estudiar y contener dramas sociales como el que sufría Alexis. Para ejecutar las acciones que surjan de ese estudio cuenta con dos Secretarías y al menos cuatro Direcciones; independientemente de la injerencia, el expediente llegó a transitar por los despachos de la ex secretaria de Niñez Adolescencia y Familia Ana Cristina Rodríguez, quien trabajó allí durante casi la totalidad del primer mandato de Gerardo Morales, luego se alejaría de la función pública para dedicarse a la actividad privada como psicóloga, también como docente. Como dato anecdótico su “BAJA”, recién sería publicada en el boletín oficial tres años después de efectuada.

También recaló en las manos de la ex directora de Atención Integral de Violencia de Género Natalia Segovia, cuyo puesto varió un par de veces en los años posteriores: dejó el poder Ejecutivo para pasar al judicial pero siempre manteniendo el mismo ámbito de especialidad. En 2019 pasa a ser pro secretaria de Juzgado y tras dos años asciende dentro de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, manteniendo un perfil bajo a diferencia de sus primeros años como funcionaria donde ostentaba continúa presencia en los medios.

Entre los funcionarios municipales que intervinieron en el caso se encuentran Sebastián Soria quien en su carácter de asesor legal cambia de camiseta permanetemente, trabajando para el intendente Rolando Ficoseco (Perico) promediando la década pasada, luego bajo las órdenes del radical Pablo Palomares como coordinador de la Oficina de Protección de Derechos de Palpalá entre 2016-2019, trasladado tras el hecho de sangre hacia la Dirección de Desarrollo Humano y actualmente bajo las órdenes de Rubén Eduardo Rivarola en la misma jurisdicción. Sobre el período que le compete en la OPD palpaleña, Soria varias veces fue criticado por su “pasividad”, tanto por la familia materna como paterna del niño. Esta dependencia fue principal punto de contacto entre los profesionales tratantes y la desarticulada familia por al menos seis meses antes del crimen, siendo que Ciriaco Mamaní se encontraba preso tras ser denunciado por violencia de género en contra Ana Gómez. Según explicaron desde ambos lados, había todo tipo de señales de severos problemas intrafamiliares que no habrían sido debidamente interpretadas.

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En los informes elaborados por la psicóloga Griselda Cabrera y la trabajadora social Mónica Borneman (imputadas y luego absueltas junto a Jenks) se dio el visto bueno sobre las facultades maternales, apoyadas por otra funcionario municipal, Carolina Barcellona titular de la Oficina de Violencia de Género, quienes vislumbraron facultades destacables como preocupación por la salud, higiene, educación, contención de los menores entre otros aspectos, sin detectar un ápice de la violencia que Ana Gómez sería capaz de propinarle a su hijo solo unos meses después. Otro dato curioso, la licenciada Barcellona quien ya se venía desempeñando en la municipalidad siderúrgica desde la gestión anterior según consta en sus declaraciones juradas, terminaría su relación con la municipalidad en 2019 guardando un perfil muy bajo lejos de la actividad pública, pero según consta en un acta de la Dirección Provincial de Capital Humano participó de un concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de lic. en servicio social, quedando marginada de la terna al no presentar la constancia de matrícula habilitante, requisito fundamental para ejercer la profesión en la provincia.

De vuelta en La Pampa, mientras se espera la condena programada para el próximo 13/02 resta saber si las causas anexas al crimen de Lucio Dupuy involucrarán tamaña cantidad de funcionarios o las acusaciones contra la jueza Ana Pérez Ballester quedarán en un bramido de indignación popular libre de culpas como ocurrió en nuestros pagos. Lectores y usuarios estén preparados para un masivo movimiento en la web, por estos días las redes se llenarán de especulaciones sobre posibles fallos críticos en la red médica y judicial pampeana, de confirmarse… quizás estemos ante otra posible red burocrática incapaz de salvar a los ciudadanos más indefensos.

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