ENERGÍA ELÉCTRICA

En el marco del descontento social por el tarifazo, desde el Espacio de Participación Popular, ratificaron la continuidad del plan de lucha para exigir una reunión con la SUSEPU. Denuncian que el decreto de emergencia del gobierno resulta "engañoso" y mantiene los cortes a los usuarios.

Referentes vecinales que recorren las cuatro regiones de la provincia juntando firmas, denunciaron que los incrementos son "confiscatorios" y que no se aplican los 20 días de gracia anunciados por el gobierno.

La asociación de defensa del consumidor CODECUC inició la acción judicial en representación de los afectados por el colapso del servicio en julio. Solicitan la refacturación de los días sin suministro, indemnizaciones por daños y la prohibición de cortes a sectores vulnerables.

La abogada de defensa del consumidor, Alicia Chalabe, aclaró que el contrato de distribución eléctrica fue firmado en 1996 por un plazo de 50 años. Señaló que las instancias quinquenales corresponden únicamente a revisiones tarifarias y advirtió sobre la falta de acceso a la información tras la llegada de los nuevos dueños de la empresa.

Desde el Partido Líder, que integra el Frente Jujuy Crece, presentaron un proyecto en la Legislatura para llamar a licitación pública nacional e internacional. Sostienen que la concesión se encuentra en un "limbo legal" tras haber vencido su período operativo en 2021 y prorrogarse por la pospandemia.

Los concejales rechazaron el veto de la intendente a las ordenanzas que buscan frenar los aumentos de luz. Tras analizar facturas con más del 50% de carga impositiva, apuntaron contra el decreto del gobierno provincial: "Solo da más plazos para pagar una tarifa que sigue siendo carísima".

Tras la realización de la jornada "Energía Clara para los Humahuaqueños", concejales y vecinos desglosaron los componentes de la factura de EJESA y cuestionaron duramente la inacción de la SUSEPU. Este lunes ingresarán proyectos en el Concejo Deliberante para pedir la eliminación de ítems dudosos.

Ingresó al Concejo Deliberante un proyecto para solicitar a los diputados que analicen el tema, argumentando falta de inversiones de la empresa y la necesidad de dar un alto a los tarifazos.

Desde la asociación de defensa del consumidor CODECUC cuestionaron los $500 millones fijados por la SUSEPU y advirtieron inconsistencias entre los usuarios afectados que reconoce el organismo y los reclamos informados por la empresa.

Tras la sanción de más de 500 millones de pesos a la empresa prestataria, la asociación de defensa del consumidor CODELCO aclaró las diferencias entre la multa administrativa y las compensaciones económicas. Recomendaron registrar cada reclamo para exigir resarcimientos por cortes y rotura de artefactos.