Este lunes, el radicalismo concreta un acto para celebrar una década al frente del gobierno provincial.
10 años de gobierno radical en Jujuy: "Se transformó en enemigo del pueblo"
El oficialismo celebra este lunes una década al mando de la gestión provincial. A la par, distintos sectores de la población expresan su malestar y ahora fue el turno de las comunidades originarias que marcaron un balance negativo haciendo hincapié en la violencia sufrida y el avasallamiento de derechos.
Desde el Frente “Jujuy Crece” invitaron a partidarios a ser parte de la celebración “10 años de transformación”.
Tanto la actividad como el slogan generaron profundo malestar en distintos sectores de la población.
Desde el arco docente señalaron que sí hubo cambios implementados pero no los han beneficiado para nada, con paritarias prácticamente inexistentes y falta de diálogo con el Ejecutivo.
Las repercusiones continúan y llegaron en esta oportunidad desde los pueblos originarios. El antropólogo e integrante de la Asamblea de Comunidades Indígenas de Jujuy, Gustavo Ontiveros, dialogó con Radio 2 haciendo un recuento de esta década de gestión gubernamental.
Dijo directamente que el balance es negativo criticando la transformación en figuras crueles y violadoras de derechos humanos, especialmente de los pueblos originarios.
Señaló que, a pesar de las esperanzas iniciales en 2015 y un discurso inicial a favor de la Pachamama, el gobierno se volvió violento y creó instituciones ineficaces para proteger los derechos indígenas.
Mencionó casos de sufrimiento en comunidades como Caspalá y Cueva del Inca, donde la fuerza policial y la justicia actuaron de manera terrible bajo el poder del gobernador, en ese entonces Gerardo Morales.
Cuestionó además la continuidad de políticas extractivistas y la falta de respeto a la propiedad de las comunidades, indicando que el gobierno actual sigue el proyecto de Morales.
Denunció la aprobación de más de 500 leyes sin beneficio directo para las comunidades, la expropiación de tierras y la imposición de proyectos mineros sin consulta ni consentimiento. Afirmó que durante estos 10 años no se entregaron títulos comunitarios y se negó la inscripción de personalidades jurídicas en el registro estatal.