Desconectar el tarifazo de luz depende exclusivamente de la voluntad política

• Gobernador, diputados y directorio de SUSEPU tienen las facultades para dejar sin efecto el tarifazo.
• Hasta ahora la clase política oficialista se ha mantenido en silencio, salvo honrosas excepciones municipales.

El tarifazo de luz podría desactivarse si la voluntad política gusta disponer los mecanismos burocráticos para ello. Siquiera es difícil estarlo, como ya ha sido demostrado en otras jurisdicciones, por caso en La Rioja donde Ricardo Quintela ordenó vía decreto a la empresa distribuidora EDELAR que las boletas del 2do período sean refacturadas, activando un mecanismo de notas de crédito a favor de los usuarios que ya las habían pagado.

Geográficamente más cerca está el ejemplo salteño donde fue su Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) fue el que intervino a través de la resolución N°295/24 a los efectos de suspender por 120 días el periodo pendiente de actualización tarifaria sobre el servicio de energía eléctrica distribuido por EDESA, dejando sin efecto el aumento de 11,84% que estaba previsto para el bimestre marzo-abril.

En ambas provincias testigo, de haberse ejecutado los aumentos, las facturas promedio para servicios residenciales de ingresos medios (N3) habrían estado aún muy lejos de los valores que en Jujuy se pagan por el transporte y distribución de energía eléctrica más parecidos a los costos patagónicos, región donde el salario per cápita es mucho mayor a que en el norte. Esta comparación aunque refiere evidente disparidad, justifica aún más la necesidad de replicar medidas proteccionistas de estas características.

Los esfuerzos de los vecinos y ocasionalmente concejales de Perico, San Pedro, Fraile Pintado, Libertador Gral. San Martín, Palpalá, Maimará, El Talar, San Salvador, no son vinculantes más allá de sugerir/solicitar expresiones de rechazo de los intendentes o la intervención del Ejecutivo provincial en el asunto.

Sin contar el camino judicial que encabezaron las abogadas especializadas en defensa de los consumidores Claudia González (PROCONSUMER) y Alicia Chalabe (CODELCO) quienes interpusieron un amparo (posteriormente recurrido por el procurador de Fiscalía de Estado Sebastián Albesa) o las presentaciones judiciales que efectuaran sindicatos como la CGT, existen tres mecanismos burocráticos que podrían adoptarse sin mayores atenuantes en beneficio de los jujeños...

PODER EJECUTIVO

• El gobernador podría decretar una medida de congelamiento o refacturación como ha ocurrido en La Rioja. De hecho en Jujuy existe un antecedente cercano, con el decreto Nº6545/22 del ex gobernador Gerardo Morales que si bien estuvo lejos de ser una solución definitiva, dispuso que EJESA refacture a todos los usuarios residenciales que hayan recibido aumentos superiores al 14% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) y 34% del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La resolución Nº182 no quedó sin efecto, se encuentra judicializada gracias al accionar de las abogadas mencionadas arriba, a esperas de que el juez defina alguna vez la situación. Si bien fueron impedidos eventualmente los cortes de servicio, la controversial 182 sentó las bases para los tarifazos venideros y una nueva forma limitada de publicar información sensible para los clientes de EJESA en el papel.

LEGISLADORES

• Los legisladores tienen facultades otorgadas en el artículo 145 inciso 7 de la Constitución provincial que le permite “legislar sobre el régimen de servicios públicos provinciales”. En caso que un decreto sea dictado por el gobernador, además tienen la responsabilidad de refrendarlo o no.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

• El ente contralor Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) además de aprobar los cuadros tarifarios de los servicios concesionados debe “regular, controlar y resguardar la calidad de prestación”, según le exige la Constitución provincial, pero fundamentalmente su Ley fundacional Nº4937/96 en el artículo 38° que versa sobre Derechos: 1. A) Tarifas justas y razonables.

Según averiguó nuestro medio con fuentes conocedoras de las facultades de SUSEPU, el organismo autárquico que desde 2023 goza de reconocimiento constitucional “no pide, ordena”, por lo que su directorio habría incurrido nuevamente en una falacia al decir que le “plantearon a la empresa que suspenda los cortes ante falta de pago por 120 a 180 días”.

Así como es la autoridad última y definitiva al momento de aprobar las tarifas que regirán durante el trimestre, también tiene potestad para demandarle a EJESA que aplique fórmulas previas tal como dispuso su par salteño. Aunque esta última opción parece la más difícil de concretarse dada la insistencia de su presidente Carlos Oehler por asignarle culpas a la Secretaría de Energía nacional por los tarifazos, aún cuando la resolución Nº60 que causa el desbarajuste y que el mismo firmó describe en sus fundamentos al menos tres veces que el precio de la energía transportada desde el Mercado Eléctrico hasta los usuarios residenciales N2 y N3 "mantendrán los Precios Estabilizados del Transporte vigentes a enero 2024".

Sobre la quita de subsidios que argumentó el secretario de Energía Pizarro como causal de los incrementos, nuevamente en la resolución provincial reconoce que la quita de aportes estatales a la oferta será paulatina para los usuarios calificados en bajos y medios ingresos: "un incremento porcentual total anual en su factura no mayor al CUARENTA POR CIENTO (40%)”, en el caso de los integrantes de N2 y “OCHENTA POR CIENTO (80 %) del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior”, para usuarios N3. Bajo ninguna circunstancia podrían darse los aumentos advertidos en las facturas residenciales superiores al 100% en un solo bimestre dadas las condiciones dispuestas por el gobierno nacional al que tanto han responsabilizado.