- El fiscal Diego Funes explicó los últimos avances de la investigación en la causa por supuesta "extorsión", de referentes de organizaciones sociales.
- Según el peritaje efectuada en dispositivos electrónicos y documentos "se corroboró la existencia de obligatoriedad para concurrir a las marchas y un aporte".
- La pregunta de un periodista exhibió la doble vara de la Justicia ¿Por qué no se investiga con el mismo rigor al gobierno ante denuncias de reparto discrecional?
Manejo de planes: la Justicia investiga a organizaciones pero esquiva al gobierno
Avanza el peritaje sobre equipos informáticos, celulares y documentación pertenecientes a referentes de organizaciones sociales. El fiscal Diego Funes confirma la compatibilidad del delito con las pruebas recolectadas hasta el momento, aunque ignora las numerosas denuncias públicas por el espurio gerenciamiento oficial sobre los planes.
Finalizada la feria judicial y retomando la investigación penal preparatoria (IPP), el fiscal Diego Funes describió de manera general a la prensa los resultados obtenidos mediante el peritaje de artículos electrónicos (también documentación) secuestrados durante los 16 allanamientos a inmuebles relacionados con organizaciones sociales en Jujuy.
Según el agente del Ministerio Público de la Acusación fue alcanzado el 95% de extracción informática y los datos recabados sería vinculantes con los delitos, al menos con una posible "extorsión", no así hasta el momento con las acusaciones de "asociación ilícita". Y a pesar de la sugerencia del perito de parte Diego Saravia, para declarar la nulidad de esta etapa ante una posible "ruptura de pruebas", no habría motivos ni presentaciones formales para desestimar los trabajos realizados.
Ante la consulta de los periodistas, Funes ratificó que hasta el momento "no hay demorados ni imputados", solamente "personas sindicadas por denuncias como posibles autores del delito de extorsión, consistente en amenazas a personas económicamente vulnerables con perder su plan social si no concurrían a marchas o aportaban a la organización". Como dato adicional, los dispositivos secuestrados a familiares de las personas involucradas en la investigación fueron parcialmente devueltos a sus propietarios, otro lote sería retornado a la brevedad.
Pero mientras los trabajadores de prensa se retiraban conformes con la palabra oficial, fue una pregunta aislada pero incómoda la que obligó al fiscal a tropezar en una seria contradicción. Si bastó tan solo con unas cuantas denuncias que rozaron el anonimato para movilizar el aparato judicial, primero con tareas encubiertas para luego proceder con allanamientos ¿Qué sucede con las reiteradas denuncias públicas por el desmanejo político de la asistencia social? ¿No amerita una investigación aunque sea de oficio? La discusión por el inescrupuloso manejo de la caja social no es una discusión reciente. Una catarata de fondos públicos administrados en buena parte por el hermano del gobernador.
"Tenemos que investigar todo lo que sea hipotizado como delito, es nuestra obligación, si hay una hipótesis delictiva en cualquier ámbito tendremos que investigarla. No se a que se refiere concretamente, no hay denuncias al respecto", respondió Diego Funes guardando compostura aunque desentendiéndose de la pregunta. Resulta difícil creer su desconocimiento sobre las múltiples expresiones de referentes sociales, políticos, sindicales que han señalado el manejo discrecional de una pasmosa cantidad de planes.
Ejemplos de unilateralidad judicial existen, incluso en tiempo reciente: la archivada causa 2019 contra el diputado oficialista Marcelo Nasif quien admitió en controversiales audios la manipulación "de un puñado de planes que recayeron en mi". Su único castigo solo llegó en forma de expulsión del bloque, gozando hasta el día de todos los privilegios de cualquier legislador provincial. Puede sumarse nuevamente el cuestionable rol de la Oficina Anticorrupción, aunque en este caso hay sobrados ejemplos de una funcionalidad adrede a favor del gobierno provincial.
Gonzalo Maurín – Nuestra América (31/07/2022)
“Morales es el mayor planero de Jujuy porque vive del Estado para hacer su campaña política… Quiere ser el dueño de todos los planes, es gerente del hambre y la miseria. Las organizaciones pueden demostrar donde trabajan, Morales usa el clientelismo político para su favor, para hacer campaña…”.
Santiago Zamora – CCC (12/07/2022)
“Me indigna porque están procesando a organizaciones que luchan contra el hambre y buscan pan para que la gente coma todos los días. Nos acusan de asociaciones ilícitas cuando ellos lo hacen todo el tiempo. El poder judicial no tiene independencia, existen asociaciones ilícitas dentro del gobierno”.
Hebert Lima – FOL (07/07/2022)
“Esto que sucede es una enfermedad mental que tiene el propio gobernador; fiscales y jueces que son obedientes al mandato de un autoritario como Morales… Tienen planes, dieron planes de la provincia a la gente en la última campaña y después se los quitaron. Los obligaron a trabajar en la campaña; en Palpalá hay muchos testimonios de eso”.
“Tenemos muchos rumores de que hay merenderos del gobierno de Morales que existen y no funcionan pero se les entrega mercadería. Habría que hacer una auditoría al gobierno provincial a ver qué hace con esa mercadería”.
Guillermo Snopek – Senador Frente de Todos (03/07/2022)
“Tiene 80.000 planes; hace cinco años y medio que gerencia todos los planes que había en Jujuy desde 2015, y los más de 20.000 planes que le aumentó Mauricio Macri”.
Marcela Choque, Sabrina Fajardo, Integrantes del FOL (15/02/2022)
“La mayoría de lo que se otorga se da a los partidos políticos u organizaciones que están con el gobierno como la CCC…”.
“SUCEPPI responde al gobierno y a las organizaciones que responden a él…”.