Tras el derribo de las casas con maquinaria pesada, acudieron a la fiscalía para radicar la denuncia y exigir respuestas sobre el paradero de varios niños de entre 1 y 7 años.
La repercusión por el proceder no tardó en llegar, dándose un firme repudio de la dirigente política y referente del Movimiento Popular Jujeño, Cristina Guzmán.
En diálogo con Radio 2, la referente analizó la gravedad de lo acontecido, trazando un paralelismo con otros episodios de violencia institucional registrados en la provincia y marcando una clara distinción entre el cumplimiento de un fallo de la justicia y la metodología represiva empleada para ejecutarlo.
"Que proceda un desalojo desde el punto de vista legal no habilita de ninguna manera un operativo policial con utilización de balas de goma. Exigimos que se cumpla la ley, pero la ley no se hace efectiva cuando se atropella la dignidad humana ni los derechos fundamentales", aseveró.
Cuestionamientos al procedimiento y la "política del miedo"
Guzmán remarcó que, si bien la causa judicial responde a un litigio entre particulares dentro de la comunidad, el despliegue de las fuerzas de seguridad con disparos directos al cuerpo evapora los marcos de actuación democráticos. Calificó como inadmisible que niños de corta edad hayan presenciado la destrucción de sus hogares y que se haya llevado a cabo el traslado o retiro de menores sin la debida notificación a sus padres.
Señaló además que la ejecución del operativo excede la mera notificación judicial y responde directamente a la conducción política de las fuerzas de seguridad. "El uso de la fuerza no está para esto. ¿Quién le da la orden a la policía para actuar así? La decisión política recae en el área de Seguridad y es una responsabilidad que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo provincial no pueden desconocer", puntualizó.
Pedido de informe y compromiso de intervención
Ante las irregularidades denunciadas por los pobladores de la Quebrada —que incluyen personas con múltiples impactos de perdigones en la espalda y rostros—, Guzmán confirmó que su equipo técnico y político se involucrará activamente en el caso para tomar conocimiento directo del expediente judicial.
El objetivo de la presentación será verificar la validez de las medidas dictadas, la participación del Ministerio de Seguridad y la identificación de quienes ordenaron el avance de la infantería sobre las familias de Humahuaca.
