El calvario de los tilcareños (antes de los artesanos de Volcán) inicia en enero de 2022, cuando el actual gerente de operaciones del Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada, Emiliano Rodríguez, por entonces coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial Tren Jujuy - La Quiaca, denunció por usurpación (expte. P268-000) a 16 familias que ocupaban terrenos en cercanías del cuadro de estación, dentro del ejido correspondiente a barrio Radio Estación Tilcara.
La causa avanzó por los circuitos de la justicia provincial sin mayores inconvenientes pero sin elevarse a juicio jamás y por tanto no existe una condena sobre los propietarios de los inmuebles en disputa que finalmente serían desalojados, exceptuando aquellos que aceptaron ser reubicados en módulos habitacionales de 3x3 en otra zona del pueblo.
En noviembre de 2023 ante el inminente avance de la policía y las máquinas, Alejandra Cejas, abogada de algunas familias involucradas declaró a los medios: “Nunca les permitieron ejercer su derecho a la defensa, no hubo juicio de desalojo, es una denuncia falsa donde decidieron generar una cautelar en feria para su beneficio”, en referencia a la disposición judicial de Desalojo, dispuesta por el juez de control N°3 Salvador Gustavo Ortiz, pero solicitada y promovida por el fiscal Fernando Alancay, cuya labor sería recusada por la defensa entendiendo que había animosidad contra las familias. Finalmente sería reemplazado por orden del procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.
Varios meses después se divulgaría la foto de un petitorio del mencionado juez, donde solicitaba la exclusión de la propiedad a nombre de la familia Chiliguay, por considerar “…respecto del Sr. Jesús Chiliguay, que el mismo había celebrado un convenio de transferencia con el Ferrocarril, conforme surgía de la cédula parcelaria de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.). En razón de ello, entendemos que no corresponde la prosecución de la acción penal en contra de los mismos” ¿Por qué fue ignorada esta solicitud? Es un hecho que propios y ajenos todavía ignoran.
Fueron varias las presentaciones con aportes documentales que la abogada Cejas junto a su colega Silvana Llanes efectuaron, argumentando que los terrenos de la discordia no pertenecían al Estado provincial, toda vez que varias de las familias en cuestión accedieron a un acuerdo bajo la Ley N°24.146 de Emergencia Económica sancionada en 1992 que permitía la adquisición de ciertos inmuebles con destino para viviendas como reza el artículo 2°:
“…que estuvieren destinados a vivienda del personal de los entes mencionados en dicho artículo, y los que estuvieren ocupados por entidades de bien público o familias de escasos recursos, podrán ser transferidos a sus actuales ocupantes en forma onerosa, con facilidades extendidas y tasa de interés preferencial”.
También existen familias con posesión acreditada por décadas, servicios públicos a su nombre y tenencia validada por el histórico ex intendente Félix Pérez, aliado del oficialismo provincial (incluso fue candidato a diputado nacional en 2023 por el Frente Cambia Jujuy) quien cedió esos lotes. La actual intendenta, Sonia Pérez, pertenece a la facción de Gerardo Morales y Carlos Sadir, por lo que solo ha mostrado satisfacción por la llegada del tren a su ciudad, sin inmiscuirse en los asuntos legales y habitacionales.
MOMENTO CRÍTICO, EL DESALOJO Y REUBICACIÓN
A pesar de las pruebas y omitiendo los procesos naturales para informar-proceder con un desalojo, el operativo se llevó a cabo, según denunciaron las familias damnificadas con extrema vehemencia, ante la mirada atenta del ministro de Seguridad provincial Guillermo Corro y el recusado fiscal Alancay. Los primeros episodios ocurrieron a principios de diciembre, muchos de ellos infructuosos por la reticencia de los propietarios a abandonar las viviendas que con tanto esfuerzo habían construido en los 90´s, incluso hubo vecinos demorados por averiguación de antecedentes en sede policial.
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Las crónicas como la del vecino Omar Galán dan cuenta de operativos desgaste cortando servicios, con efectivos policiales merodeando por las calles, un escenario de tensión que perjudicó la salud física y emocional de muchos tilcareños:
“Nosotros podemos dar fe que ninguno somos usurpadores, que todos tenemos papeles, permisos, tenencias de los intendentes anteriores hasta hace 30 años atrás, y las denuncias son falsas. El tren debería ser una buena noticia pero no cuesta nada la intensión de arreglar, todos los vecinos tienen la intensión y quieren que el tren venga, nunca nadie se opuso a que lo haga”.
Desde un principio dijimos sí al tren, no al desalojo. Los espacios están; cualquiera que viene a ver este lugar (puede ver que) todos los espacios están para el tren. Las vías están descubiertas… Desde un principio dijimos sí al tren, no al desalojo. Los espacios están; cualquiera que viene a ver este lugar (puede ver que) todos los espacios están para el tren. Las vías están descubiertas…
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Durante las primeras horas del lunes 15/01 se desarrolló un nuevo operativo de mayor intensidad, con un despliegue de efectivos sin precedentes, entrando en las casas y sacando a los civiles puertas afuera para proceder con la demolición de los inmuebles. A cambio era ofrecida la reubicación en los módulos antes mencionados sin considerar el perjuicio para la calidad de vida que implicaba como explicó a nuestro medio Isabel, una de las damnificadas:
“Tengo 3 hijas, y nietos. Vivo hace 10 años aquí. El municipio me dio un título. Yo edifiqué mi casa como pude. Estoy a 12 metro de la vía, estamos alejados, no molestamos. Se sabe que esto es para los negocios de los políticos, pero a nosotros no se nos deja trabajar en estos terrenos”.
