Snopek responsabilizó a Morales por la persecución a opositores desde la justicia

Cuando se afirma que una mujer fue detenida, supuestamente según el diputado Snopek, por orden del exgobernador sobre un caso de infidelidad, eso convertiría a la justicia en instrumento de conveniencia personal y no en garante de derechos, y cada fallo se judicializaría como arma política, lo cual mina la confianza pública y alimenta una cultura de temores, autocensura y desconfianza.

Cuando esto pasa la sociedad se pregunta si la verdad judicial depende del peso político detrás de la balanza. Ocurre que la democracia se resiente porque la separación de poderes ya no funciona como contrapeso efectivo y la percepción de que la justicia es un apéndice del Poder Ejecutivo se vuelve dominante, con lo cual se debilita la legitimidad de las instituciones, se desincentiva la participación cívica y se normaliza un patrón de abuso que se replica a menor escala en todos los rincones del aparato estatal. La confianza en la imparcialidad de jueces y fiscales se deteriora y la ciudadanía, siente la sensación de que las decisiones clave se toman fuera de la ley.

El resultado es un círculo vicioso: la erosión de la separación de poderes genera más concentración de poder, lo que a su vez alimenta más violaciones al debido proceso y a la autonomía judicial, y así se consolida un régimen en el que la verdad jurídica y la verdad política se separan de forma irreconciliable; por eso las consecuencias para la democracia son de larga duración porque no se trata de casos aislados sino de patrones que envían la señal de que la justicia puede ser capturada para fines personales o partidarios, lo que desalienta a actores políticos y ciudadanos a defender, cuestionar o exigir rendición de cuentas.

Hay que reforzar la independencia judicial con reformas sustantivas en nombramientos y remociones, garantizar la transparencia de decisiones y la protección efectiva de jueces y fiscales frente a represalias. Hay que procurar que exista una vía institucional para denunciar y corregir abusos.

En el plano político, avanzar hacia reformas que reduzcan la capacidad de instrumentalizar el aparato judicial para fines políticos, incluyendo normas claras sobre conflictos de interés, límites a la influencia externa en las decisiones judiciales, y la promoción de una cultura de servicio público que anteponga la verdad y la protección de derechos por sobre la conveniencia de corto plazo.

A nivel provincial es imprescindible garantizar una autonomía judicial mínima que impida que la presión política capture las cabeceras del sistema y establecer redes de protección para actores locales que denuncien irregularidades, con respaldo legal y mediático para asegurar su seguridad y legitimidad; si la sociedad no participa de forma activa, si los medios no acompañan con una cobertura rigurosa y si las instituciones no actúan con voluntad política sostenida para sanear estas dinámicas, la democracia se deshilacha lentamente y los costos para la convivencia cívica y la legitimidad institucional son inmensos.

Las salidas no son gestos simbólicos sino cambios estructurales que deben atravesar desde la educación cívica hasta la arquitectura institucional de contrapesos, y requieren un compromiso sostenido de la ciudadanía y de actores clave para exigir, vigilar y sostener la reparación institucional; en síntesis, la cuestión no es solo jurisprudencia o política, es la salud del contrato social; si la justicia deja de ser neutral, si el poder político se siente por encima de la ley y si la gente percibe que la verdad jurídica es manipulable por intereses, la democracia no solo se ve debilitada operativamente sino que pierde su sustancia moral, y cuando eso ocurre las salidas deben ser tan decididas como necesarias: reformas serias para devolver la independencia judicial, controles eficaces y transparentes, protección real para quienes denuncian abusos y una cultura cívica que exija responsabilidad, rendición de cuentas y respeto irrestricto por la separación de poderes; solo así se puede cortar la lógica de atropello del poder político contra otro poder del estado y encauzar la convivencia democrática hacia la estabilidad y la protección de los derechos fundamentales.

Estamos ante un abuso del poder que degrada la esencia misma de la democracia, donde el ejecutivo pretende imponer su voluntad sobre otro poder del estado y la justicia deja de ser un árbitro para convertirse en una herramienta de persecución; esta grosera intromisión no es solo una falla administrativa, es una ruptura del pacto básico que sostiene la convivencia democrática y la confianza ciudadana; si no hay límites claros, si no hay independencia real de jueces y fiscales, si no hay mecanismos de rendición de cuentas que funcionen sin favores ni represalias, la legitimidad de todas las instituciones se desploma y la ciudadanía pierde el rumbo.

La salida es clara y urgente: independencia judicial irrestricta, transparencia total en cada fallo y cada acción, protección efectiva para quienes denuncian abusos, y contrapesos políticos que no sean puras palabras sino estructuras operativas con dientes; solo así podrá cortarse la espiral de abuso y reconstruirse un sistema de poder que sirva a la gente y no a intereses temporales, porque la democracia no aguanta otro atropello sin detenerse en seco y exigir responsabilidad, rendición de cuentas y el restablecimiento inmediato de la dignidad institucional.

Un mensaje sobre el final de este comentario al ex gobernador de Jujuy sobre lo que pensaba su líder político (aunque tengo dudas de que lo haya sido para morales) Raúl Alfonsín sobre la justicia:

“La justicia debe ser independiente y sólo sometida a la constitución y a las leyes, sin ataduras ni presiones, la garantía de los derechos humanos es la condición mínima para que exista libertad y justicia en una nación, el poder judicial no debe ser un órgano de represión ni de privilegios; debe ser un árbitro imparcial que defienda la legalidad y la dignidad de las personas, sin separación de poderes no hay democracia y sin democracia no hay libertad ni justicia duradera, la defensa de la constitución es la defensa de la vida en sociedad; la justicia debe actuar con autonomía, probidad y transparencia, la independencia de la justicia es la única garantía de que la ley se aplique igual para todos, sin favorecer ni castigar a nadie por razones políticas, la responsabilidad del estado es respetar y hacer respetar el debido proceso y que cada fallo se funda en pruebas, argumentos y la constitución, la justicia debe ser una institución de servicio público; su legitimidad se gana con la honestidad de sus actos y la claridad de sus decisiones, la ética y la justicia son inseparables; cuando la justicia falla, falla la confianza ciudadana y falla la democracia, el imperio de la ley no admite excepciones; la justicia está por encima de cualquier interés político si quiere conservar a la sociedad unida Y LIBRE”.