Comunidades indígenas

La abogada Alicia Chalabe, quien representa a las comunidades asentadas en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, confirmó el inicio de acciones legales en fuero penal, tras la aprobación de un proyecto de exploración minero que no contempló los intereses de la mayoría de los pobladores. La secretaria de Pueblos Indígenas festejó en las redes la resolución adoptada por los miembros de Rinconadillas, aún cuando otras 36 comunidades fueron dejadas de lado.

La familia Trejo junto a referentes de otras comunidades indígenas que los apoyan llegaron hasta la capital jujeña para reclamar por sus tierras. Tras la denuncia de una supuesta dueña que jamás mostró un papel que acreditando la titularidad, la Fuerza pública procedió a expulsarlos del lugar en disputa. Llevan casi dos semanas en la calle esperando que alguna autoridad se apiade e intervenga en favor de las cinco familias damnificadas.

El gobierno jujeño presentó a la empresa estatal de agua israelí como asesora en su master plan hídrico sin contemplar a las comunidades originarias, cuyos intereses, estilo de vida y hasta supervivencia podrían verse afectados.

La presentación del futuro master plan hídrico que elaborará la consultora israelí no pudo terminar por la protesta pacífica de los pueblos originarios y la multisectorial, quienes no fueron formalmente invitados a pesar de ser principales interesados. El ministro Stanic finalizó el evento de manera repentina, evitando el dialogo, posteriormente los medios afines al gobierno invisibilizaron el reclamo.

El acuerdo entre el gobierno jujeño y una consultora israelí por la planificación de los recursos hídricos volvió a activar las alarmas por un posible avasallamiento de los derechos indígenas.

El gobierno provincial convocó al encuentro para el martes 21/05 donde se expondrá el el Plan Maestro de Recursos Hídricos con la consultora Mekorot incluída. Curiosamente las comunidades originarias no recibieron invitación formal y los acuerdos con la empresa estatal de origen israelí es mayormente desconocido.

Creada por Gabriela Michetti en 2017, fue la primera comisión del Congreso que se dedicara de manera exclusiva a los derechos de los pueblos originarios.

El Ejecutivo avanzará sobre la disolución del organismo creado por ley en 1985, que se encarga de los planes de adjudicación y explotación de las tierras de las comunidades aborígenes. Sus costos de personal del año pasado fueron de más de $1.248 millones.

El gobierno de Jorge Macri ordenó a los efectivos de la ciudad desalojar la Plaza Lavalle frente a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentran asentados los comuneros desde hace cuatro meses. La medida fue ejecutada luego de que las comunidades informaran el viaje de regreso, pero un inconveniente con el transporte los ha demorado. Sin darles tiempo para organizarse, los efectivos iniciaron el proceso de limpieza con escaso respeto por las pertenencias y bienestar de los jujeños.