Cuando el Estado llega tarde la respuesta es femicidio

Aquí es donde el análisis crítico se vuelve una obligación moral. Porque frente a esos gritos, frente a esa alerta vecinal, la policía habría llegado al lugar, y se habría retirado. ¿Por qué? La justificación seria que no contaban con una orden de allanamiento de un fiscal o un juez para ingresar. Y es en ese tecnicismo burocrático, en esa interpretación fría y literal de la ley, donde reside la presunta falla procedimental que le habría costado la vida a la mujer.

Existe un protocolo de actuación ante la violencia de género y la ley nacional 26.485. Estos instrumentos legales, que Jujuy adhirió e incluso tiene legislación propia como la "ley Iara" que declara la emergencia en la materia, establecen como prioridad fundamental el resguardo y la seguridad integral de la mujer víctima. Y este resguardo tiene que ser inmediato.

¿Puede la policía de Jujuy actuar de oficio en un caso de flagrancia o peligro inminente? La doctrina jurídica y los mismos protocolos de emergencia suelen reconocer la posibilidad de allanamiento sin orden judicial cuando hay un peligro inminente para la vida o la integridad física de una persona. El grito de auxilio no es una simple sospecha; es la evidencia auditiva de un delito que se está cometiendo o está a punto de consumarse. El objetivo del protocolo no es esperar el sello de un juez, sino salvar una vida. La supuesta retirada policial en ese contexto no es una "obediencia debida" a la burocracia, sino una potencial inobservancia del deber de protección que es la esencia de su función en estos casos. Es un fallo en la capacitación, en la perspectiva de género y, peor aún, en la voluntad de ejercer el rol de garante del Estado.

Y la justicia, con el fiscal de turno, también debe responder. ¿Por qué el proceso de emisión de una orden judicial, o al menos la consulta telefónica rápida con el funcionario judicial, no se activó con la urgencia que la situación demandaba? La coordinación entre el 911, la policía y el Ministerio Público Fiscal debe ser un engranaje de relojería en estos casos. Si la burocracia judicial es más lenta que el ataque femicida, esa burocracia seria cómplice por omisión. No se puede permitir que la vida de una persona dependa de la lentitud de un expediente o de la disponibilidad de un magistrado. La ley debe tener la flexibilidad, la sensibilidad y la perspectiva de género para entender que, ante los gritos, la única orden válida es entrar.

La vida de esta joven se perdió, y con ella, se ha perdido otra oportunidad para que el Estado demuestre que sus protocolos y leyes no son solo tinta en un papel, sino un escudo real para las mujeres. La respuesta debe ser una investigación interna profunda, no solo para sancionar a quienes se retiraron, sino para reformular procedimientos que antepongan el derecho a la vida por encima de cualquier formalismo legal. La emergencia en violencia de género exige una acción inmediata, arriesgada si es necesario, pero siempre orientada a proteger a la víctima. Es una falla sistémica, una cadena de responsabilidades que debe ser reparada.

En el caso de la Ley Micaela, la capacitación obligatoria en género y violencia para todos los agentes del estado, incluyendo a la policía y el poder judicial, es un pilar fundamental. Jujuy adhirió, se han realizado diversas capacitaciones, el ministerio público de la acusación y el servicio penitenciario han avanzado en la formación. Pero, ¿los resultados se ven en la calle? Cuando escuchamos que la policía se retira de un inquilinato donde una joven grita por su vida, alegando la falta de una orden judicial, surge una crítica lapidaria: la capacitación habría fracasado en el momento más crítico.

Si los agentes del Estado siguen priorizando el tecnicismo burocrático sobre la vida humana, si la perspectiva de género que exige la Ley Micaela no logra cambiar el chip procedimental para reconocer una flagrancia o un peligro inminente que habilita la acción de oficio, entonces la Ley Micaela se convierte en un simple certificado colgado en la pared. Esto no es solo una falla de un policía, es una falla del sistema de formación, de la implementación y de la fiscalización que hace el propio estado sobre si esa capacitación se tradujo en una actuación efectiva.

La política pública, lamentablemente, parece haber quedado a mitad de camino, como una iniciativa que se impulsa, pero no se sostiene ni se evalúa por sus resultados más dolorosos: las vidas perdidas.

El segundo punto neurálgico, y quizás el más sensible en este momento, es la performance del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, y en particular, de su titular, la Lourdes Navarro. Con una provincia que históricamente lidera las estadísticas de víctimas de violencia y ante el quinto femicidio de 2025, la pregunta sobre la idoneidad y la eficacia del organismo es obligatoria.

Si bien la institución informa haber realizado miles de atenciones y sostener una red de centros en un contexto de recorte nacional, lo cierto es que la ciudadanía y las organizaciones feministas señalan que los asesinatos no cesan y la prevención activa es invisible. La ley Iara, que declara la emergencia en violencia de género, tiene en este consejo su autoridad de aplicación. La reciente solicitud de interpelación a la titular en la legislatura, impulsada por la oposición, justamente pone en evidencia esta preocupación: ¿cómo se está ejecutando el presupuesto? ¿Las políticas de prevención están llegando a tiempo y con la contundencia necesaria para evitar que la espiral de violencia termine en un femicidio?

El señalamiento sobre la idoneidad de la funcionaria se magnifica por el contexto de emergencia. En un cargo tan estratégico, se espera una persona con un liderazgo irrefutable, una trayectoria reconocida en la lucha y una capacidad de gestión que mueva toda la estructura estatal, desde la sensibilización hasta la articulación con seguridad y justicia. El hecho de que se plantee esta duda en medio de una ola de crímenes ya es un indicador de que la funcionaria no está logrando generar la confianza, la acción, o los resultados que la ciudadanía desesperadamente exige.

Finalmente, ¿qué hará el gobernador Sadir? El gobernador ha anunciado que hará cambios en su gabinete buscando "oxigenar" y reducir la cantidad de funcionarios, con la premisa de hacer el Estado más eficiente. Ante estos anuncios, la sociedad mira directamente al Consejo de la Mujer.

Si los resultados son cinco femicidios en lo que va del año, si el organismo rector no logra frenar esta ola y si su conducción está siendo seriamente cuestionada por la legislatura y las organizaciones, la permanencia de la señora Navarro se vuelve una carga política y moral insostenible para la gestión. Mantener a una funcionaria que es percibida como ineficaz o sin la suficiente expertis en medio de una crisis de estas características, sería un mensaje de indiferencia o de subestimación del problema por parte del gobierno.

Un cambio seria imperioso y necesario para intentar restaurar la confianza y darles un nuevo y verdadero impulso a la política de protección a las mujeres. El gobernador Sadir tiene ahora la obligación de demostrar si su anunciado cambio de gabinete incluye una perspectiva de género real que priorice la vida de las jujeñas.