El superávit se puede ver en un balance contable, sí, pero lo que la gente siente es la falta de agua, la falta de servicios básicos, la demora en obras que prometen resolver problemas urgentes. Por eso es clave que el gobierno explique con claridad qué obligaciones tiene que afrontar ahora mismo: deuda, pagos a proveedores, mantenimiento de redes de agua, inversión en infraestructura, servicios de emergencia y atención a necesidades inmediatas de la población.
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¿Planilla Excel o acción en territorio?
Hay equilibrio en las cuentas dijo el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, y esto abre un debate que no puede quedarse en números: cuando el ministro de Hacienda habla de equilibrio en las cuentas, de previsión presupuestaria y de superávit, la gente quiere saber qué significa eso para su vida cotidiana. En Yala, en Los Nogales y en toda la provincia, las cosas no se arreglan solas con una planilla Excel como único instrumento de gestión.
Un equilibrio contable no garantiza que las obras o los servicios lleguen ya a la gente. Los fondos pueden estar reservados, en ejecución o retrasados, y eso significa que, aunque haya números brillantes, el barrio continúa esperando. En vez de hablar de números abstractos, pregunto: ¿qué planes concretos tienen para la crisis de agua en Yala y Los Nogales? ¿Cuál es el cronograma, cuánto presupuesto se destina y cuándo se ven los resultados? La gente paga impuestos y espera servicios de calidad.
Si el dinero está en el banco o comprometido en proyectos a mediano plazo, pero la gente sufre hoy, podemos llamar a eso un desajuste entre la teoría y la realidad. También es importante exigir transparencia: ¿en qué partidas se gasta exactamente el dinero? ¿qué parte del superávit se destina a pagar deudas, a proveedores y a mejoras en servicios básicos? ¿Cuáles son los plazos para ver mejoras concretas como menos interrupciones de agua, mejores criterios de mantenimiento y atención a emergencias? y si el dinero llega con retraso desde el plano nacional, ¿qué gestiones se están haciendo para acelerar desembolsos y ejecución? ¿Con recursos propios?
En resumen, un superávit no garantiza justicia sociales no se traduce en acciones y resultados visibles para la gente. Los vecinos están pidiendo respuestas claras, planes concretos y fechas realistas. Quieren que la plata de los jujeños se vea reflejada en agua disponible, en calles y servicios funcionando, en salud y educación de calidad. Por eso, pido transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para que el equilibrio en la planilla se traduzca en mejoras reales en la vida cotidiana.
Cardozo debería responder preguntas al periodismo profesional no a los medios amigos que hacen relaciones públicas con el gobierno. Se requieren preguntas concretas para pedir al ministro Cardozo que explique: ¿qué partidas componen ese superávit y cómo se priorizan?, ¿qué obligaciones apremian y cómo se financian?, ¿qué planes hay para la crisis de agua y qué cronograma tienen?, ¿qué mecanismos de transparencia existen para que la ciudadanía vea el uso del dinero y los avances? ¿qué medidas de rendición de cuentas garantizarán que el dinero no se quede en la planificación, sino en la acción?
En la provincia vemos que el gobierno parece cerrado, solo habla a través de sus redes y que las propuestas que aparecen para las elecciones son puestas para la foto, no para las necesidades cotidianas de los jujeños. Se llena el discurso de consignas, pero la gente sigue esperando soluciones concretas: agua potable, mantenimiento de servicios básicos, escuelas y hospitales con recursos eficaces, obras de infraestructura que realmente se ejecuten y no que queden en planes trazados en el programa Excel.
A la hora de evaluar a los candidatos del oficialismo, la sensación es que la oferta pública se reduce a gestos y a anuncios que no se traducen nunca en cambios visibles para la vida diaria. Han montado una maquinaria que parece sostenerse más en la imagen que en resultados. En un sistema democrático, esa dinámica de poder sin contrapesos y de falta de poco espacio para la disidencia o para una crítica constructiva es justamente la que debilita la confianza de la gente.
Aquí no se trata de evaluar a una persona aislada, sino de cuestionar un modelo de gestión: ¿dónde están los elementos de transparencia, dónde está la rendición de cuentas, dónde está la ejecución de las promesas?
Hay un diseño presupuestario que no prioriza lo urgente. La ejecución llega tarde o de forma incompleta, y una comunicación que parece pensar que basta con la presencia en redes para legitimarse. Cuando la ciudadanía observa que las respuestas a problemas críticos, como la falta de agua en zonas como Yala y Nogales, siguen sin llegar, cuando los anuncios brillan más que las obras, cuando se habla de “gasto” sin desglosar qué se hace con cada peso, la confianza se resiente y la legitimidad del proceso se debilita.
Este fenómeno no es exclusivo de una persona ni de un partido en particular; es un reflejo de estructuras de poder que han priorizado la forma sobre la sustancia: el marketing político, la agenda de competencia electoral y la preservación de la imagen por encima de la solución de problemas. En una democracia saludable, ese marco debe abrirse: deben existir contrapesos fuertes, mecanismos de control social, auditorías abiertas, presupuestos participativos, y una prensa y una ciudadanía que exijan claridad, mediciones y resultados verificables.
¿Qué esperar, entonces, para mejorar? Transparencia real y verificable: informes periódicos y legibles sobre gasto, prioridades y avances; rendición de cuentas visible: responsables políticos y técnicos que respondan públicamente a preguntas ciudadanas; participación efectiva, mecanismos de denuncia que funcionen y la ejecución eficiente: planes con cronogramas, responsables y metas concretas para resolver problemas como el suministro de agua, mantenimiento de redes, y atención básica en salud y educación.