Tras el derribo de las casas con maquinaria pesada, acudieron a la fiscalía para radicar la denuncia y exigir respuestas sobre el paradero de varios niños de entre 1 y 7 años.
Lo desmedido del accionar generó un fuerte repudio de diversos sectores:
Presentación de un habeas corpus
En diálogo con Radio 2, la abogada representante de la comunidad, Alejandra Cejas, detalló los alcances del habeas corpus preventivo y general por ilegalidades cometidas en el operativo, presentado de manera conjunta con sus colegas Silvana Llanes y Mariana Vargas, orientado a resguardar la integridad de las familias afectadas tras el violento procedimiento en un litigio entre particulares.
"Nos notificaron la audiencia de habeas corpus para el miércoles a las 10 de la mañana. Presentamos el recurso preventivo y general por las detenciones que consideramos ilegales, la falta de registro médico de los heridos por balas de goma y la grave afectación a niños y adolescentes que sufrieron el procedimiento de manera desproporcionada", sostuvo.
La letrada cuestionó con dureza el accionar de las fuerzas encabezadas por el Ministerio de Seguridad y la falta de garantías sanitarias en el lugar de los hechos:
- Lesiones de gravedad: Cejas denunció la existencia de pobladores y comuneros con hasta 20 impactos de proyectiles de goma en el cuerpo, con heridas de consideración en rostros y torso, disparados a corta distancia violando los protocolos de uso de armas no letales.
- Falta de contención médica: Señaló que no se permitió el ingreso oportuno de organismos de salud o ambulancias del SAME para brindar primeros auxilios a las personas ensangrentadas.
- Extravío y vulneración de menores: Alertó sobre la situación de conmoción en la que varios niños debieron escapar hacia los cerros y zonas aledañas durante el lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos para evitar ser apresados junto a sus familias.
" Hubo un abuso de poder descomunal. La comunidad de Santa Rosa no formaba parte del proceso entre particulares y terminó siendo víctima de un despliegue policial irrazonable. No había justificación para semejante nivel de violencia, disparos ni para la destrucción de bienes con maquinaria pesada", aseveró.
Por último, Cejas remarcó que solicitarán la precisión de qué autoridades judiciales y de seguridad estuvieron a cargo en el terreno. Además de determinar la actuación de los organismos de protección de niñez que estuvieron presentes durante la remoción de las familias.
