Los candidatos radicales al Congreso Nacional son amorales

Si se habla de “abandono” de políticas habitacionales a nivel nacional, corresponde contrastar esa afirmación con datos: cuantas viviendas hizo Morales en Jujuy. Recordemos que prometió 3500 viviendas por año. Pasaron 10 años y las viviendas no se ven…

Me parece que el debate debe ser más maduro ya que la gente merece claridad: ¿qué propone cada candidato para avanzar en temas tan sensibles como la vivienda, el acceso a servicios básicos y la inversión pública? ¿Qué costos presupuestarios implican esas propuestas? ¿Qué garantías existen de que las promesas no quedan en el papel? ¿Qué mecanismos de control y de evaluación se establecen para verificar avances y corregir rumbos? ¿Puede ofrecer estas respuestas la señora Zigarán?

La ética exige, una conversación pública que privilegie la verdad, la rendición de cuentas y el respeto por la inteligencia del electorado. No se trata de apoyar o rechazar por impulso. Si alguna figura política quiere ganar legitimidad, que haga del debate una oportunidad de demostrar capacidad de gestión y honestidad, más que de repetir slogans que se desvanecen ante la realidad.

Zigarán habla del abandono del presidente Milei y a nivel local en Jujuy no habla de un Estado ausente que dejó sin agua a ocho mil familias

Zigarán debería aportar información de su gobierno para explicar porque no hay cobertura de agua, cronograma de inversiones en infraestructura, plazos de entrega, atención de emergencias; no hablar para simples titulares que golpean la emoción sin sostén en datos

En el plano de la ética política, el lenguaje de la campaña debe sostenerse en verdad, transparencia y rendición de cuentas. Aquí hay barrios saturados, hacinamiento, inseguridad, contaminación, se busca simplificar la complejidad y subestimar al electorado. El electorado no es una muchedumbre pasiva; es una ciudadanía informada que exige claridad sobre qué se puede hacer, en qué plazos y con qué límites, ya que el sentido común se ha corrido hacia la gente.

Sobre la cuestión de Alto Comedero, la desidia, el barro, la presencia de riesgos como robo y violencia, y la lucha diaria de las familias por una vivienda y servicios básicos, no basta con señalar un culpable único ni convertir la realidad en una caricatura de “todos los males”. Es necesario desglosar responsabilidades: qué gestiona la nación, qué gestiona la provincia, qué gestiona los municipios, y qué herramientas existen para remediar, financiar y supervisar. Qué inversiones están previstas, qué plazos están comprometidos, qué mecanismos de control ciudadano se han establecido. Estos son planteos para un debate serio en el cual Zigarán no está preparada para dar.

La pregunta de fondo es: ¿qué propone Zigarán para avanzar? Si decimos que hay abandono, necesitamos un mapa de ruta: intervenciones de agua y saneamiento, vivienda social, obras de infraestructura, seguridad, salud y educación. Sobre todo, necesitamos pruebas: informes de obra, planes de ejecución, presupuestos ejecutados y resultados verificables. Sin esa base, las afirmaciones quedan en el terreno de la retórica, y el electorado termina expuesto a la confusión entre promesas y realidades un candidato para hablar y criticar a un presidente debe manejar datos sobre los que acabo de mencionar.

En democracia, las promesas deben ser verificables, los planes deben estar claros y las rendiciones de cuentas deben ser públicas. Si se quiere evitar la manipulación del miedo o la simplificación extrema, hace falta exigir datos, fuentes y cronogramas. Este es el momento de separar la emoción de la evidencia y de exigir que cada candidato y cada gobierno asuman responsabilidades, explique qué puede hacer, para cuándo y con qué recursos. Porque la verdad no es un arma de campaña, es la base de una ciudadanía informada y de una gestión que busca soluciones, no titulares que pasan.

Zigarán habla de equilibrio fiscal, de una estrategia que no hipoteque el presente ni el futuro, y de una agenda centrada en capital humano, infraestructura y desarrollo. Pero la pregunta que golpea la mesa es: ¿qué significa ese “equilibrio” cuando la gente no tiene agua? ¿Qué significa ese equilibrio fiscal cuando hay comunidades que sienten que el estado no llega en Jujuy?

