Ambos coincidieron en la necesidad de articular políticas de prevención e investigación y aunar esfuerzos con todos los actores del control estatal.
De esta manera, la oficina local comienza a dar indicios de una actividad que se renueva y despierta del letargo que lo caracterizó en los últimos años.
Uno de los cambios más significativos será la incorporación de Marcos Spinassi como Jefe del Departamento de Investigaciones. El abogado penalista de reconocida trayectoria obtuvo el primer lugar en numerosos concursos de la justicia de la provincia pero siempre quedó fuera de las designaciones por no responder.
Según adelantó Soler, paralelamente se trabaja en un mejoramiento del reglamento interno dado que antes los funcionarios denunciados tenían años para realizar el descargo correspondiente y etapa investigativa terminaba muy postergada, generando un desgaste innecesario ya que luego del descargo se abría nuevamente la investigación con los aportes de los denunciados.
Otra de las cuestiones relevantes es que se avanza en el sistema digital de tramitación de expedientes para que las partes y cualquiera puedan acceder a los trámites de los expedientes. De esta manera se podrá tener un control del tiempo y de los distintos trámites. Están trabajando en diseños normativos que presentarán con el objeto de legislar casos de la oficina que, por falta de normativa, no se pudieron resolver cuidando el erario público.
Asimismo se modificará el criterio de notificaciones solicitando las multas por no presentación de Declaración Jurada de modo que se denuncie ante la justicia penal al funcionario que no lo realice.
El paso de Millón Quintana por la OA
“Desarrollar políticas preventivas e investigativas sobre aquellas conductas que se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción, como así también de las violaciones a los deberes de funcionarios públicos y al Régimen de Ética Pública de la Provincia de acuerdo al ámbito de aplicación establecido por ley 5885. Velar por el cumplimiento de la ley 5153, sus modificatorias y complementarias”, es la misión que se planteó desde el inicio la Oficina Anticorrupción creada en el marco del primer mandato de Gerardo Morales.
Al frente de la oficina se puso inicialmente a un abogado a la medida del gobierno, Joaquín Millón Quintana.
Bajo su dirección, la tarea “investigativa” se centró casi exclusivamente en el caso Milagro Sala y en paralelo con la denuncia promovida contra la dirigente por el actual gobierno a través de Fiscalía de Estado. Un verdadero "trabajo en equipo".
El organismo no puso, sin embargo, el mismo énfasis en casos resonantes vinculados a funcionarios de Morales o sus aliados políticos.
Aquí algunos hechos controvertidos que curiosamente no tuvieron intervención por parte de la OA:
- Marcelo Nasif diputado provincial del Frente Primero Jujuy reconoció una práctica de cuestionable moralidad luego de la difusión de un audio comprometedor: el legislador solicitaba parte del sueldo a sus empleados para financiar el partido o apoyar a los compañeros menos favorecidos. Luis Alfredo Gaspar denunció este accionar ante la justicia penal aunque recientemente el Ministerio Público de la Acusación decidió archivar la causa entendiendo que no se cuadra en ninguna figura delictiva, a pesar de que las pruebas ilustraban una situación que rozaba la extorsión. El caso generó indignación tanto en la opinión pública como en la Casa de Piedra donde el bloque Primero Jujuy decidió apartarlo temporalmente.
- En 2018 a pocos meses de la asunción del ministro de Turismo Federico Posadas, miembros de la oposición política ya habían efectuado una serie de denuncias en su contra. Entre las que cobraron mayor revuelo mediático se encuentra “el domicilio apócrifo” y “el fraude de los mails”. En el primer caso, el funcionario de origen salteño aparentemente no podía acreditar los dos años de residencia que exige la Constitución provincial; numerosas veces desde la oposición señalaron que el domicilio declarado por Posadas correspondía a un terreno baldío. Sobre los mails pesaron acusaciones mucho más severas. A raíz de una investigación periodística, se supo que a través de emails enviados desde la cuenta oficial de la cartera de turismo se orquestaba una licitación ficticia. El objetivo aparente, orientar el procedimiento a fin de adjudicarle a una empresa contratos publicitarios millonarios.
- A mediados de año fue el ministro de Desarrollo Económico y Producción quien estuvo en boca de todos luego de que el Jefe de Gabinete Marcos Peña revelara la nómina de directivos de la petrolera estatal YPF. Para sorpresa de muchos Juan Carlos Abud Robles allí se encontraba. Continúa siendo incierto si por estos días el funcionario jujeño aún se desempeña en tal rol, pero en su momento la posibilidad de una “incompatibilidad de cargos” generó un escándalo de gran magnitud, más aún luego de que se hizo público el cobro de 1 millón de pesos, según Robles en concepto de honorarios profesionales. Aunque el ministro retrucó en conferencia de prensa “ignorancia, mentiras y mala fuente” la denuncia penal fue efectuada por la diputada justicialista Alejandra Cejas basada en el art. 64 que señala “que no pueden estar vinculados a empresas que tienen negocios con la provincia de Jujuy, en este caso con YPF”.
- Previa salida de Ada Galfré al mando de la cartera de Desarrollo Humano hasta fines de 2018 asediada por las críticas, el Tribunal de Cuentas informaba la detección de irregularidades sobre el ejercicio correspondiente al año 2016. Nada más y nada menos que 300 millones de pesos cuestionados. Entre las advertencias realizadas, los vocales del organismo de control puntualizaron en el pago de 5 mil pesos por un set de mate cebado hasta la contratación de un spot publicitario por 50 mil pesos.
- El Banco de Desarrollo remozada institución durante la gestión Morales, señalada en el pasado por irregularidades por quien hoy sostienen el poder, acumuló críticas por conflictos laborales y retrasos en el pago de salarios. Aunque también fue señalada por el diputado Pedro Belizán por supuestos negocios inmobiliarios "bajo poncho" administrando hipotecas, de quienes poseen viviendas del IVUJ, lejos de su objetivo fundacional de fomentar el desarrollo productivo.
- Los aliados del oficialismo jujeño en el interior estuvieron salpicados numerosas veces por denuncias de corrupción: Entre los más destacados figura Félix “el diaguita” Pérez intendente de Tilcara durante 20 años observado por el Tribunal de Cuentas por el faltante de 54 millones de pesos al terminar su gestión en 2015. La defraudación de esa millonaria suma fue tan evidente que la Fiscalía de Estado tuvo que intervenir embargando sus bienes, sin embargo el frondoso prontuario no disminuyó el apoyo de Gerardo Morales para su candidatura en 2019 dónde perdió nuevamente ante Ricardo Romero.
A estos casos se suman varios más en los que el rol de la oficina resultó una verdadera incógnita.
Ni hablar de las declaraciones juradas, se otorgaron plazos de sobra para una gran cantidad funcionarios que no parecían comulgar con la idea de “transparencia” que vociferaba Gerardo Morales.
