Escándalo por coimas en Perico ahonda la desconfianza pública hacia la política

En tiempos de transparencia y rendición de cuentas, estas prácticas dejan a la ciudadanía desarmada frente a decisiones que deben ser públicas, competitivas y abiertas a la participación de todos los actores.

Desde lo institucional: la credibilidad del municipio está en juego. Un proceso de licitación que funciona como una caja de resonancia para intereses privados debilita la confianza en las instituciones y en su capacidad de regularse a sí mismas.

Cuando autoridades locales aparecen o son percibidas como capturadas por intereses empresariales, se mina la legitimidad del órgano representativo, y se dificulta la implementación de proyectos de desarrollo como los parques industriales que la región necesita para atraer inversión y generar empleo.

En un marco más amplio, la seguridad jurídica, la certeza de que las reglas se aplican de forma igual para todos y que las decisiones no dependen de quién tenga más influencia, se ve comprometida. la población queda expuesta a un discurso de que las licitaciones, los permisos y las inversiones no siguen criterios objetivos, lo que desalienta a empresarios serios a invertir y toma de decisiones de gobiernos locales basadas en méritos.

En términos de daño para el pueblo de perico, la consecuencia es directa: cuando la confianza cede ante sospechas o pruebas de corrupción, se reduce la inversión en proyectos que podrían generar empleo y desarrollo sostenible.

Los parques industriales, que podrían dinamizar la economía local y conectar al municipio con el corredor bioceánico que llega al pacífico, pierden legitimidad y agilidad ante un entorno de dudas y conflictos de interés. La población, que necesita seguridad jurídica para planificar su futuro, ve amenazada esa seguridad.

La transparencia y la rendición de cuentas deben ser la norma: auditorías públicas, publicación de toda la información relevante, y procesos de licitación que garanticen competencia real y supervisión independiente.

En este marco, el intendente debe asumir el costo de su responsabilidad además de apartar a quienes estén involucrados en irregularidades y facilitar una revisión objetiva de todo el proceso para devolver la confianza no utilizar hasta incluso a los propios para lavar su imagen.

Lo qué queda pendiente para restablecer la credibilidad es, en primer lugar, una aclaración completa y pública de los hechos. si hay indicios de cohecho o de conflicto de interés, corresponde a las autoridades competentes investigarlos y, de ser necesario, sancionar a los responsables.

En segundo lugar, fortalecer los controles: reformas en los procedimientos de licitación, consolidar mecanismos de supervisión interna y externa, y garantizar que el municipio no pueda verse tentado a manipular procesos para favorecer a un grupo específico.

En tercer lugar, comunicar de forma clara a la ciudadanía qué se hizo, por qué se hizo y qué medidas se tomarán para evitar que vuelva a ocurrir.

En cuarto lugar, invertir en legitimidad institucional: transparencia constante, participación ciudadana real, y resultados verificables que demuestren que el gobierno local está orientado a servir al bienestar común y no a intereses particulares.

Para la gente de Perico, la esperanza pasa por que este caso sirva para reforzar un contrato social: reglas claras, instituciones que rigen para todos y un municipio que, a partir de estas lecciones, vuelva a construir confianza, porque el desarrollo que se necesita, como lo indica el contexto de parques industriales y el corredor bioceánico, solo puede avanzar si la ciudadanía cree en la equidad, la legalidad y la posibilidad real de prosperar con reglas justas y respetadas por todos.

Este episodio nos interroga a todos en perico: la sociedad debería ensayar una autocrítica ya que la corrupción parece repetirse y se sigue eligiendo a gente con causas graves en la justicia como es el caso del propio Ficoseco.

Votar, dicen, es un trámite; yo pienso que es una responsabilidad. Es la oportunidad de decir basta a la impunidad, de exigir explicaciones y de castigar a quienes no cumplen con la ética pública. La memoria cívica, esa memoria que nos permite recordar qué pasó y por qué, está cuando menos deshilachada: vemos casos, escuchamos promesas, y seguimos dando apoyos a figuras manchadas por hechos que están en la justicia, pero cuyo peso electoral protege a esos actores.

En tiempos turbulentos, la conducta de la gente tiende a buscar seguridad en lo conocido, a justificar promesas de desarrollo inmediato como parques industriales o el corredor bioceánico sin mirar si detrás hay transparencia y rendición de cuentas; y eso es un riesgo real: cuando el voto se usa para sostener a farsantes, la credibilidad de la ciudad se deshilacha, la seguridad jurídica se tambalea y los proyectos que podrían dinamizar la economía local, como atraer inversiones, quedan en jaque.

La gente necesita entender que votar no es un trámite vacío, es una decisión que define si perico avanza o retrocede frente a la impunidad. Por eso es crucial exigir información clara: pliegos abiertos, procesos de licitación competitivos, auditorías independientes, y sanciones para quienes tengan responsabilidad en irregularidades.

Si la ciudadanía se compromete a votar con cabeza, a exigir explicaciones y a exigir que los procesos sean transparentes desde el inicio hasta el final, se puede recuperar confianza y darle a perico la posibilidad real de desarrollar sus parques industriales, de conectarse con el corredor bioceánico y de atraer inversiones que generen empleo y futuro. Porque al final, votar con responsabilidad es construir un municipio que rinda cuentas, que responda a todos y que ofrezca seguridad jurídica para quienes quieren invertir y vivir aquí.

La gente de Perico debe bregar en construir una sociedad con reglas claras, justicia visible y un camino de progreso que no dependa de la corrupción, sino de la transparencia y la participación ciudadana.