Dicho decreto estableció nuevos mecanismos de actualización para los ítems que componen el Valor Agregado de Distribución (VAD) que propone EJESA y dispone el ente contralor provincial: cargo fijo y uso de red serían reajustados de manera proporcional con los incrementos salariales que perciben los trabajadores estatales, abandonando el esquema de ajuste trimestral por inflación que tantos dolores de bolsillo ha causado.
Embed - Oehler en apuros: no pudo justificar cuánto recauda la SUSEPU por lo que se cobra de luz
Pero la medida fue implementada de manera tardía, el tarifazo ya había sido ejecutado en febrero a través de la resolución N°60. Ninguna autoridad se hizo cargo, siquiera cuando la suba desproporcionada fue judicializada por las abogadas que defienden a los consumidores en el Tribunal Contencioso Administrativo. Por el contrario, iniciaron estrategias para proteger la renta de la distribuidora EJESA, a costa del bienestar ciudadano.
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La falacia del gobierno local se construía responsabilizando exclusivamente al presidente Milei y su secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes buscan desde el inicio de la gestión, un nuevo modelo de canasta energética donde no exista el congelamiento de precios a la fuerza y en todo caso los subsidios se concentren en la demanda específica.
Si bien es cierto que los grandes consumidores, comercios, industrias y usuarios con ingresos económicos altos acusaron inmediatamente el golpe tarifario de este nuevo esquema pasando a pagar tarifa plena. No ocurriría lo mismo con los usuarios N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios) si no hasta junio, luego de múltiples prórrogas. Un dato que incluso puede verificarse con el último reporte de inflación que publica el Indec, donde fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles la categoría que más subió en el promedio país con 14,3%.
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Según el informe 2023 elaborado por la oficina de Gestión Comercial de EJESA el 89% de los usuarios es de tipo residencial, al que distribuyen el 56% de la energía transferida desde el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y aunque no distingue que nivel de los 240.810 usuarios corresponde a cada segmento, es bien sabido que se integra por amplia mayoría de usuarios de bajos y medios ingresos.
La reformulación de los cuadros tarifarios autorizada por SUSEPU para el corriente año ya había implicado un primer salto de los conceptos cargo fijo y uso de red de 41% con la resolución N°409 que comprendía el trimestre noviembre-enero. Para el siguiente período febrero-abril la entrada en vigencia de la resolución N°60 dio otro salto exponencial de 73% en promedio, aún injustificado y pendiente de resolución judicial en la Corte Suprema de Jujuy. Durante ese semestre el cargo consumo de energía que fija Nación para la compra en el MEM no llegó a variar más de 2% para los segmentos más populosos, demostrando las mentiras conceptuales en que incurrieron el secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro y el presidente de SUSEPU, Carlos Oehler, quienes fungieron como voceros.
Los usuarios residenciales de bajos y medios ingresos no sufrieron la quita de subsidios nacionales si no hasta junio. Durante los primeros cinco meses del año, los tarifazos fueron obra exclusiva de EJESA y SUSEPU.
Finalmente con la resolución N°225 donde ya fue aplicado el parámetro de actualización según variación salarial, el aumento del VAD fue de 10% aproximadamente. Mientras que el cargo consumo de energía fijado por Chirillo desde Buenos Aires finalmente pasó de $5,9156 para un usuario estándar de ingresos medios a $43,5093 lo que implica un aumento de 635%.
El panorama se agravó con la decisión del gobierno nacional de quitar subsidios, incluso se especula que al culminar el esquema, las facturas aumentarían hasta 12 veces su valor respecto de comienzos de año. Este hecho no quita que los funcionarios de Jujuy fingieron desconocer que entre febrero y junio el aumento en las facturas de luz fue obra suya, incluso en el cierre del 2023 como fue explicado. Boletas que duplicaron su valor, incluso más comenzaron a llegar a las casas que todavía no pagaban tarifa plena.