Una enorme red burocrática incapaz de salvar a Alexis

El horror sacudió a Jujuy en la jornada del martes 20 de marzo. 

Una madre enajenada confesó ser la autora de un aberrante hecho que terminó con la vida de su hijo. 

Ana Cecilia Gómez está imputada por homicidio agravado por el vínculo, tras haber admitido que asesinó a su hijo, Alexis Antonio Gómez Mamaní, con golpes en la cabeza y asfixia por sofocación. Tras el cruento crimen, arrojó el cadáver en un sector del Río Grande, a la altura del puente Zapla en la ciudad de Palpalá. 

Al margen de la locura y la patología mental impredecible que se apodera de un ser humano, hay señales de fallas graves en el estado, que invierte año tras año gigantescos presupuestos en recursos humanos que se demuestran incompetentes, ineficaces, faltos de profesionalismo y trayectoria en problemáticas sociales preocupantes. 

El ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Ada Galfré, es el encargado, entre otras cosas, de diseñar políticas destinadas a identificar, estudiar y contener dramas sociales como el que sufría Alexis. 

Para ejecutar las acciones que surjan de ese estudio cuenta con dos secretarias y al menos cuatro direcciones; La Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia, a cargo de Ana Rodríguez, la Secretaría de Paridad de Género, a cargo de Soledad Sapag (hija de la ministra Galfré), que a su vez cuenta con las direcciones de “Protección Integral de la Niñez”, a cargo de Gabriela Ferreyra Jenks, su oficina homónima en el municipio de Palpalá a cargo de Sebastián Soria, la Dirección de “Atención Integral de la Violencia de Género”, a cargo de Natalia Segovia, con su respectiva versión municipal, cuya titular es Carolina Barcellona. 

Cada dirección cuenta, en teoría, con presupuesto propio y empleados a cargo. 

Alexis vivía en un contexto de violencia intrafamiliar: su padre está detenido por una denuncia realizada por la madre, quien según comprobó el fiscal recibió una golpiza de su ex marido. 

Además, el pequeño fallecido, junto a su hermano Joel de 8 años, fueron víctimas de abuso sexual, nuevamente según los indicios que maneja la fiscalía que investiga el caso. Esto también fue denunciado y las autoridades tenían conocimiento de ello. 

El domicilio en el que vivían está ubicado en un barrio marginal, y según denunció ante las oficinas antes nombradas su abuela paterna, la madre y su entorno “vivían de joda”. Si bien el argumento es discutible, representa un dato que un profesional dedicado a la materia no puede ignorar. 

Todos los especialistas consultados por este medio coinciden en que, habiendo tantos indicios de la situación de riesgo en la que se encontraba tanto el menor como su hermano, urgía adoptar lo que se denomina una medida de “abrigo”, retirándolo inmediatamente de ese entorno hasta que se pueda encontrar una salida a la compleja trama de patologías que se advertían. 

En el sitio web del Ministerio de Desarrollo Humano no se especifican los antecedentes de ninguno de los funcionarios citados. Esto es, no se detalla la experiencia desarrollada en su trayectoria, o formación previa que avale la conducción de un espacio tan sensible. Todos son jóvenes, y algunos de ellos reconocidos por su militancia política. 

En menos de un año, la provincia soportó con asombro tres dramas familiares con consecuencias trágicas. 

El 17 de mayo de 2017, en Huacalera, una mamá se hacía cargo de un hecho espeluznante: mató a sus dos hijos, un bebé de 20 meses y otro de 4 años. Ambos fueron asfixiados, el bebé por sofocación, su hermano por ahorcamiento. El padre de las criaturas tenía registros de alcoholismo y denuncias por violencia de género. La madre presentaba un deterioro psicológico notable. El estado nunca llegó. 

El 28 de febrero de este año, un hombre, con denuncias por violencia de género, retiró de la casa materna a su hijo de 2 años, con la excusa de dar un paseo. Lo terminó asesinando con una cuerda y luego se suicidó. 

La historia de Alexis y las imágenes de su cuerpo en el río son otra explosión de bronca y dolor en el sentir de la sociedad jujeña. Su nombre circula entre la gente como el “angelito”, víctima de una locura. 

Cientos de trabajadores/as sociales con experiencia y trayectoria ocupan cargos de menor jerarquía en la marea que forma la superpoblada administración pública de Jujuy. La Universidad Nacional de Jujuy forma profesionales específicamente en la materia y cuenta con docentes especializados. 

A la luz de los acontecimientos, los antecedentes y la formación no fueron un criterio utilizado por la actual gestión para designar a quienes diseñan y ejecutan las políticas destinadas a evitar las tragedias sociales en los sectores propensos a ellas. 

Así, el gobierno actual, de la misma forma que sus antecesores, da muestras de una subestimación alarmante de una problemática social sensible y en franco proceso de agravamiento. 

Juegan con fuego.