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Salarios estatales: la pérdida de poder adquisitivo escaló otro 61% en seis meses

El resultado de comparar los aumentos otorgados por el Ejecutivo provincial durante 2023 respecto de los registros inflacionarios provinciales da ese saldo negativo, cuya brecha se expandirá en lo inmediato de no convocar nuevas paritarias. Sumado al acumulado de los últimos ocho años alcanza casi el 100% en contra de los trabajadores.

  • Aunque los aumentos otorgados en 2023 lograron equipararse momentáneamente con la inflación, el saldo vuelve a ser negativo.
  • La pérdida de poder de compra en los últimos ocho años alcanzó el 100%; en 2022 había cerrado 120 puntos abajo, por lo que hubo una ligera mejoría.
  • De no reabrir las paritarias inmediatamente, la brecha podría maximizarse considerando la aceleración inflacionaria esperada para el primer trimestre del año.

La recomposición salarial del pasado junio, resultante de extensas pero sumamente dignas luchas obreras encabezadas por docentes autoconvocados y sindicatos varios, terminó siendo una medida excepcional, aislada del resto de las “negociaciones paritarias”, desarrolladas durante el resto del período 2023. Como resultado, los trabajadores dependientes de la administración pública culminaron el año con sus bolsillos nuevamente devaluados.

Puede verse el vaso medio lleno, están menos peor, una interpretación que defienden funcionarios como el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, sumamente criticado durante octubre por minimizar la necesidad de nuevos acuerdos salariales, aún cuando se advertía la aceleración inflacionaria del último trimestre. Aunque los funcionarios disfrutan de comparar la inflación usando términos nominales, el acumulado anual no se calcula con una sumatoria mes a mes, de allí que el cociente determine 225,7% durante el año pasado, más de 14 puntos por encima de la media nacional.

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Al finalizar diciembre de 2022, se estimaba el desfase remuneración-inflación en 120 puntos porcentuales negativos promedio (depende de los escalafones), la dilación habitual para la convocatoria de negociaciones hizo que durante el primer bimestre la brecha se acrecentará 15,4% según los informes del Índice de Precios al Consumidor de DIPEC.

Recién en marzo iniciaría el esquema de aumentos otorgando 10% de manera general, otro 15% en abril y 10% en mayo. El acumulado en bolsillo quedaría 3,4 puntos por debajo de la inflación, aunque al final del primer semestre llegaría un punto de quiebre tan necesario como inesperado tomando en cuenta el método de imposiciones adoptado por el gobierno de Gerardo Morales durante los siete años previos de gestión.

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Al aumentar en promedio 90 puntos, si bien no hubo una recuperación completa de la pérdida de poder adquisitivo acumulada, al menos el sector docente que encabezó la protesta, logró que el salario inicial que respondía a la pauta nacional, por ese entonces de $130.000, llegara hasta $200.000, cerca de $10.000 menos que la canasta básica calculada por Indec en ese entonces y logrando un derrame en el resto de los trabajadores estatales.

El gobierno provincial se ufanó de una supuesta generosidad que duró evidentemente poco tiempo. En tanto los sindicatos locales confiaron en que dirimidas las elecciones provinciales, confirmado el cambio de gobernador, las negociaciones serían más flexibles y fundamentalmente recurrentes. Aunque no se acordó la aplicación de una cláusula gatillo o de actualización automática, el compromiso de reunirse para ajustar sueldos con la inflación como parámetro esencial había sido formulada, aunque sea de palabra.

Embed - SOBREMESA 31-10-23Andrés García - Prosecretario Gremial Cedems

Otros dos meses transcurrieron y a pesar de la insistencia del sector trabajador, los encuentros no sucedieron, al menos no en el marco de las paritarias, de hecho fueron rebautizadas como mesas técnicas, donde las propuestas que pudieran surgir no resultaban vinculantes. Como resultado se estima que entre junio y septiembre ocurrió otra pérdida de 25 puntos entre los indicadores mencionados. En el medio tuvieron lugar las elecciones primarias, derrota mediante del oficialismo liderado por el ministro de Hacienda, Sergio Massa y subsecuente devaluación de 22 puntos de la moneda nacional frente al dólar.

La aceleración inflacionaria en Jujuy se hizo aún más visible, marcando por primera vez en décadas doble dígito en agosto (13,1%) y septiembre (14,3%) con un único ajuste dispuesto por los funcionarios de 10%, sin contar con la suma fija de $20.000 que estuvo por debajo de la resolución que el propio Massa dispuso a nivel nacional.

Embed - Sin paritarias, gremios anunciaron una gran movilización el jueves

El último aumento llegaría en noviembre, otra vez 10% y quedando 4,2 puntos porcentuales debajo de la inflación mensual y por último impactaría la reciente cifra record de 26,1% para diciembre 2023, que obligó al gobernador a unificar las últimas dos cuotas del bono de fin de año, en un solo pago para disminuir el impacto, pero que a las claras no mejora de manera permanente el sueldo neto.

En conclusión el segundo semestre que aparentaba auspicioso tras los episodios de junio, terminó en una licuación de 61% promedio en los haberes de los empleados estatales y quitando el discutible dato arrojado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos para octubre (5,7%) se puede afirmar que Jujuy fue sometida a una aceleración de tipo hiperinflacionaria de los precios (los precios minoristas se duplican mensualmente) en un período de cinco meses, donde las políticas públicas de un gobernador saliente prefirieron no poner el foco.

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Como fue advertido en el segundo párrafo de esta nota, los bolsillos están técnicamente menos peor, todavía sumamente deprimidos, ya que la serie 2016 – 2023 marca una pérdida de poder adquisitivo total de 99,6% cuyo pico de mejoría estuvo en junio del último año, cuando la diferencia alcanzó 38,3% y renovó la ilusión de cerrar al menos un año sin tamaña precarización salarial.

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