Usuarios del servicio de energía eléctrica o desde la perspectiva del gobierno, clientes de EJESA, volvieron a sufrir de primera mano la indolencia de sus funcionarios públicos cuando se trata del cumplimiento de derechos humanos, como lo es la percepción de energía eléctrica domiciliaria. Esta vez el brazo ejecutor estuvo encarnado bajo la figura del lozano procurador general Luis Sebastián Albesa, el mismo que había culpado a los medidores por los escandalosos aumentos tarifarios, que a la postre se demostraría fueron autorizados por la Superintendencia de Servicios Públicos, SUSEPU.
¿Quién es Sebastián Albesa? El funcionario al que no le importa dejarte sin luz
Luego de que el juez Sebastián Damiano fallara a favor del amparo genérico interpuesto contra el tarifazo luz, el procurador general de la Fiscalía de Estado recurriría la resolución, dejando indefensos a los usuarios ante posibles cortes en el servicio, en caso de imposibilidad de pago. Se trata del mismo que en 2022 fue duramente criticado por justificar un tarifazo de luz argumentando que podía haber fallas en los medidores.
Abogado de 36 años, matrícula provincial 2909, egresado de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) en 2012 con mención de honor y formado en la Escuela de Minas como técnico químico. Un profesional de ascenso fugaz y buenos contactos: mucho antes de ganarse el rechazo popular por su actitud pro empresariado, tan solo un año después de graduarse, ingresaba como asesor legal en la Cámara de Diputados de la Nación.
De buen pasar económico según declara ante la Oficina Anticorrupción. Pertenece al mega aparato estatal jujeño desde febrero de 2016, los albores de la gestión Morales, cuando fue designado coordinador de Asuntos Judiciales en la Fiscalía de Estado donde permanecería casi cuatro años antes de convertirse en el titular de la Defensoría del Consumidor, cargo que ostentó por otros tres años más. Si bien ya había tenido algunas apariciones mediáticas por causas relacionadas con los juicios a Milagro Sala, fue durante 2020 en el auge de la pandemia donde se lo consultó con regularidad por los faltantes de productos y sobreprecios, especialmente, en artículos para higienizar.
Aunque se desconocen sus méritos profesionales, desde 2017 integraría el Tribunal Evaluador para Jueces Defensores y Fiscales de la Provincia de Jujuy, paralelamente desarrollando tareas como docente y en su estudio jurídico personal. Finalmente recalaría nuevamente en Fiscalía de Estado, pero como segundo al mando en la escala jerárquica del organigrama, ingresando junto al actual fiscal Miguel Ángel Rivas y el secretario Legal y Técnico, Mariano Zurueta.
El breve Currículum Vitae arriba expuesto no permite lugar a dudas, Albesa ha vivido para el gobierno y se ha servido del mismo, eligiendo este término y no Estado provincial, debido a que sus recientes acciones han generado una escisión en el entramado socio político que compone un Estado. Al recurrir la resolución del juez Damiano, quien hizo lugar al amparo interpuesto por las abogadas que realmente defienden a los consumidores, puede afectar seriamente a los usuarios de un servicio tan esencial como es la luz.
La Fiscalía de Estado, según la Constitución provincial: Ejercerá el contralor de legalidad de los actos de la administración y resguardará la integridad del patrimonio de la Provincia ¿Qué intereses tiene el Estado en defender la rentabilidad de una empresa concesionaria privada a costa del sufrimiento de los terceros? ¿Por qué ofició un per saltum para que el tema sea tratado en la Corte Suprema de Justicia local en vez de permitir que los mecanismos judiciales y los tribunales intermedios desarrollen sus funciones?
Una de nuestras periodistas lo consultó al respecto pero el funcionario se negó a dar respuestas y optó por marcharse del Tribunal en lo Contencioso Administrativo con mucha prisa esquivando preguntas incómodas.
Albesa ha seguido la misma lógica proteccionista de EJESA que pusieron en práctica el secretario de Energía Mario Pizarro y el directorio de SUSEPU, Carlos Oehler. Su salario es remunerado por los contribuyentes, a ellos se deben en teoría. ¿Acaso hay acuerdos espurios a costa de los jujeños?