- Crónica de la coptación del poder judicial. Todavía responde a los designios del ex gobernador.
- Múltiples casos donde fiscales, jueces y policía accionaron en contra de ciudadanos sin justificación.
- Políticos opositores, abogados, jueces, sindicalistas y ciudadanos sin ninguna filiación política fueron amedrentados o castigados.
La política jujeña utiliza la justicia para saldar cuentas y escudarse
El caso de Alejandra Cejas o el de los tuiteros Morandini-Villegas no son los únicos que exponen un accionar judicial direccionado políticamente. Durante los últimos ocho años, la estructura completa, desde su cúpula, con el Superior Tribunal de Justicia y el órgano ejecutor Ministerio Público de la Acusación hacia abajo han perseguido, multado, detenido, amedrentado a los ciudadanos que no comulgan con el poder de turno.
La exposición nacional e internacional de la causa tuiteros terminó de romper el blindaje mediático del que gozaba Gerardo Morales, al tiempo que dejaba en evidencia el entramado político-judicial gestado desde el inicio de su gestión en diciembre de 2015. Los hechos de violencia oficial registrados durante el pasado junio, en medio de la sanción y jura de la reformada Constitución provincial fueron solo el anticipo, para demostrar que nunca comulgó con la independencia de poderes. El ex ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Agustín Perassi, quien formó parte del gobierno entre 2015-2022 no dudó en señalar que el trinomio de poderes Ejecutivo-Legislativo-Judicial ha sido desarticulado adrede para beneficio del ex gobernador: en Jujuy no hay Estado de derecho.
El antecedente más evidente del plan estratégico de coptación judicial surge a días de asumir la gobernación, cuando Morales impulsa la reforma del Superior Tribunal de Justicia, ampliando en cuatro la cantidad de miembros y logrando que ingresen nuevos magistrados de su riñón, especialmente los ex diputados Pablo Baca y Elizabeth Altamirano, quienes ayudaron en su aprobación y pocos días después juraron como vocales del STJ. Ya con nueve miembros, se había asegurado que más de la mitad le deban favores, rindan pleitesía a su jefe.
Cuando la formación de los supremos ya no era conveniente para las ambiciones del gobernador, casualmente apareció una cadena de pedidos de juicios políticos ante la mesa de entra de la Legislatura, solicitados por ignotos y valientes ciudadanos, terminando con la renuncia de tres magistrados y la incorporación de nuevos miembros vinculados innegablemente a partidos políticos. Esta estrategia ya había sido advertida en los embates contra las autoridades del Tribunal de Cuentas y fiscalía general del STJ.
Nadie investigó las irregularidades cometidas en la maniobra exprés original (en 10 días de gobierno Morales había reconfigurado el poder Judicial), entre los pocos abogados del fuero local que advirtieron el peligro que representaba contra el Estado de Derecho aparece Alberto Nallar, quien publicó una solicitada en medios gráficos e inició una encrucijada en solitario contra el poder político. Casualmente o no, ocho años después, luego de haber asesorado legalmente a comunidades originarias en medio del escándalo por la reforma constitucional, terminó siendo detenido, procesado, imputado y condenado en un lapso de tres meses, supuestamente por considerarlo culpable de “instigar al delito” e “incitación a la violencia colectiva”.
También al inicio de su primer mandato, Gerardo Morales creo el Ministerio Público de la Acusación, posicionando a otro fiel ladero como Sergio Lello Sánchez al mando, funcionario que acumuló en tiempo record denuncias por violencia de género, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, violencia laboral, entre otras. Ninguna ha prosperado, presuntamente porque quienes deben promover las acciones son básicamente sus propios empleados. El juez de Control, Rodolfo Zurueta, es el último de una larga lista de denunciantes, casualmente fue apartado del cargo, pesan sobre el varias causas penales y dos pedidos de jury de enjuiciamiento.
El jefe de los fiscales no solo ha sido defendido a ultranza por el ex gobernador, incluso se le ha dado más poder del que originalmente ostentaba. Con la nueva Carta Magna, el MPA alcanzó el rango constitucional, legitimando un poder mayor e incuestionable. Como adición para el armado de una estructura obediente y funcional, lejos de respetar la transparencia en la designación de jueces, un sistema de concursos que el propio Morales impulsó, terminó por utilizar la dedocracia para definir quienes serían los encargados de impartir el orden en los juzgados locales, marginando a los candidatos cuyas voluntades no pudieran doblegarse y priorizando a letrados de menor rendimiento en los exámenes.
