Las acciones contra el tarifazo de luz continúan multiplicándose
Manifestaciones populares, resoluciones municipales, amparos en la justicia y hasta intimaciones a EJESA, todo tipo de herramientas han sido empleadas para dejar sin efecto el cuadro tarifario que corre desde las mediciones de febrero. Las expresiones políticas para proteger a los usuarios siguen apagadas.
- Con la intimación de la Defensoría del Pueblo, actores ciudadanos, abogados, sindicalistas y entes estatales ya se han sumado al rechazo del tarifazo.
- EJESA y SUSEPU no acusan recibo, continúan responsabilizando a Nación, por un aumento que es bien sabido se efectuó en Jujuy.
Desde que la resolución N°60 fue publicada por obra y gracia de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) se han suscitado interminables debates sobre el origen del salto en los valores de las facturas de energía eléctrica. La Secretaría de Gobierno y el directorio de SUSEPU iniciaron una campaña mediática para responsabilizar al Ejecutivo nacional, haciendo hincapié en el DNU N°70/2023 que autorizaba una readecuación tarifaria en el Mercado Eléctrico Mayorista que administra la empresa estatal CAMMESA.
El periodismo crítico, junto a profesionales juristas y contables, desmintieron esas versiones con información fidedigna que puede ser constatada en una simple mirada al cuadro tarifario: los ítems cuyo valor son determinados en la órbita provincial Cargo Fijo y Uso de Red presentaron una variación intermensual superior al 70% cada uno, mientras que el costo de la energía que determina la Secretaría de Energía nacional, siquiera llegó al 2%.
VARIACIÓN RESOLUCIÓN Nº60 RESPECTO DE ANTERIOR
Tarifa residencial N3 para consumo un consumo de 300 Kwh
Cargo Fijo $1.242 → $1.822 = 73,67%
Cargo por uso de red $19,8536 Kwh → $34,4734 Kwh = 73,64%
Cargo por consumo de energía N3 $5,8409 Kwh → $5,9146 = 1,26%
La energía eléctrica en Jujuy tiene valores exorbitantes. La provincia posee la 4ta factura más cara de energía eléctrica del país sin contar impuestos y los hogares de ingresos medios reciben boletas con más de 150% de aumento a causa de la última resolución.
Las falaces declaraciones del secretario Pizarro y el presidente de SUSEPU Carlos Oeheler, quienes parecen defender los intereses de la distribuidora, fueron acompañados de una falta de empatía absoluta. Tan concentrados en culpar a Javier Milei por la quita de subsidios y liberación de precios, que no repararon en la indignación ciudadana que ganaba día a día las calles. La situación de los usuarios comerciales de EJESA o los residenciales calificados en el nivel 1 de la segmentación tarifaria son harina de otro costal.
Entre los más enfáticos reclamos se encuentran los vecinos de San Pedro, pioneros en golpear las puertas de la oficina de la empresa prestadora. Desde los primeros días de abril se organizaron entre carteles y cacerolas, logrando que el Concejo Deliberante actúe favorablemente. Si bien la medida no es vinculante, propone la necesidad de intervención política con el objeto de retrotraer los valores a enero 2024 y congelar por seis meses las tarifas.
Maimará, El Talar, Fraile Pintado, San Salvador, Libertador Gral. San Martín y más municipios jujeños imitaron la medida de protesta con manifestaciones populares en las calles, frente a dependencias públicas, exigiéndoles a los intendentes y concejales que intervengan en el asunto. Algunas organizaciones también se sumaron con iniciativas propias como en Perico y Palpalá, en esta última se recolectaron casi 200 facturas para probar la variación previa y post resolución N°60 donde se advertían a simple vista diferencias del 100% promedio.
Presentaciones legales no faltaron, las abogadas del foro local Claudia González (PROCONSUMER) y Alicia Chalabe (CODELCO) quienes se especializan en derecho de los consumidores presentaron un amparo genérico para impedir que EJESA deje sin servicio a los usuarios ante la imposibilidad de pago. La audiencia celebrada el 17/04 en el Juzgado Contencioso Administrativo sería momentáneamente favorable, los jueces dieron el visto bueno a la solicitud, aunque fue inmediatamente recurrida por el procurador de Fiscalía de Estado Sebastián Albesa, quien pidió que sea la Corte Suprema provincial quien se expida en el asunto. Acción que hasta el momento no ha fundamentado, promoviendo teorías sobre supuestos intereses del Estado en garantizar la mejor rentabilidad posible para la empresa.
El secretario general de CTA, Santiago Hamud, confirmó una presentación legal de similares características, pero agregando el pedido para que las tarifas de luz y agua se retrotraigan, tras constatar boleta en mano que los aumentos eran desproporcionados en relación al salario percibido por sus afiliados. Esta apreciación tiene total consonancia con la jurisprudencia, especialmente el fallo CEPIS, donde la Corte Suprema de Justicia nacional ordenó dejar sin efecto el cuadro tarifario del gas en 2016.
Hace tan solo unas horas, la Defensoría del Pueblo en Jujuy confirmó a través de su resolución N°70 la intimación a EJESA para que desista “de cortar el servicio por falta de pago y aplicar intereses moratorios y punitorios por la misma causa”. Se trata de la primera dependencia estatal que se compadece de los usuarios, al punto que interpelará a SUSEPU para que justifique cuáles fueron los parámetros utilizados para definir el tarifazo.