La semana en Purmamarca y alrededores, feriado mediante, inició con un acto sencillo pero emotivo bajo la intensa mirada del Inti. Distintos oradores tomaron el micrófono a su turno para invocar la dignidad de las comunidades indígenas mientras la Whipala flameaba junto a la enseña nacional atrapadas en los vientos quebradeños.
Abogada sobre la represión en Purmamarca: "Los autores de esa masacre deben ser investigados"
Tras cumplirse un año de la protesta en la intersección de la Ruta Nacional N°9 y provincial N°52, las comunidades originarias recordaron el evento de violencia oficial que busco restablecer el libre tránsito entre palazos, gases y balas de goma. Para Silvana Llanes, el cambio de gestión no morigeró la avanzada política sobre los derechos de los pobladores de Quebrada y Puna.
Difícil imaginar que 365 días antes, en ese mismo cruce de rutas previo acceso al pueblo de Purmamarca, el aire se había viciado por gases lacrimógenos y las únicas ráfagas eran de perdigones contra la humanidad de un puñado de manifestantes que rechazaban con justa razón una reforma constitucional que ponía en riesgo su calidad de via.
La policía de la provincia o lo que es peor, el pueblo contra si mismo, provocó una batalla innecesaria que le costó la visión de un ojo al joven Lian Misael Lamas y mucha angustia a quienes fueron testigos del desigual choque de fuerzas. Las expresiones ayer advertidas a la vera de la ruta (no hubo corte) distan completamente de ese escenario de guerrilla.
“Ayer en el cruce, tuvo lugar un acto muy emotivo, recordando nefastos hechos, que todo el pueblo jujeño mediante diferentes redes y las transmisiones de televisión atestiguaron. Violencia institucional que ejerció la policía de la provincia de Jujuy por orden de Gerardo Morales, ejecutado por el ministro de Seguridad Guillermo Corro y el el jefe de la Policía”, definido así por la abogada del foro local Silvana Llanes, quien asesora a muchos de los integrantes de comunidades que se vieron envueltos en este conflicto y tanto otros con el poder de turno.
La denuncia por la represión policial citada inició hace más de un año, identificado con el número de expediente P-271646-MPA, actualmente en la Fiscalía de Política Criminal a cargo de Rodrigo Fernández Ríos según el sistema de búsqueda del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una investigación cuyo movimiento es cansino, habiendo llamado recientemente a ratificar la denuncia.
Este hecho es a las claras para la Dra. Llanes un intento de dilación típico del poder judicial que opera en una provincia “donde la violencia institucional es moneda corriente, las garantías constitucionales son vulneradas y la seguridad jurídica no existe”. Hasta el momento solo el secretario de Relaciones con la Comunidad, Diego Suárez, se encuentra imputado, pero los apuntados por ostentan cargos de mayor jerarquía.
Las denuncias se realizaron a los funcionarios que dieron la orden, a los que tenían el poder político para hacerlo. Lo hemos dicho y sostenido son delitos de lesa humanidad, en nuestra provincia el poder político que imperaba y sigue siendo el mismo tenía captado el fuero federal y provincial, no teníamos a donde recurrir
La semana pasada recién están tomando las declaraciones… Hemos colaborado en todo, a nosotros no nos convence que se impute a una sola persona. Tienen que estar quienes realmente orquestaron esta masacre.
Aunque fallida, la inauguración del recorrido del Tren Turístico de la Quebrada había sido pactada para el lunes 17 de junio, en un acto que tanto Llanes como sus colegas y representados consideraron no casual. Incluso advierte que las heridas continúan abiertas, las comunidades en alerta ante un escenario que no aparenta mejoría hasta el momento.
EL TREN QUE ATROPELLÓ LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS DE TILCAREÑAS
Poco más de 25 kilómetros al norte, una medida de amparo interpuesta por la familia Guerrero todavía resta por resolverse en el Juzgado Federal N°2. Las máquinas ya pasaron por encima de sus pertenencias, demolieron sus casas y los dejaron literalmente en la calle. Poco importó su presencia acreditada superior a los 35 años en el lugar.
Tierras que formaban parte del Ramal C de la línea Belgrano Norte, pero que tras su privatización pasaron a manos de los ex empleados y otros interesados. Las ambiciones del gobierno provincial por recuperar la traza ferroviaria fueron superiores a cualquier boleto de compraventa, si bien es imposible comprobar la llegada del Tren Turístico de la Quebrada hasta el barrio Radio Estación Tilcara, el daño por las dudas ya fue causado. Hasta el momento tampoco hay resarcimiento.
“Inició con una falsa denuncia por usurpación (interpuesta por el coordinador de la Unidad Ejecutora Emiliano Rodríguez Messina) con una orden de desalojo emitida por un juez que no estaba habilitado, la justicia no falla conforme a derecho. Lo único que tenía la provincia es un contrato de concesión a 30 años que ya estaba vencido”, explicó Llanes sobre el caso en el que interviene junto a su colega Alejandra Cejas.
Las familias del lugar en pugna no solo acreditan posesión superior a las tres décadas, oportunamente iniciaron los trámites administrativos en el extinto Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) actual Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Estamos esperando que en el mes de julio tengamos una respuesta por parte del Juzgado Federal 2, los terrenos en puja pertenecen, están esperando que salga la resolución administrativa, en la cual verifican que se cancelaron las cuotas suscriptas en el boleto por parte de los poseedores y hagan la transferencia de dominio de ferrocarriles argentinos a los adquirentes.
…El legitimado para iniciar una denuncia en nombre del Estado es el procurador, lo realiza un funcionario público en nombre del supuesto tren solar está en el Ente Fiscalizador, cuando ellos quisieron ingresar a trabajar para hacer la refacción de las vías hicieron la puesta en escena aparentando una usurpación.
Pero la principal preocupación para la abogada es la situación de desamparo de la familia. Hasta el momento ningún ente estatal, llámese Defensoría del niño, niñas y Adolescentes u otros similares se han acercado.