En pocas semanas la jueza de Cámara en los Civil y Comercial - Sala I deberá resolver una causa que vuelve a ejemplificar la asimetría entre el poder político respecto del ciudadano común cuando el primero se ofende y trata de imponer su voluntad. Salvando las diferencias de fuero, sobran antecedentes como la condena al Dr. Nallar por asesorar comunidades aborígenes que se manifestaban contra la reforma constitucional o la causa tuiteros aún pendiente de resolución que tuvo trascendencia en medios nacionales.
Aprietes y persecución, el sello de la administración Morales
Juan Giusti aguarda el cese de la feria judicial para conocer la resolución de la jueza Elba Cabezas sobre el juicio civil que el ex gobernador junto a su hijo mayor iniciaron en su contra. Durante el proceso fueron comprobadas todas las acusaciones que pesaban sobre el déficit de Cauchari Solar, CANNAVA Sociedad del Estado y el uso de los aviones de la flota provincial para la campaña electoral.
Juan Giusti no tiene expectativas particulares, es consciente de la injerencia que tiene la clase dirigente en los asuntos del poder judicial, por eso espera un fallo que en teoría debería serle favorable según analizaron sus allegados: “Hablé únicamente de temas públicos, no ofendí y ejercí mi libertad de opinión, se ofendieron porque repetí las expresiones de Alejandra Cejas sobre un narco estado en el debate parlamentario ”, explicó en Radio 2, anticipando que en caso contrario apelará a tribunales supra nacionales de ser necesario, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La causa por daños y perjuicios que en teoría se definiría el 03/02 (cese la feria judicial) tiene su origen más de tres años atrás, cuando la calificación de “narco estado”, empleadas por el abogado sampedreño, originalmente de su aliada Alejandra Cejas quien gozaba por ese entonces de fueros parlamentarios, fueron viralizadas, dejando en un lugar incómodo al incipiente proyecto estatal de Canabis Medicinal jujeño que siquiera gozaba de la autorización de ANMAT y todavía no era comercializado en las farmacias locales.
Incómodos por tales declaraciones, el entonces gobernador Gerardo Morales y su hijo Gastón (presidente de CANNAVA S.E.) iniciaron la acción legal correspondiente contra el letrado. Mientras que Cejas sería hostigada, amenazada y finalmente suspendida de sus funciones como diputada provincial en un clima de extrema hostilidad en la Casa de Piedra.
“Estoy de acuerdo en que se sigan investigando los posibles usos benéficos del cannabis pero a raíz de las investigaciones que hicimos junto a Alejandra Cejas del tema CANNAVA S.E. descubrimos que fue creada para exportar marihuana a granel”, introdujo Giusti recordando los contratos irregulares que se presentaron ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, en momentos en que los socios del proyecto estatal definitivamente no eran de fiar.
De la investigación particular, había surgido que el gobierno de Jujuy tenía una contradictoria preferencia por conseguir semillas con mayor cantidad de compuesto THC (9 Delta-Tetrahidrocannabinol) que contrario al CBD usado en los aceites medicinales, tiene efectos psicoativos, lo que ha valido su prohibición en múltiples países.
Tras exponer las inconsistencias llegaría la carta documento y la respuesta de Giusti donde redoblaba la apuesta, reconociendo a la parte acusadora que también había investigado las irregularidades de otros proyectos estatales como la venta del Ingenio La Esperanza, el deficiente plan económico de Cauchari Solar, el nombramiento del ministro de Cultura y Turismo Federico Posadas declarando un baldío como domicilio, entre otros.
Al limitarse a investigaciones sobre cuestiones públicas, la causa solo podía tramitarse en el fuero civil encuadrada como daños y perjuicios, pero contrario a las pretensiones del entonces gobernador, las acusaciones fueron probándose y algunas expandiéndose para mala fortuna tanto de padre como del hijo.
“Se probó todo lo que yo dije, Cauchari es deficitario, CANNAVA iba a vender marihuana a granel sin industrialización, ellos mismos hicieron alaraca de que esto iba a pasar, se probó que se usan los aviones para hacer campaña, casualidad perdió las PASO con Rodríguez Larreta y no viajó más”.
“Probamos en el juicio que Gastón Morales tiene un sueldo de U$S4.600 por mes, para perder plata, si en una empresa perdés durante tantos años seguidos, a los pocos meses te echan a patadas. AFIP mandó un informe, esa cifra es en blanco, no se si habrá en negro”.
“La estrategia es apretar a todos quienes pretendan investigarlo. La Dra. Claudia González también tiene una causa iniciada por el escribano Mario Pizarro, hubo operaciones de prensa contra Alicia Chalabe, denuncias penales infundadas contra Mariana Vargas y la propia Alejandra Cejas, utilizan el aparato judicial para disciplinarnos a nosotros”.
Independientemente de obtener la razón en temas tan sensibles, Giusti sabe que las repercusiones pueden sentirse en los Tribunales jujeños, aún con su bajo perfil, es de público conocimiento que Morales opera en las sombras. Para el no cabe duda que su situación fue solo una más de una innumerable secuencia de aprietes políticos contra letrados que no comulgan con la conducción del Frente Cambia Jujuy.
El propio abogado coincide con distintos juristas del foro local y también nacionales en que Jujuy es una provincia difícil para litigar, toda vez que existen “jueces sacando fallos contra derecho para perjudicarlos”, por eso sus pretensiones no pasan de un debido pedido de disculpas por parte del Estado y el pago de las costas, hace tiempo que se reconoce como un ciudadano más que fue marcado con el sello personal del apriete tan característico de la era Morales.