En diálogo con Sobremesa, el abogado René Casas cuestionó que ni la Legislatura ni los organismos de control hayan brindado información oficial sobre el uso de entre 70 y 100 hectáreas del legado Zabala, donde la empresa instaló invernaderos, galpones y construcciones financiadas con fondos públicos.
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Crece la presión para que el gobierno informe sobre el manejo de Cannava y el legado Zabala
La situación de Cannava volvió al centro de la escena luego de nuevas advertencias sobre la falta de transparencia en su administración y el posible intento de vender la empresa estatal junto con tierras de la Finca El Pongo, un patrimonio que por testamento de 1974 pertenece al Hospital de Perico.
Casas advirtió que no existen registros públicos de inventarios, actos de concesión ni documentación que detalle qué bienes estaban originalmente en la finca ni cuáles se incorporaron durante la operación de Cannava. Recordó que todo lo construido sobre esas tierras forma parte del legado del Dr. Plinio Zabala, cuya voluntad fue que la riqueza generada por la finca sostuviera al Hospital de Perico. “Las tierras no pueden venderse. No pertenecen al gobierno: pertenecen al legado y, en consecuencia, a la gente”, afirmó.
La preocupación aumentó luego de trascendidos que indican que el predio estaría “abandonado”, lo que abre interrogantes sobre el estado del patrimonio invertido y la posible pérdida de infraestructura pública. Casas reclamó que la Legislatura, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Anticorrupción y el Colegio de Auditores actúen de inmediato para relevar el estado real del activo de la empresa, sus ganancias, deudas y el destino de los fondos invertidos. Mencionó además que informes previos del ex Tribunal de Cuentas registraron observaciones y déficits, incluido uno cercano a 90 millones de pesos en 2022, que nunca fueron esclarecidos.
El abogado enfatizó que Cannava, como empresa estatal, opera con recursos de los jujeños y requiere controles estrictos. También alertó sobre una eventual maniobra legislativa que intente habilitar la venta de tierras del legado Zabala, lo que calificó como un atentado contra la voluntad testamentaria y la institucionalidad. Recordó que la Finca El Pongo originalmente abarcaba 15 mil hectáreas, pero hoy quedan alrededor de 10 mil debido a pérdidas por falta de control estatal.
El caso Cannava se suma a otros episodios de opacidad en la gestión pública provincial, pero para Casas la gravedad es mayor: se trata de tierras altamente productivas destinadas a financiar un hospital que, a cincuenta años del legado Zabala, sigue sin recibir la riqueza prometida. “Podríamos tener el mejor hospital de la provincia. Sin embargo, la riqueza del legado nunca llegó a donde debía”, concluyó.