“Se está dando lugar en un módulo de tres por tres, muy chiquito, donde pretenden que entren familias. El lugar es pésimo, sé que está en juicio y se nos da un papel vencido. Nos estamos seguros en el lugar que nos asignan”.
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Varios meses después el ministro de Turismo, Federico Posadas, minimizó estos episodios, aseguró que los estudios de impacto socio ambiental se habían realizado, contrario a los dichos de las abogadas involucradas e incluso afirmó que las familias aún siendo “usurpadoras”, habían sido totalmente ubicadas en casas. Tales declaraciones generaron indignación en los ciudadanos desplazados, especialmente en Lorena Chiliguay, hija del ex jefe ferroviario antes mencionado.
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LA JUSTICIA FEDERAL SE DECLARA COMPETENTE
Aunque todo parecía encaminado hacia el 16/08/24, fecha en la que se inauguró el circuito Volcán-Tilcara, una serie de acontecimientos judiciales recientes han puesto en un lugar cuando menos incómodo las pretensiones de un gobierno que no conforme con su primer par de duplas eléctricas, planea incorporar más unidades (se rumoreaban otras dos para la Quebrada y cinco para un hipotético circuito en los Valles) incluyendo un tren de pasajeros no turístico o de “cercanía”, según lo definió Gerardo Morales antes de dejar la gobernación.
Viendo que en la justicia provincial no había oportunidad de prosperar, las abogadas patrocinantes de los vecinos expulsados terminaron por recurrir a los juzgados federales, solicitando un recurso de amparo. El fiscal Carlos Colonnese confirmaría la competencia en febrero por considerar tanto “la existencia de los acuerdos en el marco de la Ley N°24.146 como el interés económico legítimo de la provincia por las inversiones efectuadas”, entendiendo que la competencia originaria correspondía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pocos días después, desde el Juzgado Federal N°2 de Jujuy llegaría la confirmación con la firma de la magistrada Carina Inés Gregoraschuk, haciendo finalmente lugar a la solicitud y dictando una medida de no innovar que finalmente no sería respetada por el gobierno provincial, toda vez que siguió avanzando con las reformas en la estación Tilcara, al punto de demarcar los nuevos límites del cuadro de estación hasta la puerta de las casas y negocios linderos.
La nueva mensura motivo nuevas acciones judiciales por considerar que ahora el gobierno se encontraba avanzando sobre propiedad privada al tiempo que turba el tránsito, sobre una calle que se encuentra reconocida en los planos municipales. Por ello una vez más las abogadas presentaron pruebas documentales con imágenes donde queda constatado el avance oficial sobre los inmuebles de familias damnificadas, que virtualmente no pueden salir de sus casas, mucho menos circular en un vehículo.
El juez Esteban Eduardo Hansen tomó la posta, siguiendo la misma línea de su predecesora y exigiéndole al Estado jujeño que argumente debidamente “con qué objeto realizan la demarcación y si la delimitación verificada en las fotografías se efectúan sobre terrenos de propiedad de los Ferrocarriles Argentinos (Estado Nacional) u obedece a los espacios reglamentarios para la construcción de las vías del tren”.
Funcionarios de primera línea llegaron a minimizar el conflicto, afirmando que no existía posibilidad de un fallo desfavorable o que la justifica federal no tiene injerencia en el asunto. Incluso pidieron la incompetencia del juzgado ante la Cámara de Apelaciones de Salta, todavía pendiente y que podría significar tanto comienzo como fin de una etapa.
No obstante la procuradora fiscal Neftalí Elías Sombory contestó el requerimiento del titular del Juzgado Federal N°2 aportando pruebas cartográficas que a criterio del Estado jujeño no implican una turbación toda vez que:
…no puede considerarse que las vías de acceso en general de los vecinos, ni específicamente de los propietarios de lotes colindantes con la Estación Tilcara (Sector Noroeste), estén restringidas por las obras que se ejecutan, dado que no corresponde que el acceso a dichos inmuebles se efectúe atravesando el predio de la Estación Tilcara (línea medianera), ya que conforme surge claramente del plano de mensura y división aprobado bajo N°950285 por la Dirección General de Inmuebles (04/10/1995) que en copia se acompaña a la presente, todos los lotes de dicho sector tienen “frente” o acceso ya sea por el “camino vecinal de la banda”, “el camino de herradura” o por las distintas servidumbres de paso que se constituyeron al efectuarse las sucesivas subdivisiones o mensuras de fracciones (Padrones I-5007, 5008, 5010, 5026, etc., y demás padrones que surgieron de las mensuras posteriores).
Pero he aquí la última novedad revelada días atrás, en medio de una tercer causa judicial iniciada por el Estado, esta vez contra 4 vecinos de Radio Estación acusados de usurpar los terrenos señalados con padrón correspondiente en el párrafo anterior.
Inexplicablemente hasta el momento, esas parcelas se encuentran inscriptas en la Dirección de Inmuebles a nombre de Pablo Civetta, el presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (EARPU) y el mismo autor intelectual de los desalojos y la expansión del cuadro de estación.