COMUNIDADES

Desde la comunidad de Pozo Colorado, advirtieron que las empresas mineras continúan con trabajos y monitoreos ambientales en la región sin la debida consulta previa. Aseguran que las concesiones afectan a múltiples poblaciones y cuestionan la falta de respuestas de la justicia ante los amparos presentados.

Con un fuerte reclamo en defensa de los recursos naturales y contra la escasez hídrica que afecta a los territorios, este 1 de octubre dio inicio la 11° edición de la tradicional marcha de las comunidades originarias, que prevén el arribo a la capital jujeña el 12 de octubre.

La Comisión de Pueblos Indígenas condiciona la atención a contar con personería jurídica emitida por el Ejecutivo. Desde Rodero advirtieron que solo 70 de 350 comunidades tienen título de propiedad en la provincia.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y comunidades indígenas de Jujuy advierten sobre los graves riesgos hídricos y la falta de controles estatales en los nuevos monitoreos de cateos mineros.

En Plaza Belgrano, referentes de la comunidad indígena expusieron las pruebas documentales que ratifican la falsificación de actas y el aval arbitrario de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Apuntaron directamente contra el gobierno provincial y el Procurador del Tesoro por intentar boicotear la causa judicial.

La abogada Silvana Llanes expuso ante la Justicia Federal un entramado de falsificación de actas y duplicidad de constancias por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas. El objetivo sería deslegitimar a las autoridades legítimas y restarle fuerza a la querella contra ex funcionarios provinciales.

Desde la comunidad de Tusaquillas criticaron la gestión provincial y aseguraron que las obras anunciadas no llegan a los sectores que se oponen a la minería. Además, reclamaron mejoras urgentes en caminos, conectividad y servicios básicos.

Vecinos y referentes de la comunidad indígena cuestionaron fuertemente la visita del mandatario provincial. Acusan al Gobierno de avalar a una nueva comunera de manera irregular y de violar medidas cautelares sobre el predio de la cancha en disputa al aterrizar en helicóptero.

La abogada constitucionalista Silvana Llanes, representante de integrantes de la comunidad de Caspalá y parte querellante en la causa que investiga hechos ocurridos en esa localidad, cuestionó duramente la visita del gobernador Carlos Sadir durante las fiestas patronales y aseguró que su presencia implicó un nuevo incumplimiento de las medidas judiciales vigentes sobre el territorio.

Desde el Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki marcaron el impacto del actual contexto de vulneración de derechos, la derogación de normativas protectoras y la resistencia frente al avance sobre los territorios y el agua.