El 20 de junio de ese mismo año, hubo disturbios en la Legislatura, concretados por integrantes de sindicatos, organizaciones sociales y comunidades aborígenes, que protestaban por la misma razón.
Luego de ambos hechos, los protagonistas denunciaron durante mucho tiempo que habían sido “reprimidos”.
En las últimas horas se conoció que Diego Matías Suárez, secretario de relaciones con la comunidad del Ministerio de Seguridad, es el primer funcionario del gobierno de Morales imputado por estos hechos.
El proceso comenzó el 7 de diciembre de 2023, cuando la autoridad fue citada en la Fiscalía de Política Criminal a cago de Rodrigo Fernández Ríos y le notificaron de las acusaciones por dos hechos de privación abusiva de la libertad, y dos hechos de usurpación de autoridad en concurso real, ocurridos en junio y diciembre del año mencionado.
Por lo sucedido en Purmamarca, se denunció que Suarez “ordenó de manera ilegitima y arbitraria la privación de la libertad de los ciudadanos presentes en las inmediaciones del corte de ruta, estuvieran o no causando disturbios, careciendo de la facultad para ello”.
También, que el imputado “se arrogó facultades correspondientes a escalafón policial, conforme anexo 1 de la ley 3.758, para ejercer funciones previstas en los artículos 8 y 13 de la ley 3.757, y de manera ilegítima dio instrucciones al personal policial”.
En cuanto a lo ocurrido el 20 de junio, lo acusan de ordenar “de manera ilegítima y arbitraria la privación de la libertad de los ciudadanos presentes en las inmediaciones de la Legislatura provincial, barrio Gorriti y Mariano Moreno, estuvieran o no causando disturbios, careciendo de la facultad para ello”.
Asimismo, porque “se arrogó facultades correspondientes a escalafón policial, conforme anexo 1 de la ley 3.758, para ejercer funciones previstas en los artículos 8 y 13 de la ley 3.757, y de manera ilegítima dio instrucciones al personal policial”.
