- A tres meses de acordada la restitución de los terrenos, el gobierno desarmó la obra del edificio escolar y en los próximos días hará entrega de la cancha.
- La comunidad invitó a todos los interesados a sumarse a la celebración en una agenda que todavía permanece abierta.
Caspalá celebra la recuperación de los terrenos usurpados por el gobierno
El próximo sábado8 de febrero se formalizará la restitución de la cancha de fútbol ancestral con actividades culturales abiertas al público. La obra del edificio escolar inconsulto fue paralizada y desmontada luego del convenio homologado en la justicia federal, hoy solo quedan vestigios de la Escuela Secundaria N° 57 que nunca debió ser.
Desde la primera avanzada policial hasta el evento que se desarrollará próximamente han transcurrido 813 días. Más de dos años que fueron un verdadero suplicio para una comunidad pacífica que si bien no conocía de conflictos con el poder político, había dejado en claro desde un primer momento que no permitiría que la avasallasen.
Así como las balas de goma dejaron huella en los cuerpos, los episodios de represión oficial todavía están presentes en la mente de los pobladores, quienes reconocen “vivir con miedo desde entonces”. Sin embargo el tiempo, con la colaboración de la justicia federal, hizo que el recuerdo se camufle en lo recóndito del departamento Valle Grande para darle paso a la recuperación y festejo tanto del predio deportivo como la Finca Santa Rosa donde se hallan escondidos los antigales.
“Este es un evento muy importante para nosotros. Una lucha que hemos llevado ya 2 años y la verdad que estamos bastante emocionados, muchos creían que no iba a poder volver atrás”, afirmó Lidia Balcarce, integrante de la comunidad al dialogar con Radio 2, anticipando que la fecha estimada de entrega será el 04/02 cuatro días antes de la reinauguración.
Con una serie de videos que reflejan la importancia de ganar la pulseada contra el enorme aparato estatal, la comunidad Kolla de Caspalá invita a sumarse a todos los interesados en una fiesta por la restitución de los terrenos, programada para el próximo sábado 08/02 donde se desarrollarán actividades culturales. Una forma muy propia de darle nueva vida al lugar que hasta hace poco estaba rodeados de bloques, vigas y policías.
Se trata de un hecho sumamente esperado desde que la Fiscalía de Estado adhirió al convenio homologado por la jueza federal de Garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, el pasado noviembre, donde se comprometían a reparar los daños causados tanto en la cancha de fútbol como el predio privado donde se encontraron elementos de interés arqueológico.
“Recién estamos dando forma al programa, pero el día 7 en la tarde iremos recibiendo a los hermanos que participarán… Al día siguiente haremos la ceremonia y luego iremos desarrollando distintas actividades junto a todos los miembros de la comunidad y también personas de afuera que quieran participar o proponer”.
La codicia del mandatario y el revés de la justicia federal
Aquel 18 de noviembre, el ex gobernador Gerardo Morales con la venia del ex comisionado Natividad Apaza (quien se encuentra imputado con otros cinco funcionarios públicos por fraude a la administración pública) dieron la orden para que la policía despoje al pueblo de los terrenos que no solo tenían una función deportiva, eran y volverán a ser pronto, el epicentro social, cultural y hasta espiritual de la comunidad.
El Ejecutivo provincial mandó a la Legislatura el proyecto de expropiación días más tarde para darle un marco de democrático al emprendimiento educativo, mientras que Apaza operó terreno adentro para dar una imagen de consenso con algunos actores secundarios, más nunca activó los mecanismos correspondientes de consulta popular.
De hecho, tal como ocurrió en el caso de Radio Estación Tilcara, desde las altas esferas del poder, trataron de hacer ver a los caspaleños como rebeldes o criminales, protagonistas de hechos vandálicos que recibieron multas contravencionales. Incluso a principios de 2024 se conoció que siete mujeres de la comunidad indígena fueron imputadas por “daños agravados, robo agravado y usurpación".
A modo de resarcimiento, en un intento por mostrar una inexistente vocación de dialogo, el gobierno se comprometió a construir un nuevo espacio deportivo de manera paralela, esta vez expropiando terrenos privados que pertenecen a Pablo Cruz Moyoja, donde finalmente serían halladas reliquias de tiempos incaicos. Con este último agravante mas la presión popular, mediática y judicial que adquirió el conflicto, la justicia provincial, tantas veces señalada por su connivencia con el poder política no pudo hacer caso omiso a las medidas interpuestas por las asesoras legales, Alejandra Cejas y Silvana Llanes.
En realidad poco le importó al gobierno jujeño la medida cautelar de no innovar interpuesta ante el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de la provincia de Jujuy, porque los camiones con material de construcción seguían llegando. Incluso la jueza a cargo, Marisa Rondón viajó junto a una comitiva de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que se encontraban recepcionando denuncias por violencia institucional en abril de 2023 para hacer una inspección ocular del lugar, pero en definitiva hicieron caso omiso desde Casa de Gobierno, convencidos de que saldrían con la suya.
Finalmente las acciones legales serían promovidas en la justicia federal, donde la mencionada jueza Gregoraschuk daría lugar a los pedidos de la fiscal Lucía Orsetti, quien detectó maniobras compatibles con el delito de “fraude a la administración pública”, perpetradas por al menos seis funcionarios, quienes conociendo ciertas incompatibilidades con las exigencias del Plan de Manejo Amiental, habrían falseado información sensible para poder acceder al crédito de $43.000.000 que serían destinados al futuro edificio escolar sobre el único terreno nivelado en Caspalá.
Advirtiendo que no habría forma de avanzar con la Escuela Secundaria N° 57, el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas accedió a firmar el acuerdo promovido por la titular de la Unidad Fiscal Federal para que se restituyan y reparen los terrenos, en un hecho inédito “por las características del objeto del proceso, que implicó un conflicto social de gran magnitud y que obtuvo solución mediante el acuerdo de reparación integral previsto en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal”.
Respecto de la causa en contra de los funcionarios, habrá que esperar el cese de la feria judicial para saber como continuará el proceso, siendo que tras la última audiencia celebrada en diciembre para que los imputados conozcan la causa de imputación, hay un plazo de 45 días para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que culminará por abril.