Alejandra Cejas, otrora concejal y diputada provincial, actuó durante casi cinco años como una de las opositoras más férreas del binomio Morales-Rivarola, solicitando pedidos de informes sobre presuntas maniobras espurias o rendiciones de cuenta que le fueron sistemáticamente negados sobre emprendimientos del Estado como Cauchari o Cannava. En medio de una tensión creciente, llegó a advertir acciones intimidatorias cerca de su domicilio protagonizadas por miembros de la policía jujeña.
La enemistad creció a tal nivel que terminó siendo intimidada verbalmente por Rubén Rivarola en declaraciones públicas efectuadas a medios locales en 2021 "…si Cejas fuera hombre al problema lo solucionamos de otra manera…", el mismo Rivarola trataría tiempo después de “perro traicionero y acomodado”, a la ex diputada Mariela Ferreyra.
Cejas terminó por ser suspendida de sus funciones con el apoyo de los bloques aliados (UCR-PJ) y el ex presidente del Partido Justicialista solamente castigado con una evaluación psicológica. Pero el calvario no quedó solo fuera de la casa o en el lugar de trabajo, en marzo de 2021 una situación compleja en el seno familiar terminó cobrando relevancia mediática y judicial, tras una denuncia en su contra por violencia familiar que Cejas aduce respondería a una operación política diseñada por Gerardo Morales.
El mismo ex gobernador que justificó las detenciones de los tuiteros Nahuel Morandini y Roque Villegas por “el daño psicológico e irreparable”, que podían producir a su familia un par de publicaciones en redes sociales, no tuvo ningún gesto empático con Cejas o su hija, quien por ese entonces tenía 11 años. La misma niña que harta de la difamación que tanto ella como su progenitora vivieron, salió a contestarle al poder político durante la última marcha del 8M, destruyendo los argumentos de una causa que reflotó días atrás.
Los casos de manipulación judicial no se limitan a opositores reconocidos al régimen político, ciudadanos sin filiación alguna también han sido sometidos en distintos niveles de persecución. Desde referentes sindicales y sociales, entiéndase criminalización de la protesta, con detenciones injustificadas organizadas por la fuerza pública, allanamientos en domicilios, contravenciones millonarias y largo etc. Tanto el código contravencional (también obra de Morales) ahora con rango constitucional, como el desempeño de la Oficina Contravencional, administrada por una confesa militante radical han sido objeto de repudio por muchos ciudadanos.
- Mónica Cunchila, madre de la adolescente asesinada Iara Rueda, fue intimida por la policía a retirar carteles pidiendo justicia por su hija que habían sido colocados sobre las rejas de gobierno, caso contrario se le labraría una contravención.
- Los doctores Barrera y Gaspar por criticar la gestión sanitaria fueron citados ante la Oficina Anticorrupción en un hecho que cobró repercusión mediática nacional.
- Humberto Martiarena un vecino de Lozano que simplemente se manifestó con un cartel en un acto oficial, denunciando pacíficamente actos de corrupción recibió una contravención.
- Fabiola Suárez por defender a los vecinos de Campo Verde fue demorada en circunstancias sospechosas o los de propios vecinos de Campo Verde cuyo prontuario apareció de la noche a la mañana tras oponerse a la construcción de una escuela en un espacio verde utilizado para la recreación.
- Santiago Seillant, secretario adjunto del SEOM, detenido en el acceso a Perico en una maniobra fuera de todo protocolo encabezada por el entonces jefe de la Policía Guillermo Corro tras un afectuoso saludo.
- Orden de espionaje sobre organizaciones sociales durante la movilización paralela al discurso apertura de sesiones en 2022 dispuesta por el fiscal Diego Funes. La infiltración tenía como objetivo individualizar a los referentes y terminaría con 16 allanamientos simultáneos, con detenciones, secuestro de elementos, entre otras actuaciones desarrolladas en julio de ese año.