Advirtiendo un sesgo de imparcialidad desde los juzgados de primera instancia hasta la Corte Suprema de Justicia local, cuya composición tiene mayoría de ex funcionarios radicales y aliados, las abogadas del foro local Alejandra Cejas y Silvana Llanes recurrieron a la justicia federal con una medida cautelar para defender a los despojados vecinos.
Embed - La justicia federal aceptó la competencia en la causa por los desalojos de Radio Estación Tilcara
Poco más de dos meses bastaron para que el fiscal federal jujeño Carlos Colonnese acepte la competencia, un hecho que Cejas consideró anticipadamente como una victoria. Al reubicar la causa en el fuero federal se presume que la medida cautelar interpuesta sería eventualmente aceptada, provocando una derrota judicial para el proyecto ferroviario del gobierno y sentando jurisprudencia: el resto de las familias desalojadas podrían seguir el ejemplo.
“Quien tiene que entender es la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque afecta a propiedades del Estado nacional, como veníamos sosteniendo desde el primer día. Hemos solicitado una medida cautelar de restitución de las propiedades y viviendas”, sostuvo la abogada de las familias afectadas, considerando que fue el propio gobierno jujeño quien cometió el delito de usurpación, hecho que deberá dirimirse en una causa paralela.
Que la justicia federal haya habilitado competencia, nos da la expectativa de un fallo inminente favorable, la provincia va a tener que restituir las propiedades y hacerse cargo de los destrozos en propiedad ajena Que la justicia federal haya habilitado competencia, nos da la expectativa de un fallo inminente favorable, la provincia va a tener que restituir las propiedades y hacerse cargo de los destrozos en propiedad ajena
Confiada de que la jueza Inés Gregoraschuk finalmente fallará a favor de los vecinos tilcareños, Cejas anticipa que este precedente podría significar una serie de réplicas presentadas por otras familias desalojadas a lo largo de la traza ferroviaria Volcán – Tumbaya – Purmamarca – Maimará – Tilcara.
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Imagen archivo, Tilcara, enero 2024.
El hecho de que el fiscal haya aceptado la competencia en febrero podría fundamentar porque se detuvo la puesta en funcionamiento del Tren Turístico Solar (el gobierno argumentó la necesidad de extender las pruebas operativas) pautada originalmente para mediados de marzo. La ex diputada justicialista así lo cree pero también recordó otros inconvenientes del tipo estructural que harían inviable la llegada de las duplas solares “en un barrio donde hay problemas de impacto ambiental donde hay una planta reductora de gas, no puede entrar el tren porque es inestable, genera daños para los vecinos de Tilcara”.
El Estado no se puede apropiar de tierras que tienen propietario. Han dejado familias desamparadas, con niños y adolescentes en situación de calle, para que el gobierno haga negocios, el fin del Estado es resolver problemas sociales, no generarlos El Estado no se puede apropiar de tierras que tienen propietario. Han dejado familias desamparadas, con niños y adolescentes en situación de calle, para que el gobierno haga negocios, el fin del Estado es resolver problemas sociales, no generarlos
Los tiempos de la justicia federal son sumamente particulares, requiere que se tomen medidas probatorias de manera exhaustiva, por lo que un eventual fallo haciendo lugar a la cautelar y la restitución podría llegar en el mediano plazo, no quita que significaría un serio revés para el gobierno.
ANTECEDENTES DEL DESALOJO EN RADIO ESTACIÓN
Aunque las letradas respetaron el circuito judicial, la resolución del máximo tribunal jujeño estaba cantada de antemano y hacia enero del corriente año se consumó el desalojo en un marco de extrema tensión, con las propiedades en disputa rodeadas por decenas de policías y gendarmes, supuestamente apostados de manera preventiva. Finalmente las máquinas arrasaron con todo, incluyendo la dignidad de las personas que allí habitaban desde 1989.
Tras los reveses judiciales las 16 familias involucradas debieron aceptar la reubicación a regañadientes en módulos habitacionales o lotes correspondientes al catastro del Plan Mejor Vivir. Si no aceptaban voluntariosamente sabían del rigor penal que les aguardaba: en 2022 fue el coordinador de la Unidad ejecutora provincial del Tren Jujuy - La Quiaca, Emiliano Rodríguez Messina, quien se encargó personalmente de denunciarlos por usurpación.
Embed - Llantos y desconsuelo ante la demolición de casas en Tilcara
“El gobierno provincial tenía un convenio firmado en 1992 por 30 años, una vez vencido inventaron una denuncia penal falsa contra los vecinos, cuando ellos se encontraban allí desde el año 1989… Crearon un falso escenario donde ellos eran titulares de la tierra. Un proceso fraudulento que hemos denunciado, sobre el mamarracho avanzaron avalados por una justicia que actúa manera ilegal”, argumentó Cejas apoyándose en el artículo 2º de la Ley de Emergencia Económica Nº24.146 sancionada en el año 32 años atrás y que establece claramente.
ARTICULO 2º — Los bienes inmuebles descriptos en el artículo 1º que estuvieren destinados a vivienda del personal de los entes mencionados en dicho artículo, y los que estuvieren ocupados por entidades de bien público o familias de escasos recursos, podrán ser transferidos a sus actuales ocupantes en forma onerosa, con facilidades extendidas y tasa de interés preferencial. Las entidades de bien público tendrán el cargo de continuar en el inmueble transferido, con el cumplimiento de los mismos fines. Si el municipio o comuna, donde se encontraran ubicados dichos inmuebles, manifestara su interés en que les sean transferidos para los fines determinados en esta ley, dicha transferencia deberá formalizarse cumplimentando los requisitos establecidos en la presente, con cargo a que el municipio o comuna brinde al ocupante una solución adecuada. En los casos en que el inmueble estuviere ocupado por familias de escasos recursos, deberá darse intervención no vinculante a la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales "Programa Arraigo", de la Presidencia de la Nación.
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CEJAS Y LLANES CONTRA EL JEFE DEL MPA
La disconformidad de los abogados del fuero local con el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, es de público conocimiento. Las abogadas mencionadas junto a su colega Mariana Vargas se apersonaron en la Legislatura para repudiar la presencia del funcionario judicial en el recinto, quien posee múltiples denuncias en su contra efectuadas por jueces jujeños, ex empleados del MPA y particulares.
La visita incluyó el ingreso de un documento pidiendo la intervención de los legisladores sobre al menos cinco causas donde consideran existen irregularidades. Además de Lello Sánchez, también es mencionado el fiscal Walter Rondón, acusado de “armar causas” y con graves antecedentes judiciales previo ingreso a la función.
“No se puede litigar en una provincia donde es fraudulenta las mayorías de las acciones judiciales que se hacen, se persigue a los opositores políticos y han puesto dirigentes radicales como jueces quienes no tienen capacidad para llevar procesos”, explicó Cejas sobre la presentación, adelantando que recurrirán de ser necesario a la justicia federal, organismos nacionales y reunirán el apoyo de los ciudadanos injustamente perseguidos por Lello Sánchez.
