Sobre este panorama, la licenciada Alejandra Julián dialogó con Radio 2 y remarcó la importancia de la regulación profesional y la ética en la atención a pacientes y estudiantes.
El marco legal y la exigencia de matriculación
La profesional explicó que la actividad psicopedagógica en la provincia se encuentra regulada por la Ley Provincial N.° 6040, promulgada en 2017, la cual se alinea con las disposiciones de la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP) a nivel nacional.
- Requisitos obligatorios: Para ejercer formalmente no basta con poseer el título universitario de una carrera no menor a cuatro años; es indispensable la matriculación provincial para garantizar el cumplimiento del código de ética y la deontología profesional.
- Derecho de la comunidad: Los usuarios y familias tienen el derecho de solicitar el número de matrícula y la credencial de habilitación a cualquier profesional antes de iniciar un tratamiento o acompañamiento.
- Sanciones y resguardo: Estar colegiado permite al cuerpo profesional supervisar la praxis, sancionar o suspender matrículas ante eventuales irregularidades y brindar garantías a la comunidad.
El rol transversal: más allá del ámbito educativo
La especialista enfatizó que la psicopedagogía no debe supeditarse únicamente al campo escolar o a los cargos docentes dentro del Ministerio de Educación, sino que cumple un rol central dentro del sistema de salud y los equipos interdisciplinarios de salud mental (Ley N.° 26.657).
- Inserción en el sistema sanitario: Advirtió sobre la falta de cargos psicopedagógicos en hospitales y puestos de salud de la provincia, señalando como una excepción positiva la reciente incorporación de profesionales en el hospital de Tilcara.
- Habilitaciones correspondientes: Quienes se desempeñan en el ámbito privado deben contar adicionalmente con las habilitaciones municipales y de la Unidad de Fiscalización (UFE) del Ministerio de Salud.
Finalmente, instó tanto a las instituciones públicas como privadas a exigir la documentación habilitante completa al momento de contratar personal, evitando así la precarización del área y el riesgo de mala praxis en la atención de las niñeces y adolescencias.
