El titular de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, Guillermo Sadir, definió que el objetivo del encuentro será “la socialización de este convenio firmado por el gobernador con el CFI y para la intervención de la consultora israelí Mekorot, que va a realizar el plan director del manejo del agua de la provincia”.
“Se desconoce todo, solo está la información divulgada a través de prensa oficial, la Mesa del Agua convoca actores específicos, no es abierta al público, el objeto de la contratación de esta consultora israelíes es para hacer el plan director de manejo del agua en toda la provincia”, introdujo el tema la abogada del foro local Alicia Chalabe.
La compañía Mekorot Israel National Water, como su nombre lo indica pertenece al Estado de Israel y ha sido acusada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por causar un apartheid del agua como se ha llamado popularmente a la reducción del servicio de agua potable en Palestina, perjudicando a millones de usuarios quienes carecen de un acceso seguro al líquido elemental.
El desembarco de Mekorot en nuestro territorio no es nuevo, incluso trasciende las habituales barreras ideológicas de la política. Fue el ex ministro kirchnerista Eduardo de Pedro quien viajo a Israel junto a un grupo de gobernadores, diputados y otros funcionarios para conocer de primera mano su gestión, sellando un acuerdo de cooperación en asistencia técnica con el aval del Consejo Federal de Inversiones (CFI) sobre la infraestructura hídrica de diez provincias.
Jujuy simplemente se suma de manera tardía, pero siguiendo los mismos pasos. Con el agravante de tener un gran sector de la población cuyos intereses pueden verse afectados aún cuando se encuentran amparados por los convenios internacionales y leyes nacionales.
Comuneros se unieron informalmente al encuentro durante la mañana, llevando su Whipala y un mensaje bien concreto "no quieren la intervención de la empresa en su territorio", mucho menos que disponga del recurso natural esencial para su supervivencia. La relación con el oficialismo ha ido en franco detrimento desde la sanción de la reforma constitucional que habilitó una avanzada sobre el agua, exacerbada por la ley de emergencia pública que se aprobará en la Legislatura.
“Las comunidades solicitaron participar de acuerdo al convenio 169 de la OIT que establece la consulta y el tratado ESCAZÚ al que suscribió argentina que establece el derecho a la información ambiental, las autoridades tienen la obligación de brindar información. Solo se conocen los titulares de esta contratación a la consultora”, amplió Chalabe ratificando que no importa lo dispuesto en la reforma constitucional que puso a disposición del gobierno la administración del agua en todo el territorio, las jerarquías de normas deben ser respetadas.
Embed - Polémica por la "Mesa del Agua": no hubo consulta a las comunidades
La abogada especializada en defensa de los consumidores marcó una contradicción u operación en cubierta, recordando que en octubre de 2024, en reacción a una acción de amparo interpuesta por la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ante la Corte Suprema de Justicia por los proyectos de exploración de litio en la Puna, los gobiernos de Jujuy y Salta firmaron un acuerdo interprovincial para la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes.
Este hecho recientemente ratificado por la bicameral salteña, todavía pendiente de ratificación en nuestra provincia, dispuso una serie de evaluaciones de impacto ambiental, hidrológicas, geográficas y geológicas previas al inicio de actividades mineras. Por consiguiente el hecho de encargarle a partir de junio a Mekorot la planificación de todo el plan de aguas pasa por alto este acuerdo interprovincial.
No van a poder hacer un plan de manejo de todos los recursos hídricos. Debe conocerse el objetivo porque hay actores que no fueron invitados, hay acuerdos institucionales dejados de lado, o le están mintiendo a la CSJN No van a poder hacer un plan de manejo de todos los recursos hídricos. Debe conocerse el objetivo porque hay actores que no fueron invitados, hay acuerdos institucionales dejados de lado, o le están mintiendo a la CSJN
