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El secretario de Energía anunció un decreto para actualizar tarifas a la par de los salarios

En las últimas horas, Mario Pizarro volvió a responsabilizar al presidente Milei y la quita de subsidios como la principal causa, minimizando la injerencia que tuvo el binomio EJESA-SUSEPU en el aumento de componentes locales. El todavía ignoto decreto provincial que modificará el criterio de aumento basado en la movilidad salarial de los empleados públicos no implica retrotraer las tarifas, esa facultad queda reservada para el gobernador, legisladores o ente de control quienes todavía no muestran la voluntad política de hacerlo.

  • Mario Pizarro afirmó que los conceptos provinciales en la boleta de luz se dispararon por la inflación.
  • La suma de la inflación trimestral entre noviembre y enero continúa siendo inferior a los aumentos; los argumentos del funcionario no tienen correlato.
  • El anuncio de un decreto, todavía no publicado, que impone ajustes tarifarios proporcionales a los salarios no implican recalcular el cuadro tarifario.

Los funcionarios del gobierno jujeño han tratado en vano de construir un relato del tarifazo eléctrico retaceando verdades parciales. Es cierto que el nuevo paradigma de libre mercado y retroceso del Estado en la cosa pública implicó una quita de subsidios (el gobierno de Fernández/Massa lo dispuso así en 2022) pero esta medida sigue sin alcanzar a los usuarios residenciales que integran los niveles de ingresos bajos (N2) y medios (N3) en la actualidad, limitándose al segmento más acaudalado, consumos comerciales, industriales, entre otros.

La resolución N°60/2024 aprobada por la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) exhibe con absoluta claridad que los únicos cargos que incrementaron exponencialmente su precio corresponden al Valor Agregado de Distribución (VAD) tanto en Cargo Fijo como Uso de Red. Dejando el Consumo de Energía correlativo al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con una mínima variación, no superior al 2%.

VARIACIÓN RESOLUCIÓN Nº60 RESPECTO DE ANTERIOR

Tarifa residencial N3 para consumo un consumo de 300 Kwh

Cargo Fijo $1.242 → $1.822 = 73,67%

Cargo por uso de red $19,8536 Kwh → $34,4734 Kwh = 73,64%

Cargo por consumo de energía N3 $5,8409 Kwh → $5,9146 = 1,26%

Sectores opositores, profesionales legales, contables, periodismo crítico, incluso usuarios de EJESA atemorizados por la inminente secuela de los tarifazos, ahora versión nacional, siguieron atentamente las declaraciones públicas de Mario Pizarro, Carlos Oehler (Pte. SUSEPU) y allegados, quienes trataron insistentemente de justificar los aumentos domiciliarios de entre 70% hasta 150% responsabilizando al gobierno de Milei.

“Hay una política nacional que estipuló un sinceramiento tarifario; dejaron de otorgar subsidios para la compra de energía, particularmente a los sectores de clase media. Siempre dijimos que la política del presidente Milei va a contramano de lo que dijo en la campaña: que a los costos los tenía que pagar la casta política”, dijo Pizarro en su última aparición pública repitiendo la misma cantinela inconsistente oída desde marzo.

Embed - Palpaleños reclamaron contra el tarifazo mostrando sus boletas

La premisa del ajuste ciudadano finalmente no se cumplió: el pasado 01/05 tenían que entrar en vigencia los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas previstos bajo los parámetros de indexación mensual que el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo había definido tras las audiencias públicas del primer bimestre. Hecho que no ocurrió, según informaron fuentes oficiales, se trata de un intento por consolidar la desaceleración inflacionaria; estabilizar las arcas (sostener el superávit del primer trimestre) después de tanto sacrificio obtuvo una mínima recompensa para los usuarios, por ahora no hay fecha para la quita paulatina de subsidios. Por más que le pese a los funcionarios jujeños, todavía no ocurrió, la falacia se cayó.

Embed - Cuando los jujeños reclaman por las subas en EJESA, "no les dicen nada"

Ante la catarata de críticas recibidas por la falta de empatía para con los ciudadanos (el gobernador, legisladores y SUSEPU podrían retrotraer el tarifazo) fue anunciado un decreto aparentemente emitido ayer, aunque todavía no se encuentra plasmado en el boletín oficial, donde las futuras actualizaciones tarifarias “no seguirán la inflación, sino que se actualizarán conforme a lo que cobran los empleados públicos provinciales”. Una medida correlativa con el poder de pago que ostenta la principal masa de asalariados en la provincia, pero que a priori no modifica el oneroso cuadro tarifario que asfixia a los jujeños.

Como JujuyalMomento ha venido sosteniendo, el tarifazo advertido desde el segundo período de facturación para hogares N2 y N3 que componen el mayor universo de clientes de EJESA, no fue orquestado, al menos todavía, desde Casa Rosada. No conforme con ser desenmascarados y haber recibido el revés judicial en la Corte Suprema de Justicia jujeña (no hicieron lugar al pedido del procurador Albesa) el secretario Pizarro volvió a responsabilizar al Ejecutivo nacional mientras se ufanaba de la bondad del gobierno jujeño.

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Nobleza obliga, hay cerca de 60.000 usuarios jujeños que gozan de la Tarifa Social, un beneficio que otrora financiaba el Estado nacional, pero que por decisión del ex presidente Macri quedó en manos de las provincias. “En Jujuy tenemos la tarifa social, que no tiene ninguna provincia... El gobierno aporta mensualmente $ 130.000.000 para sostener esta tarifa”, afirmó Pizarro sobre esta política pública inobjetable, pero tratando en simultáneo de desviar la atención sobre los tarifazos.

Con cierta experticia al declarar públicamente, el funcionario radical no permitió interpelación de la prensa, tras decir que el ajuste del VAD se fija trimestralmente en base a la inflación. Le faltó aclarar de cuál trimestre se sujeta la distribuidora EJESA para solicitar al ente contralor tamaño aumento.

Teniendo en cuenta que la resolución 403/2023 fijaba precios entre noviembre y enero, el trimestre antes del tarifazo (noviembre-diciembre-enero) acumuló 73,67% de variación en el Índice de Precios al Consumidor según DIPEC, por consiguiente los miles de reclamos certificados donde la factura ascendió más de un 100% no tienen fundamento empírico. A menos que SUSEPU, interpelado incluso por Defensoría del Pueblo, exponga finalmente los argumentos reales, cuáles fueron los cálculos polinómicos, costos operativos y rentabilidad de la empresa prestadora para llegar a las cifras denunciadas, las explicaciones ensayadas por Pizarro no implican más que un falso pretexto.

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