Decir que se gobierna con foco en el bienestar ciudadano no basta si no hay respuestas tangibles: ¿cuánto agua llega a cada comunidad afectada? ¿Qué acciones inmediatas para contener la emergencia, reparto de agua y atención sanitaria se han desplegado? ¿Cuáles son los criterios para priorizar inversiones en infraestructura que garanticen servicios básicos y resiliencia ante sequías o fallas en la red? Insisto de esto no hablan los candidatos radicales ni el gobierno en su conjunto.

Sobre el argumento de “equilibrio fiscal” frente a “opciones humanas”: en Jujuy se regodean del equilibrio fiscal pero la persona humana es el último orejón del tarro. ¿Se enteró Sra. Zigarán?

La legitimidad de un gobierno se mide por la capacidad de escuchar, de rendir cuentas y de actuar bajo evidencia. Si hay promesas de derechos y desarrollo, deben venir acompañadas de informes públicos, auditorías y actualizaciones constantes. Sin esa transparencia, el discurso sobre prioridades humanas corre el riesgo de quedarse en palabras y en una narrativa política que no logra responder a la urgencia de las comunidades afectadas.

La ciudadanía merece respuestas claras y verificables. Que cada promesa de justicia, cada capítulo de desarrollo, se traduzca en acciones concretas y trazables: agua para las familias de la provincia y un plan de intervención inmediato para comunidades sin suministro, y una ruta clara de inversión en capital humano e infraestructura que pueda ser auditada por la gente, no por un comité burocrático. La verdad no es un argumento; es un compromiso que debe demostrarse con hechos.

Hablamos de justicia federal y de un cuadro que, según se dice, no avanza: casi dos años ya sin sanción de la ley de coparticipación provincial, con intendentes que se dicen rehenes de una moneda que no llega, de un recurso que no aparece, de un plan que no despega. Jujuy es la única provincia sin esa ley en vigencia, y eso, en la lectura de la gestión, se convierte en un cuello de botella para el desarrollo y para la distribución equitativa de recursos. ¿Qué significa eso en la vida diaria de la gente? ¿Qué impacto tiene en obras, en hospitales, en escuelas, en agua y saneamiento?

En estas circunstancias, la acusación de que la campaña eligió la mentira como estrategia no es un insulto sino una pregunta sobre la verosimilitud de las promesas. Si se afirma que se garantiza justicia federal y se reivindican prioridades de desarrollo, pero el cuadro práctico de coparticipación, fondos y obra pública no avanza, la credibilidad se resiente. Y cuando se habla de infraestructura, la crítica es doble: una que se ve y otra que no se ve. La infraestructura que no se ve es la que no vende electoralmente pero es el cimiento donde se asienta el desarrollo. La política no lo ve porque vive desgraciadamente del corto plazo.

El argumento de que todo está atado con alambre en Jujuy no nace de la nada. Si la coparticipación está en un limbo legal, si los recursos quedan atrapados en una pelea institucional, si los intendentes se ven obligados a pedir cada moneda para mantener servicios básicos, eso alimenta una sensación de ahogo institucional que llega a la gente.

La ciudadanía necesita saber qué se está haciendo ahora mismo para desbloquear esa situación: qué demandas se presentaron, qué acuerdos se lograron, qué controles ciudadanos se activaron.

Si la promesa es “equilibrio fiscal” sin hipoteca del presente y del futuro, debe explicarse con ejemplos concretos de cómo se equilibran las cuentas sin sacrificar derechos básicos ni servicios esenciales ya que por lo que se ve nada de ese equilibrio fiscal está derramando hacia la gente en Jujuy.

La responsabilidad de cualquier gobierno es mostrar el mapa de acción, no solo el eslogan. Justicia federal, coparticipación resuelta, inversiones en infraestructura visibles y útiles para la gente, y un marco de transparencia que permita a la ciudadanía seguir cada paso. Si hay mentiras como táctica, la respuesta ciudadana debe ser el castigo con el voto.

El tiempo pasa y la vida es corta. La gente no puede esperar más.