Gastón Morales y su "bandita" expresan la versión jujeña de macondo

Estas son magnitudes que, de ser ciertas, deberían estar transformando la realidad económica y social de la provincia de manera radical. Y es justamente aquí donde el relato choca de frente con la realidad y donde se imponen las preguntas de control y transparencia.

La primera y más elemental pregunta que surge es de naturaleza contable y de ética pública: ¿dónde están los papeles? Cuando una empresa estatal, que se constituyó, financió y creció con dinero de todos los jujeños, presenta públicamente estas cifras multimillonarias y lo hace a través de una declaración en un medio, que hace relaciones públicas no periodismo profesional. La obligación inmediata de los organismos de control es certificar la veracidad de cada peso. Por eso, la exigencia de saber si estas proyecciones y estos ingresos están certificados por la Auditoría General de la provincia y por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas no es un capricho político, sino un requisito indispensable de la salud institucional.

Hasta el día de hoy, el silencio sobre la publicación formal de balances auditados y el dictamen profesional ante los legisladores es ensordecedor. Las cifras, sin esa certificación profesional y técnica, son simplemente declaraciones de buena voluntad o, peor aún, un ejercicio de marketing político. No se puede pretender generar confianza en un negocio tan sensible, que maneja fondos públicos en un sector tan novedoso, solo con gacetillas de prensa. La falta de acceso a esta información crucial para los legisladores y la ciudadanía alimenta la sombra de la duda: si los números son tan buenos, ¿por qué esconder el rigor de la auditoría? El mantra de la transparencia en la gestión pública exige que la respuesta no venga de un micrófono, sino de un balance firmado y validado por los profesionales idóneos.

Y si logramos, por un instante, aceptar que estas cifras son reales, que Cannava está produciendo y vendiendo miles de millones de pesos, el foco de la crítica debe moverse inmediatamente al segundo punto crucial: el derramamiento social.

La gran promesa del proyecto Cannava, más allá de la innovación productiva, fue la de generar una nueva matriz económica que sacara a Jujuy de sus males históricos. Pero la provincia sigue padeciendo un Estado ausente que no logra dar respuestas efectivas en salud, educación, infraestructura básica y seguridad social. Si la empresa estatal genera $15.000 millones de pesos en producción, la gente tiene todo el derecho a preguntarse, con dolor y con bronca, cómo es que esa utilidad se traduce en mejoras concretas en sus vidas. ¿Se ha visto un incremento sustancial en el presupuesto hospitalario? ¿Los hospitales de la provincia ya no carecen de insumos esenciales? ¿El aceite medicinal que Cannava produce se reparte en farmacias de Jujuy? Para todos los jujeños que lo necesitan.

La crítica más contundente es esta: el supuesto éxito económico de la empresa no se condice con el déficit social palpable en las calles. Si la riqueza generada por un recurso administrado por el estado no está derramando masivamente en las capas sociales más vulnerables de Jujuy, entonces el proyecto se convierte, en la percepción pública, en una burbuja financiera que beneficia a una estructura cerrada y a los pocos que están cerca del círculo de decisiones. El Estado, a través de sus empresas, no está para hacer grandes negocios de exportación en sí mismos, sino para utilizar la rentabilidad de esos negocios para servir al bien común. Hasta que las cifras de la auditoría no sean públicas y hasta que las utilidades no se vean reflejadas en un salto de calidad de vida para el jujeño de a pie, el relato de Cannava seguirá siendo percibido, de forma muy crítica, como un espejismo de opulencia en un desierto de necesidades.

El caso de la ocupación de terrenos de la finca el pongo por parte de la empresa estatal Cannava S.E y el presunto incumplimiento de un legado histórico de aporte social a los hospitales de Jujuy es, sin duda, un nuevo capítulo que exige un análisis extremadamente crítico sobre la gestión pública y la ética. La historia de El Pongo no es una historia de cualquier tierra; es una historia de responsabilidad social y de legado, marcado por la figura de don Plinio Zabala, el histórico propietario que cedió parte de esas tierras a productores humildes bajo la condición clara y conocida de que una porción de sus cosechas se destinara a sostener el hospital Zabala y el hospital Pablo Soria, que es el hospital cabecera de la provincia. Este era un mecanismo de derramamiento social directo y obligatorio, incrustado en la tradición de esa tierra.

Ahora, ¿qué ocurre cuando una sociedad del Estado—una empresa que, recordemos, se supone debe servir al bien público—irrumpe en este espacio? La crítica es doble. Primero, la supuesta usurpación o, al menos, la ocupación sin un acuerdo claro y transparente que respete ese legado: si Cannava usa la tierra, debe adoptar y honrar el compromiso histórico que esa tierra conlleva. Segundo, y aquí está el nudo gordiano del asunto, la ausencia de información pública sobre los aportes que la compañía ha realizado a esos hospitales desde 2017 hasta la fecha. Si es cierto, como se dice en la crítica, que la situación del hospital Zabala es paupérrima y que el hospital Pablo Soria sigue necesitando más inversión desesperadamente para cumplir con su rol de referencia provincial, ¿Dónde están los millones de pesos que, por mandato tácito del suelo que ocupan, deberían haber llegado a sus arcas?

Es sospechoso, por decir lo menos, que una empresa que se jacta de manejar cifras de exportación de miles de millones de pesos al año, no pueda o no quiera transparentar un aporte tan esencial y simbólico. La opacidad en este punto es inaceptable.

Si Cannava se apropia de un espacio con una carga histórica de compensación social tan fuerte y no muestra los certificados de donación, los montos ni el impacto de sus contribuciones, entonces no se trata solo de un error de gestión, sino de una violación de la confianza pública y de un abuso de poder estatal sobre un patrimonio con fin social. La empresa estatal, lejos de ser un agente de desarrollo transparente y ético, parece estar operando en un vacío de responsabilidad. No le alcanza con decir que genera empleo o que exporta; debe demostrar que respeta el espíritu del suelo que ocupa y que está cumpliendo con la deuda histórica y social que don Plinio Zabala legó.

La pregunta para las autoridades de Cannava es directa y no admite evasivas: ¿cuánto dinero, cuántos insumos y qué aportes concretos y documentados han llegado al hospital Zabala y al hospital Soria gracias a la explotación de El Pongo por Cannava S.E.? El silencio o la falta de una respuesta verificable solo confirman la sospecha de que la empresa se ha quedado con el beneficio de la tierra sin asumir su carga social, un acto que, en el contexto de un estado ausente y hospitales en crisis, resulta profundamente inmoral y condenable.

Por otra parte, nos enteramos que Cannava está en venta y cotiza en 98 millones de dólares según un consultora que no la conoce nadie. El dato es secundario pero una cosa es lo que uno pide y otra lo que el mercado ofrece. Además, si largas una cifra de esa magnitud el deber es explicarla.

Otra cuestión: la venta es con ¿las tierras incluidas? Si es así, ¿que hacemos con el legado de don Plinio Zabala? Quiere decir que cualquiera que ocupe esas tierras tiene derecho a venderlas junto a su emprendimiento? No me cabe dudas, Jujuy es macondo.

Gabriel García Márquez inventó este pueblo donde se mezclaban la ficción con la realidad en el contexto de decadencia de Latinoamérica. Jujuy es lo más parecido a la obra del gran escritor colombiano.