Crimen de Alexis: las pruebas que complican al entorno de la ministra Galfré
Informes de la Secretaría de Paridad de Género – a cargo de la hija de la funcionaria – y de la Secretaría de Niñez aprobaban el comportamiento de la madre del menor, que posteriormente confesó el asesinato; la causa, sin embargo, gira por ahora sobre funcionarias de menor jerarquía.
La investigación por el crimen que sacudió a la provincia el 20 de marzo de 2018 avanza sobre las responsabilidades políticas a raíz de posibles desempeños negligentes en el seno del Ministerio de Desarrollo Humano a la hora de atender un drama familiar, aunque hay un comentario generalizado que retumba en las oficinas de esa cartera y advierte que los imputados se decantan según su cercanía o distancia con el poder.
Horas después del hallazgo del cadáver del pequeño de 3 años en las márgenes del río, su madre, Ana Cecilia Gómez, confesó el crimen, y aunque luego se desdijo, la justicia tiene pocas dudas respecto de la autoría material del aberrante hecho.
El camino que resta por recorrer entonces para la fiscalía de investigación N°4, a cargo de Aldo Hernán Lozano, se enfoca en la posible negligencia de los funcionarios, quienes, según el fiscal, tuvieron en sus manos la posibilidad de adoptar medidas excepcionales que aíslen a la víctima y a su hermano de 7 años de un contexto familiar dramático.
Las dos primeras forman parte del equipo interdisciplinario de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Palpalá, que intervino en el caso.
A ellas, el fiscal las responsabiliza por no haber recomendado el apartamiento de los chicos de ese contexto problemático, acudiendo al auxilio de la justicia de menores. La ley 26.061 (de protección integral de niños, niñas y adolescentes) les brindaba herramientas para hacerlo.
Por el contrario, las profesionales firmaron un informe en el que destacan que “se observa apego afectivo materno, condiciones de higiene satisfactorias al momento de las entrevistas” mientras que en otro fragmento remarcan gestos de “contención de la madre hacia sus hijos”.
Dicho informe consta en el expediente P – 195739 – MPA, que investiga el crimen.
Aquí surge el primer interrogante.
Fuentes directas del Ministerio de Desarrollo Humano subrayan que el equipo interdisciplinario integrado por Borneman y Cabrera se completaba en aquel momento con la abogada Fernanda Montes, cercana a la ministra Galfré, quien no sólo no fue señalada en la investigación si no que luego fue promovida y hoy se desempeña como Directora de Protección Integral de la niñez.
Por otro lado, si se revisa el organigrama del ministerio de Desarrollo Humano en marzo de 2018, existe un que dato llama la atención.
La otra imputada, Gabriela Ferreyra Jenks, ex directora de Protección Integral de niñez (luego reemplazada por Montes), tenía en su rol un subordinado directo, cuya responsabilidad era la de controlar el trabajo del mencionado equipo interdisciplinario.
Se trata de Sebastián Soria, quien al momento del crimen se desempeñaba como titular de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Palpalá.
El nombre de Soria tampoco aparece entre las imputaciones, pese a que la cadena de mandos en la intervención del caso lo rozaría de forma directa.
Lejos de eso, fue ascendido por el intendente Pablo Palomares y hoy ostenta el cargo de Secretario de Desarrollo Humano de la municipalidad de Palpalá.
Todos los cargos mencionados dependen directamente de la secretaria de niñez, adolescencia y familia, Ana Rodríguez, funcionaria de confianza de la ministra Galfré, quien tampoco fue hasta el momento alcanzada por la investigación y permanece firme en su puesto.
Dicho informe, que también consta en el expediente del caso, está firmado por la licenciada en trabajo social, Carolina Barcellona, y por la licenciada en psicología, Sandra Sosa.
Allí las profesionales destacan que la mamá de la pequeña víctima “mostraba interés y cuidado por sus hijos, visibilizada en la escolaridad y en la salud, mostrando los niños aspectos saludables e higiénicos, conductas proteccionistas hacia ellos, tendientes al cuidado y bienestar de los mismos”.
Trabajadores rasos del ministerio ubicado en el barrio Los Huaicos que conversaron con este medio se preguntan si el mismo criterio que se aplicó para imputar a Borneman y Cabrera no hubiera correspondido para evaluar el desempeño de Barcellona y Sosa.
Hay un punto en el que casi todos los investigadores y conocedores del caso coinciden: la conducta de Ana Gómez fue totalmente impredecible y, de confirmarse la hipótesis del filicidio, era prácticamente imposible que los profesionales pudieran haber anticipado semejante desenlace.
Sin embargo, queda de manifiesto que hasta el momento en la cadena de responsabilidades se corta el hilo por lo más delgado, ya que funcionarios con igual o mayor responsabilidad que los imputados no fueron alcanzados por la investigación, y su desempeño lejos de ser cuestionado fue premiado con mejores posiciones dentro del gobierno.