Según el agente del Ministerio Público de la Acusación fue alcanzado el 95% de extracción informática y los datos recabados sería vinculantes con los delitos, al menos con una posible "extorsión", no así hasta el momento con las acusaciones de "asociación ilícita". Y a pesar de la sugerencia del perito de parte Diego Saravia, para declarar la nulidad de esta etapa ante una posible "ruptura de pruebas", no habría motivos ni presentaciones formales para desestimar los trabajos realizados.
Ante la consulta de los periodistas, Funes ratificó que hasta el momento "no hay demorados ni imputados", solamente "personas sindicadas por denuncias como posibles autores del delito de extorsión, consistente en amenazas a personas económicamente vulnerables con perder su plan social si no concurrían a marchas o aportaban a la organización". Como dato adicional, los dispositivos secuestrados a familiares de las personas involucradas en la investigación fueron parcialmente devueltos a sus propietarios, otro lote sería retornado a la brevedad.
En términos generales hasta ahora lo que se ha analizado viene a corroborar la existencia de una cierta de obligatoriedad para concurrir a las marchas, un control exhaustivo con planillas de asistencia que incluye la hora cuando ingresa a la manifestación, un aporte periódico a las organizaciones, si nos resta avanzar sobre la afectación a la libertad de estas personas, es decir que no prestan voluntario consentimiento
Pero mientras los trabajadores de prensa se retiraban conformes con la palabra oficial, fue una pregunta aislada pero incómoda la que obligó al fiscal a tropezar en una seria contradicción. Si bastó tan solo con unas cuantas denuncias que rozaron el anonimato para movilizar el aparato judicial, primero con tareas encubiertas para luego proceder con allanamientos ¿Qué sucede con las reiteradas denuncias públicas por el desmanejo político de la asistencia social? ¿No amerita una investigación aunque sea de oficio? La discusión por el inescrupuloso manejo de la caja social no es una discusión reciente. Una catarata de fondos públicos administrados en buena parte por el hermano del gobernador.
"Tenemos que investigar todo lo que sea hipotizado como delito, es nuestra obligación, si hay una hipótesis delictiva en cualquier ámbito tendremos que investigarla. No se a que se refiere concretamente, no hay denuncias al respecto", respondió Diego Funes guardando compostura aunque desentendiéndose de la pregunta. Resulta difícil creer su desconocimiento sobre las múltiples expresiones de referentes sociales, políticos, sindicales que han señalado el manejo discrecional de una pasmosa cantidad de planes.
Ejemplos de unilateralidad judicial existen, incluso en tiempo reciente: la archivada causa 2019 contra el diputado oficialista Marcelo Nasif quien admitió en controversiales audios la manipulación "de un puñado de planes que recayeron en mi". Su único castigo solo llegó en forma de expulsión del bloque, gozando hasta el día de todos los privilegios de cualquier legislador provincial. Puede sumarse nuevamente el cuestionable rol de la Oficina Anticorrupción, aunque en este caso hay sobrados ejemplos de una funcionalidad adrede a favor del gobierno provincial.
Josefa del Valle Herrera asumió como titular de la Oficina Anticorrupción de Jujuy
“Morales es el mayor planero de Jujuy porque vive del Estado para hacer su campaña política… Quiere ser el dueño de todos los planes, es gerente del hambre y la miseria. Las organizaciones pueden demostrar donde trabajan, Morales usa el clientelismo político para su favor, para hacer campaña…”.
Sobremesa 28 -07-22Gonzalo Maurin y Daniel Fin
“Me indigna porque están procesando a organizaciones que luchan contra el hambre y buscan pan para que la gente coma todos los días. Nos acusan de asociaciones ilícitas cuando ellos lo hacen todo el tiempo. El poder judicial no tiene independencia, existen asociaciones ilícitas dentro del gobierno”.
Sobremesa 11-07-22Santiago Zamora
“Esto que sucede es una enfermedad mental que tiene el propio gobernador; fiscales y jueces que son obedientes al mandato de un autoritario como Morales… Tienen planes, dieron planes de la provincia a la gente en la última campaña y después se los quitaron. Los obligaron a trabajar en la campaña; en Palpalá hay muchos testimonios de eso”.
“Tenemos muchos rumores de que hay merenderos del gobierno de Morales que existen y no funcionan pero se les entrega mercadería. Habría que hacer una auditoría al gobierno provincial a ver qué hace con esa mercadería”.
"No vamos a seguir permitiendo que Morales nos persiga"
“Tiene 80.000 planes; hace cinco años y medio que gerencia todos los planes que había en Jujuy desde 2015, y los más de 20.000 planes que le aumentó Mauricio Macri”.
“La mayoría de lo que se otorga se da a los partidos políticos u organizaciones que están con el gobierno como la CCC…”.
“SUCEPPI responde al gobierno y a las organizaciones que responden a él…”.
Organizaciones cuestionan el manejo discrecional de planes sociales de la SUCEPPI
